En el inicio de la segunda semana del juicio que mantiene a Nicaragua en el banquillo de los acusados del Centro Internacional de Arreglo de Diferencias relativas a Inversiones (Ciadi), respondiendo a una demanda de la empresa estadounidense Riverside Coffee LLC. que la acusa de no evitar que en 2018 paramilitares invadieran y destruyeran plantaciones en la Hacienda Santa Fe, en Jinotega, la defensa presentó dos testigos, quienes trataron de desvincular del hecho al diputado Edwin Castro y al Frente Sandinista; y aseguraron que la hacienda tiene una larga historia de invasiones, la última en 2017.
En la sexta jornada de audiencias que empezaron el lunes 1 de julio, presentaron su testimonio a favor del Estado de Nicaragua: José Valentín López Blandón, líder de la invasión de la propiedad en 2002, quien atribuyó el contacto que mantuvo en 2018 el diputado Castro con los invasores a la ayuda que les brindó durante la primera invasión. La relación del diputado Castro también la confirmaron la semana pasada el jefe de la Policía de Jinotega y la procuradora.
El otro testigo fue Fabio Darío Enríquez Gómez, delegado del Ministerio Agropecuario (Mag) en Jinotega, quien negó haber dicho que la toma era ordenada por el régimen Ortega Murillo para presionar a los empresarios; y apostó por agotar la paciencia de los interrogadores de la parte acusadora pidiendo una y otra vez que reformularan la pregunta porque no entendía.
En su testimonio López Blandón dijo que entre 1990 y 2004 vivió en la Hacienda Santa Fe junto con otros desmovilizados de la Conta, el Ejército y el Servicio Militar. El grupo fundó la Cooperativa El Pavón y mantuvo tomadas más de cien manzanas de esa finca con la ilusión de que el Gobierno les entregara títulos de propiedad.
Confirma vínculo con Edwin Castro
Sin embargo, la invasión concluyó en 2003 con un supuesto desalojo violento por parte de la Policía que destruyó y quemó las viviendas y hasta la escuela. Pero los abogados de la empresa Riverside demostraron con documentos que el desalojo incluyó varios acuerdos, entre ellos “ayuda económica” de parte de los dueños de la finca a las personas que salieron de la propiedad.
También, que cuando eso ocurrió López Blandón ya no vivía en esa finca, sin embargo, fue quien contó lo ocurrido al extinto El Nuevo Diario, que le dio amplia cobertura al tema. Los abogados cuestionaron que a pesar de no haber estado en el lugar relató a los medios de comunicación lo que supuestamente ocurrió.
Otro detalle que los abogados le recordaron a López Blandón, que omitió en su declaración, fue que en las elecciones municipales de 2008 lo eligieron como concejal suplente del Frente Sandinista en el municipio de San Rafael del Norte, Jinotega.
López Blandón aseguró que mientras vivió en la finca negociaron con el Estado la entrega de títulos de propiedad y que es ahí donde se vinculó el diputado, actual jefe de la bancada sandinista y representante legal del partido oficial, Edwin Castro. El diputado les habría explicado que la finca era de una familia estadounidense de apellido Rondón que la estaba reclamando y había que devolverla, pero se comprometió a reubicarlos en otra propiedad.
Lea además: Involucran al diputado Edwin Castro en la destrucción de inversión de empresa de EE. UU.
Edwin Castro en contacto con invasores
Según López, en 2017 algunos de los compañeros de la Cooperativa El Pavón, con los que se tomó la finca en 2002, la vieron abandonada y volvieron a tomarla; y en 2018 lo único que hicieron fue bajar desde la parte alta donde se habían establecido a la casa hacienda y asumieron el control.
Aunque niega haber participado en esta nueva toma, asegura que sus amigos le contaron lo ocurrido y sostuvo que por su anterior participación en las negociaciones, en las que les ayudó, aunque no dijo cómo, es que los invasores mantenían contacto con el diputado Edwin Castro y aseguraban que él era “simpatizante de su causa”. Los invasores, según López confiaban en que el diputado Castro nuevamente les ayudara; aunque también admitió que en 2004 los convenció de salir de la finca, para entregarla a los dueños.
La semana pasada en su declaración el jefe de la Policía de Jinotega, comisionado general Marvin Castro, también admitió la relación entre los invasores de la finca y del diputado Edwin Castro. Sin embargo, él atribuyó esto a que cuando ocurren hechos de ese tipo los involucrados mencionan a gente “importante”.
Otra que admitió la relación del diputado Edwin Castro con las más de 350 personas que invadieron la Hacienda Santa Fe y destruyeron plantaciones de aguacate y de madera preciosa en la propiedad fue la procuradora de Jinotega, Diana Gutiérrez Rizo, quien mantuvo la teoría de que los involucrados en hechos de este tipo mencionan a gente importante. La abogada del Estado también admitió una serie de irregularidades cometidas por la Procuraduría durante el proceso.
Niega haber hablado con administrador
El segundo testigo que presentó el Estado de Nicaragua fue Fabio Darío Enríquez Gómez, delegado del Ministerio Agropecuario (Mag) en Jinotega. El funcionario negó que en 2018 le dijo al administrador de la finca que la toma la ordenó Daniel Ortega para presionar a los empresarios.
La semana pasada durante su declaración, Luis Adolfo Gutiérrez Cruz, administrador de la Hacienda Santa Fe —propiedad de Inversiones Agropecuarias SA (Inagrosa), que pertenece a la estadounidense Riverside Coffee LLC.—, aseguró que en 2018 los invasores le dijeron que tenían autorización del alcalde de Jinotega Leónidas Centeno para llevarse todo lo que encontraran en la finca. Por ello cargaron con equipos y maquinaria agrícola, computadoras, un vehículo, tractores, plantas eléctricas, motores, entre otras cosas.
Entonces buscó ayuda de la Policía, pero se la negaron alegando que estaban acuartelados por órdenes de Daniel Ortega y mientras seguía buscando una solución se encontró a Enríquez en uno de los tranques que estaban instalados en Jinotega.
Lea además: Estado de Nicaragua sometido a maratónico juicio por asalto de paramilitares a empresa de EE. UU. en 2018
Delegado del Mag no entendía las preguntas
El funcionario, según Gutiérrez, le aseguró que la toma era avalada por Ortega y que era una estrategia para presionar a los empresarios privados, que lo querían derrocar. Sin embargo, Enríquez Gómez insistió una y otra vez en que sí vio a Gutiérrez en el tranque, pero nunca habló con él.
Además, esta fue la única pregunta de la parte acusadora que el funcionario contestó con claridad. Durante las horas que duró el interrogatorio, transmitido en vivo en el sitio web del Ciadi, se dedicó a decir que no entendía las preguntas y a pedir que se las repitieran o se las reformularan para tratar de entender. Hizo esto tantas veces que en varias ocasiones el abogado optó por pasar a otro tema.
Las audiencias continúan el martes 9 de julio y se espera concluyan el viernes 12, para que posteriormente el tribunal emita su veredicto.