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Luego de la algarabía de los primeros días, tras la caída de la dictadura de Anastasio Somoza Debayle y la toma del poder por el Frente Sandinista de Liberación Nacional (FSLN), el costarricense Vladimir de la Cruz de Lemos, quien había apoyado activamente a los insurgentes desde Costa Rica, viajó de inmediato a Managua y participó en la toma del búnker del dictador.
El búnker, ubicado en la fortaleza La Curva, en las laderas de la Loma de Tiscapa, fue entregado por los sandinistas a las fuerzas militares de la Brigada Internacional a la que pertenecía De la Cruz y que estaba comandada por costarricenses.
Durante la revisión de documentos en medio del ambiente de celebración, uno de los costarricenses que se encontraba en el búnker le mostró a De la Cruz una tarjeta pequeña, un expediente más extenso y un fólder completo con información sobre sus actividades políticas en apoyo a los sandinistas desde Costa Rica. Dicha información había sido recopilada por la inteligencia de la Guardia Nacional somocista.
La ficha más pequeña contenía datos desde mayo de 1968, once años antes del triunfo de los sandinistas. Lo identificaba como costarricense, “agresivo”, muy joven y alguien que “trata siempre de crear situaciones de conflicto”. También incluía su participación en San José, en el entierro de Carlos Agüero Echeverría, comandante del FSLN en 1967.
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«El gobierno de Somoza controlaba a la oposición antisomocista desde la embajada nicaragüense, con espionaje sobre nicaragüenses y costarricenses. Tras la caída de Somoza, pude revisar mis expedientes policiales: fichas, expedientes y carpetas documentaban mis actividades políticas desde dirigente estudiantil hasta colaborador de las brigadas», señaló De la Cruz, quien es historiador y catedrático. Conserva una de las fichas enmarcada, en una de las paredes de su casa en San José.
«Era un trabajo muy fino»
Con el asesinato del mayor en retiro Roberto Samcam, ocurrido el pasado 19 de junio en su vivienda en San José, Costa Rica, se reavivaron las alertas sobre la posible existencia de una red de espionaje o “célula” del régimen Ortega Murillo en territorio costarricense. Mientras tanto, las autoridades del Organismo de Investigación Judicial (OIJ) y la Fiscalía General de Costa Rica no descartan motivaciones políticas en el caso y destacan el alto nivel de planificación del crimen.
Sin embargo, la existencia de estas células no es nueva: ya se registraba durante la dinastía de los Somoza.
Al igual que ocurre en la actualidad con la dictadura de Ortega y Murillo, durante las décadas de 1960 y 1970 Costa Rica se convirtió en refugio para muchos opositores de regímenes dictatoriales centroamericanos. En particular, la prolongada dictadura de la familia Somoza convirtió al país en un santuario para exiliados antisomocistas y una potencial base de operaciones.
Ese fue el caso de la familia del historiador y catedrático costarricense Constantino Urcuyo, cuyos padres se exiliaron en Costa Rica en la década de 1930 debido a la persecución del primero de los Somoza: Anastasio Somoza García.
“Mi padre era nicaragüense. Mi tío, Gabriel Urcuyo, fue torturado en la cárcel de la Loma de Tiscapa. Mi familia fue perseguida durante treinta años», dijo Urcuyo en una entrevista concedida en julio de 2024 a LA PRENSA.
Por su parte, De la Cruz describe el espionaje del régimen de Somoza como “un trabajo muy fino”, del que nunca se percataron. Asegura que durante sus actividades en Costa Rica no observaron “situaciones sospechosas” ni lograron identificar a los espías.
Además, en el búnker de Somoza, De la Cruz encontró información recabada sobre su prima Sonia, periodista, a quien identificaban como dirigente estudiantil, integrante de una federación universitaria y partidaria de “las tesis comunistas”, en referencia a su apoyo a los sandinistas.
“Esa experiencia muestra el nivel de control manual que ejercía la dictadura somocista. Fíjese la fineza de control que había de personas que de una u otra manera se enfrentaban a la dictadura”, señaló De la Cruz.
Somoza acusó a Costa Rica y la infiltró
Anastasio Somoza Debayle acusó en repetidas ocasiones al gobierno costarricense de albergar en su territorio a “subversivos que planean complots contra el gobierno nicaragüense”.
A mediados de los años sesenta emergieron los primeros casos documentados de espionaje somocista en Costa Rica, centrados en la vigilancia de militantes sandinistas exiliados.
