Cafta, arancel de 100%, exportaciones de Nicaragua, Estados Unidos

Riverside pide aranceles para los productos nicaragüenses mientras espera respuesta a demanda y avance de la investigación 301

El miércoles se podría conocer si la petición de la empresa Riverside de imponer aranceles generalizados a las exportaciones nicaragüenses es atendida por al administración Trump

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Pasado mañana 2 de abril, se vence el plazo que Donald Trump fijó para poner en marcha su iniciativa de aranceles recíprocos masivos a una variedad de productos, con la que asegura liberará a Estados Unidos de productos extranjeros. Aunque se desconoce la lista total de los países que serán afectados, la empresa estadounidense Riverside pidió que Nicaragua entre en el grupo de los que tendrán que pagar aranceles por la introducción de sus productos al mercado estadounidense, ya que considera que este proceso avanzará más rápido que la Investigación 301 que realiza la USTR contra Nicaragua.

En varias ocasiones el presidente Trump ha asegurado que el 2 de abril será el «Día de la Liberación”, ya que los aranceles recíprocos masivos liberarán a Estados Unidos de productos extranjeros. Incluso, la semana pasada cuando anunció el arancel del 25 por ciento para los automóviles que se comercializan en su país pero se fabrican en el extranjero, aseguró que ese era el comienzo del «Día de la Liberación».

“Vamos a cobrar a los países por hacer negocios en nuestro país y llevarse nuestros empleos, nuestra riqueza, muchas cosas que han estado tomando a lo largo de los años», aseguró Trump.

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Riverside presenta pruebas contra Nicaragua

En el marco de esta iniciativa iniciativa de aranceles recíprocos masivos, la empresa estadounidense Riverside Coffee LLC. presentó un escrito ante la Oficina del Representante Comercial de los Estados Unidos (USTR por su siglas en inglés), para pedir que Nicaragua entre en la lista de países afectados.

Según la firma de abogados Appleton & Associates que representa a Riverside, el documento destaca las prácticas comerciales desleales de Nicaragua y las violaciones sistemáticas de los acuerdos internacionales por parte del régimen de Ortega y Murillo, en particular el Tratado de Libre Comercio entre República Dominicana, Centroamérica y Estados Unidos, conocido como DR-Cafta, que han afectado gravemente a los inversores estadounidenses.

También menciona la expropiación de inversiones estadounidenses y la implementación de prácticas comerciales no recíprocas que han perjudicado directamente a las empresas estadounidenses y socavado los intereses comerciales de Estados Unidos. Además, aporta «pruebas fácticas» de las violaciones y complementa otros testimonios presentados previamente ante las autoridades estadounidenses.

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Pide aranceles generalizados

«El caso de Riverside Coffee es un ejemplo contundente de cómo el gobierno nicaragüense ha utilizado sus sistemas regulatorios y judiciales como arma contra las empresas, expropiando activos y ejerciendo coerción económica estatal», dice parte del documento.

Según la firma de abogados, las acciones de Nicaragua cumplen claramente con los estándares de cumplimiento obligatorio bajo la Sección 301(a)(1) de la Ley de Comercio y sustentado en estas violaciones pide la imposición de aranceles y otras restricciones comerciales a las exportaciones nicaragüenses.

«Riverside insta al Representante Comercial de Estados Unidos (USTR) a considerar la imposición de aranceles u otras restricciones comerciales a los productos nicaragüenses para abordar la expropiación injusta de inversiones estadounidenses por parte del país y el uso de barreras no arancelarias discrecionales e injustas que perjudican a las empresas estadounidenses que operan en Nicaragua», dice el documento.

Entre las barreras no arancelarias discrecionales e injustas menciona «la falta de equidad en el sistema regulatorio y la ausencia total de un Poder Judicial independiente, que ha dado lugar a decisiones injustas y sesgadas contra los inversionistas estadounidenses».

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Petición no es parte de la Investigación 301

Para Riverside es fundamental aclarar que esta presentación no forma parte del proceso que realiza la Oficina del Representante Comercial de los Estados Unidos (USTR por su siglas en inglés), sustentada en la Sección 301 de la Ley de Comercio de 1974, que investiga las violaciones comerciales, a los derechos humanos, derechos laborales y al Estado de derecho en Nicaragua.

«Este proceso se refiere a la iniciativa de Aranceles Recíprocos de la Administración Trump, que podría resultar en aranceles inmediatos y amplios sobre las importaciones procedentes de Nicaragua a partir del 2 de abril de 2024», dice el documento.

Además, explica que actualmente la USTR evalúa prácticas desleales que afectan a las empresas estadounidenses y «el flagrante incumplimiento de Nicaragua de sus obligaciones comerciales la convierte en una candidata ideal para medidas inmediatas de cumplimiento comercial».

También, que este proceso avanza mucho más rápido que la Investigación de la Sección 301 por lo que es una oportunidad para «exponer y contrarrestar las acciones internacionalmente ilícitas del régimen Ortega Murillo».

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Riverside exige indemnización

Cabe recordar que además de presentar esta petición en el marco de la iniciativa de aranceles recíprocos masivos y de haber presentado su testimonio en la Investigación 301 que realiza la USTR, Riverside está a la espera del veredicto de la demanda que presentó contra el Estado de Nicaragua en el Centro Internacional de Solución de Controversias sobre Inversiones (Ciadi), cuya sede está en Washington.

Riverside alega que unos 350 paramilitares vinculados al diputado oficialista Edwin Castro destruyeron en la hacienda Santa Fe ubicada en Jinotega, plantaciones de aguante, nogal y otras siembras, así como otros bienes. El proceso inicio hace varios años, el juicio oral se realizó en julio de 2024 y se desconoce cuando el Ciadi emitirá el fallo.

Las perdidas fueron por el orden de unos 700 millones de dólares y la empresa exige una indemnización de 437.05 millones de dólares, más 207.04 millones en concepto de intereses devengados desde 2018 cuando ocurrió la invasión. También exige una indemnización de 45 millones de dólares en concepto de daños morales provocados a Inversiones Agropecuarias SA (Inagrosa), de la que es propietaria Riverside. Con este cobro la suma exigida se eleva a 689.09 millones de dólares.

Mientras tanto, el fin de semana el presidente Trump expresó cierta apertura para negociar la imposición de importantes gravámenes recíprocos. Durante una entrevista que brindó a NBC News dijo que «solo si la gente está dispuesta a darnos algo de gran valor», «porque los países tienen cosas de gran valor», estaría dispuesto a negociar la imposición de aranceles generalizados prevista para entrar en vigencia el miércoles 2 de abril e insistió en que «de lo contrario, no hay espacio para la negociación».

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