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«El temor más grande es que lo deporten a Nicaragua. Prefiero que lo manden a cualquier otro lado», así lo expresa la madre de un nicaragüense de 35 años, actualmente detenido en Estados Unidos y en riesgo de ser expulsado al país que huyó tras participar activamente en las protestas cívicas de 2018 en contra de la dictadura de Daniel Ortega y Rosario Murillo.
Originario de Managua, el ciudadano —no revelaremos su identidad por su seguridad—, formó parte de las tomas estudiantiles en la Universidad Politécnica (Upoli) y en la Universidad Nacional Autónoma (UNAN-Managua), donde fue testigo de los ataques armados contra los manifestantes.
«Estuvo en la iglesia de la Divina Misericordia cuando los muchachos fueron cercados. Casi lo matan. Él participó activamente en la lucha, fue mediador, rescató a otros jóvenes, y por eso corre peligro. Aquí no se puede volver», relata su madre, quien permanece en Nicaragua.
La progenitora describe que su hijo es «un hombre justo, al ver la injusticia en el país con los adultos mayores no dudó en participar en la lucha justa y sin armas».
Buscó refugio en Costa Rica y después en EE. UU.
En noviembre de 2018, huyó hacia Costa Rica, donde intentó solicitar refugio, pero tras amenazas y asesinatos a otros exiliados decidió continuar su camino hacia Estados Unidos. Viajó en 2021 en avión hasta Guatemala y luego cruzó a pie por México, donde fue detenido.
«En el río Tapachula lo agarraron y estuvo detenido. De ahí salió y estuvo buscando un permiso humanitario para poder transitar por México», relató su progenitora.
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En su primer intento de cruzar a suelo estadounidense en diciembre de 2021, fue devuelto a México. «Él se sumó a un grupo, pero sólo pasaron familias y mujeres, a todos los hombres los agruparon y los devolvieron», detalló.
Logró finalmente ingresar a territorio estadounidense en marzo de 2022. «Entró por otra frontera, y ahí lo detuvieron, lo pusieron en cuarentena porque estaba lo del covid-19 y según una prueba, él tuvo covid-19, ya después un amigo lo pidió y salió del centro de detención», relató su madre.
Fue detenido cuando iba a su trabajo
Desde entonces, ha permanecido en EE. UU. trabajando en varios estados, incluido Indiana, donde fue detenido recientemente mientras se dirigía a su centro de labores en un aeropuerto. Según su madre, se encontraba en proceso de solicitud de asilo y tenía pendiente una audiencia migratoria en junio pasado que no pudo atender debido a su arresto, lo cual complica su situación legal.
El nicaragüense se encuentra en el centro de detención en Brazil, Indiana. «Ya tiene casi tres meses de estar detenido», contó su madre.
Su progenitora insistió en qué en la actualidad «el temor más grande es que lo deporten a Nicaragua. Prefiero que lo manden a cualquier otro lado, yo tengo miedo que me le hagan algo aquí en el país porque estuvo involucrado en la lucha».
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La madre insistió en remarcar el papel activo que desempeñó su hijo en las protestas antigubernamentales. El joven era maestro de danza, dejó un hijo en Nicaragua, a quien sólo pudo ver una vez.
«Él ha luchado solo. Como él, hay muchos jóvenes que cargan con el peso de una lucha justa y ahora enfrentan el exilio, el encierro y el peligro de ser deportados. Ha sido demasiado difícil para él, tanto cruzarse México como todo lo que vivió para que ahora lo deporten así, sabiendo que corre peligro», concluyó la madre.
Desde que Donald Trump regresó al poder bajo promesas de una política migratoria fuerte, decenas de inmigrantes latinoamericanos han sido objeto de retenciones, detenciones y deportaciones a sus países. De hecho, la Administración Trump eliminó programas legales como el parole humanitario que permitió el ingreso legal de más de 500 mil inmigrantes de Nicaragua, Cuba, Venezuela y Haití.
También recientemente, suspendió el Estatus de Protección Temporal (TPS) a Nicaragua y Honduras. En la actualidad, cerca de 3,000 nicaragüenses que han vivido y trabajado legalmente en Estados Unidos durante más de dos décadas bajo esta designación humanitaria, que fue otorgada en 1999 tras el paso del huracán Mitch, tienen 60 días para abandonar el país o ajustar su estatus migratorio.
Dentro de los argumentos de la terminación del TPS para los nicaragüenses se destacó que las autoridades de Nicaragua «han aceptado regularmente el regreso de sus nacionales con órdenes de expulsión definitiva durante los últimos cinco años».
