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Hace un año la presidenta ejecutiva del Banco Centroamericano de Integración Económica (BCIE), Gisela Sánchez, puso en duda la posibilidad de que la entidad siguiera financiado al régimen Ortega Murillo, porque aseguró que Nicaragua había superado los límites de crédito que podía recibir. Pero el régimen respondió recordando que le dio el voto para que la eligieran. Unos meses después la entidad le aprobó un nuevo préstamo por 130 millones de dólares y finalmente la semana pasado los diputados de la Asamblea Nacional lo aprobaron y ahora sólo resta que inicien los desembolsos.
A criterio de economistas la decisión de seguir «oxigenando» financieramente a los Ortega Murillo con la entrega de este nuevo préstamo confirma que es política del BCIE ignorar las violaciones a los derechos humanos que los prestatarios cometen y que su prioridad es el negocio.
El préstamo número 2338 del BCIE será para financiar el Programa de mejoramiento y ampliación en cuatro sistemas de agua potable en cinco ciudades de Nicaragua, lo ejecutará la Empresa Nicaragüense de Acueductos y Alcantarillados Sanitarios (Enacal).
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Las tasas de interés
Cuando el entonces recién nombrado titular del Ministerio de Hacienda y Crédito Público, Bruno Gallardo lo anunció, lo calificó como un «voto de confianza» de parte del BCIE; y ese anuncio coincidió con la decisión de Estados Unidos e mantener bloqueado, hasta septiembre de 2025, el acceso de Nicaragua a préstamos de los organismos multilaterales.
El crédito está dividido en dos tramos. El A, de hasta 85.63 millones de dólares provenientes de recursos ordinarios del BCIE tendrá un plazo de hasta quince años que incluyen un periodo de gracia de hasta cinco años contados a partir de la fecha del primer desembolso; una tasa de interés integrada por la Tasa Term SOFR a seis meses, que revisarán y ajustarán cada semestre, más un margen revisable y ajustable trimestralmente por el BCIE, durante la vigencia del Préstamo.
El tramo B de hasta 44.36 millones de dólares provenientes de los recursos del Programa para la Reducción de la Pobreza y la Exclusión Económica y Social (Programa PRPEES), tendrá un plazo de hasta 25 años que incluyen un periodo de gracia de hasta cinco años contados a partir de la fecha del primer desembolso. La tasa de interés inicialmente será de 1.50 por ciento anual fija durante la vigencia del Préstamo.
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Comisiones y otros cobros del BCIE
El contrato detalla que para ambos tramos del crédito los calcularán los intereses sobre los saldos deudores, que dichos intereses deben pagarlos cada semestre en dólares y que el primer pago tienen que hacerlo a más tardar seis meses después de la fecha del primer desembolso.
Otra de las condiciones del crédito es que a partir de la fecha en que entre en mora cualquier obligación de pago por parte de Nicaragua, el BCIE aplicará un recargo sobre la porción del principal en mora consistente en incrementar el interés en tres puntos porcentuales anuales, hasta la fecha en que se efectúe el pago. Además, no realizará ningún desembolso, de este ni de ningún otro préstamo mientras persista la mora.
El contrato del crédito también establece el pago de una comisión de compromiso de ¼ del 1 por ciento anual, calculada sobre los saldos no desembolsados del préstamo, que empezará a devengarse a partir de la entrada en vigencia del contrato del crédito y será exigible hasta el último desembolso. Nicaragua también pagará una comisión de seguimiento y administración de ¼ del 1 por ciento calculada sobre el
monto total de este Préstamo; esta se tiene que cancelar en un solo pago y será deducida del primer desembolso del préstamo.
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¿Es política del BCIE ignorar los abusos?
El contrato también establece que en caso de proceder el BCIE le trasladará a Nicaragua comisiones adicionales por seguro de exportación o riesgo país y otras; también, cargos o penalidades que la fuente de los recursos cobre.
Economistas consultados y que prefieren no identificarse, consideran lamentable, que aún después que Dante Mossi dejó la presidencia ejecutiva del BCIE la entidad prioriza el negocio y haciendo a un lado la ética, mantiene su política de ignorar las violaciones a los derechos humanos y los crímenes de lesa humanidad que la Comisión Interamericana de Derechos Humanos y el Grupo de Expertos en Derechos Humanos sobre Nicaragua de la ONU, han demostrado que comete el régimen Ortega Murillo.
Cabe recordar que la gestión de Mossi fue muy polémica por su cercanía con los Ortea Murillo y que incluso lo señalaron de ser el «banquero de los dictadores», ya que durante su gestión el BCIE se convirtió en el principal financiador externo de Nicaragua.
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La cartera con el BCIE
El BCIE sustituyó a los organismos multilaterales, países y otras fuentes bilaterales que limitaron sus relaciones con el régimen Ortega Murillo, en respuesta a las graves violaciones a los derechos humanos y crímenes de lesa humanidad que cometió en el marco de la crisis política que inició en 2018 y aún mantiene a la población bajo un estado permanente de persecución y acoso.
Incluso, muchos atribuyen a esta polémica que el funcionario no hay logrado reelegirse para un segundo periodo al frente del banco que según información divulgada en el sitio web del BCIE, cuenta con una cartera de proyectos dirigida al sector público por 2,807 millones de dólares, de los cuales le ha desembolsado 1,709 millones. Nicaragua es uno de sus socios fundadores del BCIE y su participación accionaria es de 10.79 por ciento con un capital suscrito por 714.00 millones de dólares.
Por su parte el Banco Central de Nicaragua (BCN) detalla que en 2017, es decir antes del inicio de la crisis, el BCIE le prestó a Nicaragua 140.2 millones de dólares, pero al año siguiente el monto se elevó a 318.5 millones. Desde entonces los prestamos anuales han crecido hasta alcanzar el récord anual de 536.7 millones en 2023; esto implica que entre 2018 y 2023 el BCIE le entregó unos 2,263 millones de dólares, a los que se deben sumar los recursos entregados en 2024, cuyo monto se desconoce porque el BCI todavía no publica el informe del año pasado.
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