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Originario de León, Danilo Ramón Delgadillo, de 54 años, emigró a Estados Unidos en 1996, cruzando la frontera de manera irregular. Dos años después llegó su esposa, y a finales de 1999 se acogieron al Estatus de Protección Temporal (TPS), un beneficio que hoy pende de un hilo tras la decisión del gobierno de Donald Trump en Estados Unidos de cancelarlo, aunque una demanda judicial busca frenar su terminación.
«Mi mayor temor es regresar a Nicaragua, tengo miedo a represalias por no haber ido al Servicio Militar obligatorio. Yo nunca fui, me opuse», dijo Delgadillo a LA PRENSA.
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La Ley del Servicio Militar Patriótico fue implementada y regulada por la Junta de Gobierno de Reconstrucción Nacional en los años 80, que implicaba la incorporación de jóvenes varones a las fuerzas armadas durante un período de dos años para cumplir con sus deberes militares.
«Me tildaron de contrarrevolucionario»
El miedo de Delgadillo no es infundado. En Nicaragua, explica, se negó a integrar el Servicio Militar obligatorio en los años 80, lo que lo obligó a esconderse por años en una finca para evitar represalias.
«Me querían agarrar para el Servicio Militar y yo me opuse, por eso me tildaron de contrarrevolucionario, (por eso) temo regresar a Nicaragua. Si regreso, tengo miedo que me inventen cargos falsos. Allá no hay libertad», afirmó en entrevista con este Diario.
Asegura que la vida en Estados Unidos no ha sido fácil, pero valora la libertad que ha encontrado en suelo estadounidense. Delgadillo defiende la vida construida con esfuerzo que hoy está en juego, y su mayor deseo es no volver al país que lo obligó a huir.
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«Aquí hay libertad de expresión, allá no, ya estamos acostumbrados al sistema de aquí (…) tenemos una vida hecha aquí, irnos a Nicaragua sería un golpe duro, estamos amenazados porque no fui al Servicio Militar», mencionó.
El TPS es un mecanismo de alivio migratorio temporal que protege de la deportación a ciudadanos de varios países con situaciones de conflicto, desastre natural u otras condiciones extraordinarias. En el caso de Nicaragua, 2,935 ciudadanos han quedado dentro de ese programa. Otros miles han venido ajustando su estatus en los últimos 25 años, del total que se beneficiaron de esta medida desde enero de 1999, tras el paso del huracán Mitch, ocurrido en noviembre de 1998.
Desde la designación inicial, el TPS fue extendido para los nicaragüenses en 17 ocasiones consecutivas, por periodos de un año o un año y medio.
Delgadillo es uno de los cerca de 3,000 nicaragüenses que son titulares del TPS y que hoy viven momentos de incertidumbre. El 8 de julio se hizo oficial la finalización del TPS para Nicaragua, tras la publicación de la notificación en el Registro Federal de EE. UU., fijando como plazo 60 días para que los beneficiarios abandonen el país, en caso de no haber realizado un ajuste de estatus migratorio.
Someterá su caso de asilo
Delgadillo recordó que él y su esposa recibieron la noticia «como un balde de agua fría, fue un impacto, a mí me dio depresión y ansiedad, porque desocupar este país que has vivido por casi 30 años para irte a Nicaragua, comenzar una vida a nuestra edad es un poco duro, es algo difícil de asimilar».
En la actualidad, este nicaragüense se prepara para iniciar su solicitud de asilo que aún no ha completado por falta de documentación necesaria. Explicó que aunque cuenta con una petición de residencia que su madre —ciudadana estadounidense— introdujo a su favor desde 2015, esta aún no ha sido resuelta.
«Me hacen falta algunos documentos, por eso no he terminado de meter mi asilo, más que todo por la represión que se vive en el país, si fuera otro el escenario yo digo, ‘me voy, recogí mi dinerito, pongo un negocio, no hay problema’, pero no es así», insistió Delgadillo.
Actualmente reside en Miami, donde trabaja como guarda de seguridad. Su mayor frustración es que, pese a haber echado raíces en Estados Unidos, como obtener su vivienda, su estatus migratorio sigue siendo frágil.
«Uno ya tiene la vida hecha aquí. Tenemos trabajo, familia. Mi mamá tiene 90 años, sufre de Parkinson. Mi hijo también vive aquí, se casó con una cubana, él tiene DACA. Yo no tengo a nadie en Nicaragua», describió.
Sobre su situación migratoria, Delgadillo indicó que «no es que yo no haya querido cambiar mi estatus. Lo he intentado. Pero las demoras del sistema, la lentitud del boletín de visas, todo eso nos ha puesto en esta situación».
Este nicaragüense contó que una de las afectaciones directas por el fin del TPS a Nicaragua es que le habían suspendido el trabajo. «Me habían quitado el trabajo, pero me pidieron una carta de la extensión del TPS, la llevé ayer (miércoles), me regresaron el trabajo, pero ahora sólo cuatro días», comentó.
Demanda contra el fin del TPS
Ahora, mientras espera que el TPS sea renovado o que su solicitud de asilo avance, su mensaje para otros nicaragüenses es claro: «Busquen asesoría legal. No esperen a última hora. No basta con tener miedo, hay que actuar».
En la actualidad, organizaciones como National Alliance TPS y beneficiarios, incluidos nicaragüenses, mantienen una demanda en el tribunal federal del distrito norte de California, con sede en San Francisco, por la cancelación del TPS, que busca suspender temporalmente la cancelación y el plazo de 60 días.
De hecho, una corte federal en Estados Unidos celebrará el próximo 29 de julio una audiencia clave en el caso National TPS Alliance et al v. Noem. La organización demandante, National Alliance TPS, ha insistido en que los beneficiarios del TPS necesitan más tiempo y garantías mientras se dirime el fondo del caso. La incertidumbre crece entre las familias afectadas, muchas de ellas con más de una década de vivir legalmente en Estados Unidos.