Según publicó The Washington Post el 23 de noviembre de 1978, ese año el espionaje somocista en Costa Rica se hizo aún más evidente y salió a la luz pública. Aprovechando la intensificación de la guerra civil en Nicaragua, Somoza envió agentes encubiertos para infiltrarse entre la diáspora nicaragüense y los círculos de apoyo a la guerrilla. Las autoridades costarricenses lograron detectar esas redes. De acuerdo con reportes del Ministerio de Seguridad, ocho agentes somocistas fueron detenidos en el último trimestre de 1978.
Algunos de estos espías se dedicaban a recolectar información sobre movimientos del FSLN, mientras que “dos de ellos formaban parte de un escuadrón destinado a asesinar a dirigentes sandinistas” radicados en Costa Rica.
Posteriormente, tras un ataque de la Guardia Nacional de Nicaragua en la frontera, que provocó la muerte de dos policías costarricenses, Costa Rica rompió relaciones diplomáticas con el régimen de Somoza.
Autoridades costarricenses conocían células extranjeras
El exdirector del Organismo de Investigación Judicial (OIJ), Gerardo Castaing, actualmente catedrático y consultor en temas de seguridad, explicó en una entrevista de junio a LA PRENSA que desde que inició su trayectoria en esa institución, a mediados de los años 70, como investigador, se tenía conocimiento de la presencia en Costa Rica de redes de espionaje vinculadas a gobiernos de El Salvador y Nicaragua, así como de grupos opositores a esos mismos gobiernos.
“Entonces, en las investigaciones que se hacían, sí pudimos establecer que aquí en Costa Rica, precisamente debido a la democracia y a la facilidad que hay para ingresar, se reunían personajes importantes de gobiernos o contrarios a los gobiernos. Lo tomaban como una base, dada las garantías que había, por lo menos en ese momento, de seguridad y de movimiento libre por el país”, recordó Castaing.
Apoyo de costarricenses a los sandinistas por injerencia de Somoza
En esa misma entrevista de archivo, Urcuyo recordó que durante la época de Somoza, sectores de izquierda de la política costarricense brindaban apoyo a los sandinistas. Sin embargo, también lo hacían defensores de la democracia que no compartían las ideas marxistas, pero veían en Somoza una amenaza para la estabilidad democrática costarricense.
“Y recuerde que Somoza en esos años había atacado a guardias civiles en la frontera, que Somoza tenía espías en Costa Rica, financiaba las campañas electorales de algunos personajes de la ultraderecha costarricense. En entonces había gente que tenía un rechazo a las injerencias dictatoriales de Somoza en Costa Rica, y que no eran marxistas leninistas, eran demócratas preocupados por enfrentar un dictador”, recuerda Urcuyo.
No obstante, Urcuyo considera que los sandinistas fueron “malagradecidos” con Costa Rica, ya que, según él, el discurso del régimen Ortega Murillo “hace escarnio de la nacionalidad costarricense” y desacredita su democracia, mientras en Nicaragua se ha impuesto un régimen autoritario.
Célula sandinista mayor que la somocista
Pese a la gravedad de la crisis generada por la guerra contra Somoza en Costa Rica, especialmente en la frontera, De la Cruz es enfático en señalar que hoy, en ausencia de un conflicto militar abierto, la infiltración del régimen Ortega-Murillo en territorio costarricense podría ser mayor y más sofisticada.
“La célula actual es mucho mayor y más técnica. La embajada nicaragüense en Costa Rica cuenta con cientos de funcionarios y colaboradores, muchos de ellos policías encubiertos y agentes, lo que les permite infiltrar y controlar ampliamente a la oposición. Son profesionales. Estudian ritmos de entrada y salida de la víctima, horarios y entorno. Asestan el tiro en zonas letales y desaparecen. No improvisan; emplean expertos», dijo De la Cruz.
El exjefe de la Dirección de Inteligencia y Seguridad Nacional (DIS), Eduardo Trejos Lalli, en entrevista del 9 de julio con LA PRENSA, afirmó que desde 2018 se recibieron múltiples denuncias de exiliados nicaragüenses sobre presunta vigilancia o presencia de operadores sandinistas en territorio costarricense. Aunque no todos los casos fueron comprobados, afirmó que una de las prioridades era evitar la formación de células del régimen.
“Siempre hubo dos líneas de trabajo: evitar que operadores de la dictadura amedrentaran o atentaran contra disidentes y evitar que opositores al régimen utilizaran suelo costarricense para operar en Nicaragua. Esas eran las prioridades en 2018. Muchas veces se daba seguimiento a los sospechosos. A veces no habían cometido ningún delito, pero con sólo identificarlos, ellos preferían retirarse del país», dijo Trejos.
