Con la petición de que no olviden que las víctimas esperan justicia desde hace seis años, hecha por el abogado Barry Appleton a los miembros del Tribunal del Centro Internacional de Arreglo de Diferencias relativas a Inversiones (Ciadi), concluyeron las audiencias del juicio que la estadounidense Riverside Coffee LLC. entabló contra Nicaragua, por la destrucción que un grupo de paramilitares, vinculados al diputado Edwin Castro, provocó en la Hacienda Santa Fe en 2018. Resta esperar el veredicto, saber si Nicaragua lo acepta y paga, o se declara en rebeldía, como ha hecho en otros ámbitos de la justicia.
De incumplir, quedaría en evidencia el irrespeto a los derechos económicos de los inversionistas y la inseguridad jurídica que enfrentan los empresarios.
A criterio de especialistas, si Nicaragua pierde la demanda, asume el fallo y paga lo que el tribunal establece, no habría ninguna repercusión sobre el Tratado de Libre Comercio entre Centroamérica, República Dominicana y Estados Unidos, conocido como DR-Cafta. Pero si pierde y no acata el fallo, tal como ha ocurrido con otras instancias judiciales que han emitido sentencias referidas a violaciones a los derechos humanos, habría una potencial violación a los principios de este acuerdo comercial que Riverside invocó para entablar la demanda.
Durante las audiencias públicas, celebradas entre el 8 y el 11 de julio, la defensa de Nicaragua a cargo de un equipo legal de Baker & Hostetler, encabezado por Analía González, no pudo negar que los paramilitares, que permanecían en comunicación con el diputado oficialista Edwin Castro, se llevaron maquinaria, equipos, vehículos e insumos, y destruyeron más de mil hectáreas de plantaciones de aguacate, viveros para expandir las plantaciones y un bosque de granadillo, cuya madera estaba valorada en 5.1 millones de dólares.
Riverside pide entre US$200 y US$700 millones
Ante la falta de argumentos para desmentir estos hechos, la defensa enfocó su estrategia en culpar a la empresa de delitos ambientales y puso en duda el valor de la inversión. Esta falta de argumentos, a criterio de especialistas, podría inclinar el veredicto hacia los afectados.
Invocando el artículo 10.07 del DR-Cafta, referido a la indemnización en caso de expropiación, la empresa Riverside contrató un valuador que determinó que «el valor justo de mercado» de la inversión al momento de la toma, que inició el 16 de junio de 2018, encabezada por Ciro Montenegro Cruz y otros paramilitares, era 437.05 millones de dólares, más 207.04 millones en concepto de intereses devengados desde esa fecha, tomando en cuenta la capacidad productiva de la hacienda, las cosechas que han salido en estos años y el valor de mercado de los aguacates hass.
Adicionalmente, la empresa exige una indemnización de 45 millones de dólares en concepto de daños morales provocados a Inversiones Agropecuarias SA (Inagrosa), de la que es propietaria Riverside. Según la empresa, el daño moral incluye «el estrés, la humillación y el sufrimiento derivados de la invasión ilegal, las amenazas de muerte y el sufrimiento causado a la alta dirección de Inagrosa». Con este cobro la suma exigida se eleva a 689.09 millones de dólares.
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Mantiene la exigencia por daño moral
Durante las audiencias el equipo legal de Appleton & Associates International Lawyers LP, encabezado por Barry Appleton, en representación de la parte acusadora, recordó que en 2018, tanto Daniel Ortega como el jefe de la Policía, Francisco Díaz, se refirieron a los paramilitares como policías voluntarios.
«La Policía y los paramilitares armados (designados como policía voluntaria) realizaron una intrusión masiva ilegal en la propiedad y la sede corporativa de Inagrosa en Nicaragua. Además, los paramilitares, la Policía y los funcionarios electos que participaron en la invasión causaron una ansiedad y un sufrimiento significativos a la alta dirección de la empresa debido a las reiteradas amenazas de muerte y al uso de escuadrones de personas armadas con instrucciones de matar a los miembros de la dirección de Inagrosa», argumentó la empresa para exigir la indemnización por daño moral.
