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El asesinato del mayor en retiro Roberto Samcam, ocurrido el jueves 19 de junio y quien permanecía exiliado en Costa Rica desde 2018, ha encendido las alertas sobre las posibles operaciones del régimen de Daniel Ortega y Rosario Murillo para perseguir a opositores en el país vecino del sur. Sin embargo, esta hipótesis deberá confirmarse a través de las investigaciones oficiales que están a cargo del Organismo de Investigación Judicial (OIJ).
Samcam fue asesinado el jueves 19 a las 7:30 de la mañana en su vivienda ubicada en Moravia, San José. El director general del OIJ, Randall Zúñiga, emitió un informe preliminar en el que confirmó que Samcam, un crítico férreo del régimen Ortega Murillo, recibió ocho impactos de bala.
El mismo director del OIJ afirmó en declaraciones a Teletica este viernes que en Costa Rica «siempre han existido células o presencia de grupos criminales de otros países» y que el asesinato de Samcam tiene similitudes a lo ocurrido con Joao Maldonado y con otros crímenes contra nicaragüenses en Honduras. A la vez desmintió que existieran investigaciones contra Samcam, tal como algunos defensores de la dictadura sugirieron en redes sociales.
Gerardo Castaing, exdirector del OIJ y catedrático costarricense, señaló que, aunque no lo ha verificado, no descarta la presencia de agentes nicaragüenses operando en el país.
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«No he verificado que exista algo específico (de presencia de operarios de la dictadura en Costa Rica). Pero, como con cualquier país, aquí se habla de maras, incluso maras nicaragüenses. Así que no sería extraño que haya tanto opositores como personas afines al régimen moviéndose dentro del país», dijo Castaing a LA PRENSA.
El historiador y académico costarricense Hugo Vargas tampoco descarta la existencia de células del régimen Ortega Murillo en Costa Rica y aseguró que la presencia de exiliados en el país siempre ha sido objeto de vigilancia por parte de la dictadura sandinista.
«Lo que ocurre ahora se inscribe en ese contexto, pero con un carácter más intenso», dijo Vargas y añadió que ahora la represión de la dictadura tiene un vínculo directo con el sicariato y con atentados contra opositores incómodos para el régimen.
La nacionalidad del victimario será determinante en la investigación
La criminóloga Tania Molina declaró a este Diario que las investigaciones deberán determinar con evidencia las motivaciones del crimen y advirtió que, ante las características del asesinato de Samcam, es probable que las autoridades costarricenses manejen el caso con discreción.
«Si se logra comprobar, será manejado con mucho sigilo. Si se confirma que hay células del régimen operando en el país, será difícil que lo digan abiertamente. Creo que Costa Rica lo manejará con discreción, con diplomacia, porque es un tema delicado. Sería admitir públicamente que hubo una violación a la soberanía: enviar miembros de una organización criminal o contratar sicarios para matar a alguien aquí. Es gravísimo», dijo.
La especialista explicó que la investigación podría tomar dos rutas, dependiendo de la nacionalidad del autor del crimen.
En caso de que el autor material sea costarricense, Molina considera que podría tratarse de una subcontratación interna, aprovechando el alto nivel de violencia y la presencia del sicariato en el país. Esto no implicaría una violación directa a la soberanía nacional.
«Si el asesino es nicaragüense, sería una señal directa de infiltración y operación extranjera en suelo costarricense, lo que constituiría una violación grave a la soberanía nacional. En este escenario se estaría hablando de la presencia activa de células del régimen orteguista operando desde adentro», dijo Molina.
No obstante, Molina llamó a activistas y disidentes del régimen Ortega Murillo a tener más cautela con sus aseveraciones y protocolos en el país, asegurando que las medidas de seguridad también deben venir desde las mismas personas refugiadas.
No es algo nuevo
Aunque el debate sobre la eventual presencia de células de gobiernos extranjeros en Costa Rica ha cobrado notoriedad en los últimos días, expertos aseguran que esta situación no es nueva.
«Desde que inicié en el OIJ, en 1975, pasamos por una época convulsa en países como Nicaragua y El Salvador. En las investigaciones diarias sí se pudo establecer que en Costa Rica, debido a la democracia y facilidad migratoria, se reunían personajes importantes tanto de gobiernos como de la oposición. Costa Rica era vista como una base por las garantías de seguridad y libertad de movimiento. Se conocía gente que operaba aquí, tanto del Gobierno de El Salvador como de Nicaragua, y también de la Resistencia», dijo Castaing.
Vargas, por su parte, recordó que hay antecedentes desde la década de 1950 sobre la presencia de células somocistas que vigilaban a opositores nicaragüenses en Costa Rica. Esta situación también se documentó en los años 80, cuando el sandinismo enviaba agentes para vigilar y cometer atentados.
Chaves no se ha referido al tema
Hasta el momento, el presidente Rodrigo Chaves no se ha pronunciado sobre el asesinato de Samcam, lo que ha generado críticas desde sectores políticos, sociales y académicos costarricenses.
«El OIJ hará una investigación seria, no tengo duda. Y el Ministerio Público también. Pero ellos cumplen una función criminal. La defensa política del sistema democrático recae en otras instituciones, principalmente el Gobierno de la República. Si continúa esta inacción —ojalá no sea así— se va a erosionar aún más la convivencia democrática», aseveró Vargas.
¿Cuál es el procedimiento de la investigación?
Castaing explicó que cuando ocurre un homicidio en Costa Rica, el proceso investigativo comienza con la intervención de la Sección de Inspecciones Oculares y Recolección de Indicios del OIJ. Esta unidad realiza la inspección criminalística en el sitio del suceso, recoge las pruebas y las remite al Departamento de Ciencias Forenses, mientras el cuerpo es trasladado a Medicina Legal.
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“Ellos hacen un procedimiento de criminalística de campo y esas evidencias las trasladan al departamento de ciencias forenses y el cuerpo lo trasladan al departamento de medicina legal”, explicó Castaing.
Una vez analizadas las pruebas, estas son entregadas al Ministerio Público, que tiene la responsabilidad de formular la acusación penal. A partir del material recabado, la Fiscalía evalúa la información disponible para determinar cómo proceder.
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«En este punto se activa una etapa clave del proceso: la investigación criminal es una disciplina o un arte policial para identificar, localizar y capturar al responsable de un crimen”, agregó el exfuncionario judicial.
Un aspecto crucial en la investigación es determinar la motivación del crimen, ya que de ello depende la calificación legal del hecho. «Las autoridades pueden considerar hipótesis, pero no pueden hablar de motivaciones políticas u otras sin evidencia verificable: ‘Hasta que no se establezca fehacientemente la motivación, no se puede hablar de alguna situación en especial’”, señaló Castaing.
Finalmente explicó que los investigadores deben transformar la información inicial —que puede estar desordenada o no confirmada— en inteligencia, es decir, en datos verificados que permitan tomar decisiones informadas.
