El asesinato del mayor en retiro, Roberto Samcam, el pasado 19 de junio, elevó las alertas sobre los posibles tentáculos del régimen de Daniel Ortega y Rosario Murillo más allá de sus fronteras, lo cual, según especialistas en derechos humanos, se materializa de varias formas. Estos advierten que tanto la identificación de los crímenes, persecución transfronteriza, como el castigo de este tipo de delitos, es algo complejo.
El régimen ha cometido varios actos que el Estatuto de Roma tipifica como crímenes de lesa humanidad, lo que abre la posibilidad de que, bajo ciertas condiciones, la Corte Penal Internacional (CPI) pueda intervenir.
Como Nicaragua no ha ratificado el Estatuto de Roma que establece la CPI, esta no tiene competencia sobre los crímenes cometidos dentro del territorio nicaragüense. No obstante, sí puede tener competencia sobre aquellos —incluyendo contra nicaragüenses— cometidos en territorios de Estados que sí reconocen la jurisdicción de la CPI. Otra vía sería que el Consejo de Seguridad de Naciones Unidas remitiera el caso a la Corte, aunque esto, por ahora, se ve obstaculizado por el probable veto de países aliados del régimen Ortega-Murillo, como Rusia.
«En Costa Rica se ha materializado esa persecución del régimen Ortega Murillo. El caso de Samcam forma parte de una persecución generalizada. Ahí, la CPI sí podría ser competente», señaló el abogado Blas Jesús Imbroda, especialista en derecho internacional.
El mayor en retiro, Roberto Samcam, fue asesinado en su vivienda en San José, Costa Rica, el pasado 19 de junio. Sus familiares y jerarcas de instituciones costarricenses no descartan que su asesinato tenga motivaciones políticas.
No necesariamente tiene que ser Costa Rica
Imbroda señaló que, si bien la persecución transfronteriza del régimen Ortega Murillo se manifiesta de manera más drástica en Costa Rica, no necesariamente tiene que ser ese país quien eleve causas ante la CPI. Incluso, particulares pueden hacerlo.
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«No necesariamente tiene que ser el Estado en el que se cometió el crimen, puede ser cualquier otro que lleve el caso ante la CPI, que no sólo van los Estados y también pueden llevarlos particulares, como asociaciones o sociedad civil», dijo Imbroda.
«Siempre que existan persecuciones sistemáticas dirigidas desde los aparatos del poder y cometidas en territorios de Estados parte del Estatuto de Roma, entonces sí podría intervenir la Corte Penal Internacional. Por ejemplo, podría ser Costa Rica u otros Estados. Pero tiene que tratarse de una persecución sistemática. Un hecho aislado, un solo crimen, no es suficiente para configurar un crimen de lesa humanidad», añadió.
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Crímenes de persecución
Aunque en el derecho internacional de los derechos humanos no existe una tipificación específica de la represión transnacional como crimen, el artículo 7 del Estatuto de Roma establece como crimen de lesa humanidad la persecución de un grupo o colectividad con identidad propia fundada en motivos políticos, raciales, nacionales, étnicos, culturales, religiosos, de género u otros motivos universalmente reconocidos como inaceptables con arreglo al derecho internacional.
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«Si un asesinato forma parte de una serie de persecuciones dirigidas contra personas de la oposición y hay otros actos criminales que provienen de los aparatos del poder, entonces sí puede configurarse como crimen de lesa humanidad. Es la suma de todos esos actos lo que permite calificarlo como tal», dijo el abogado Blas Jesús Imbroda, especialista en derecho internacional y en la CPI.
Por su parte, el abogado y defensor de derechos humanos, Yader Valdivia, aseveró que, en el marco de las investigaciones del caso Samcam, Costa Rica debe tomar en cuenta los antecedentes, como la desnacionalización, otros exiliados amenazados, fotografiados y acosados en las calles.
«No se trata de individualizar los casos, sino de reconocer una problemática estructural. No pedimos vigilancia personalizada, pero sí que el Estado actúe y reconozca que estos crímenes y esta persecución está ocurriendo», dijo Valdivia.
Acuerdo con Rusia no eximirá a Ortega y Murillo de sus crímenes
Aunque Nicaragua y Rusia firmaron recientemente un acuerdo para protegerse mutuamente ante posibles procesos en la CPI, este no tendría efectos prácticos si se llegaran a elevar casos por persecución transfronteriza, según explicó Imbroda.
“No afecta a la Corte Penal Internacional ni vincula a terceros Estados”, señaló. Además, recordó que los tribunales que realmente tutelan los derechos humanos —como la Corte Interamericana de Derechos Humanos o el Tribunal Europeo de Derechos Humanos— «están muy por encima de ese tipo de convenios entre regímenes aliados».