Además de valuación de daños, Riverside presentó un «modelo alternativo de indemnización por daños y perjuicios» más limitado, cercano a los 200 millones de dólares. Este opción solo incluye «los huertos maduros de aguacate hass y la expansión de 200 hectáreas que se estaba llevando a cabo en el momento de la invasión». Este esquema mantiene el reclamo de los 45 millones de dólares por daños morales, y según los abogados, con los gastos de representación legal, desembolsos y arbitraje, que debe asumir Nicaragua si pierde la demanda, el reclamo rondaría los 204 millones de dólares.
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El Ciadi decidirá
Esto implica que el tribunal del Ciadi del Banco Mundial (BM) decidirá quién tiene la razón y en caso de favorecer a la familia Rondón, propietaria de Riverside cuya filial en Nicaragua es Inagrosa, también decidirá el monto de la indemnización.
A criterio de un analista financiero, que por la situación de represión que se vive en Nicaragua pide no identificarlo, de perder el juicio y no acatar el fallo el principio de violación potencial al tratado podría generar consecuencias. «Ahí se abrirían otras posibilidades que dependerán más de la voluntad de las partes para llegar a un entendimiento», señala el analista.
Además, considera que el hecho de que Nicaragua haya participado en el juicio, muestra buena voluntad de las partes para asumir los términos del acuerdo que deban reconocer.
Participación mostró voluntad
Un dirigente empresarial, que también pide anonimato, coincide en que la participación del régimen Ortega Murillo en el juicio es una muestra de voluntad que no han mostrado en otros casos, pero no implica que estén dispuestos a acatar un fallo en contra.
«Decidieron participar del juego porque un flanco que no han querido descuidar es el macroeconómico, para mantener al país como un destino atractivo para inversiones. Sin embargo, con un fallo en contra habrá que ver si toman la ruta que han usado en otros casos, que es la de no cumplimiento», advierte el dirigente empresarial, quien recordó que el Estado de Nicaragua ha desacatado resoluciones de tribunales internacionales en materia de derechos humanos, libre asociación y otros.
Según el dirigente, de perder el caso y no pagar la indemnización, el desacato tendrá una «enorme implicación para los inversionistas, porque convertiría al Estado de Nicaragua en un país irrespetuoso del derecho económico internacional y quedaría demostrado que no hay ningún tipo de seguridad jurídica para ningún inversionista ya sea nacional, como ha venido sucediendo, ni internacional. Es decir, sería un Estado sin ley para el inversionista, excepto para sus propias inversiones».
De ocurrir este desacato, la empresa estadounidense Riverside entraría en la disyuntiva de demandar al Estado de Nicaragua en una corte internacional, para tratar de compensar sus daños con el embargo de algún bien que el país tenga en el exterior.
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Si pierde y no paga se expone a demanda
De llegarse a este extremo, una posible demanda de Riverside en tribunales internacionales se sumaría a la que ya está expuesta Nicaragua por parte del banco holandés Rabobank que como principal acreedor del Grupo Mercon Cooffee Group era dueño de los activos de Cisa Exportadora y Mercapital que el Grupo le había dado en garantía por los préstamos recibidos.
Estos activos los embargó el régimen Ortega Murillo, después que el Grupo se acogió al capítulo 11 de la Ley de Quiebras de Estados Unidos, el pretexto fue una supuesta deuda de 30 millones de dólares en impuestos.
En el caso de la Hacienda Santa Fe, ubicada en Jinotega, el 16 de junio de 2018, entre 200 y 300 paramilitares armados invadieron la parte alta de la finca, asegurando que eran enviados por el «Gobierno de Reconciliación y Unidad Nacional» para tomar la propiedad. La Policía no respondió al llamado del administrador de la empresa, Luis Gutiérrez, y ahora argumenta que en ese momento por la crisis política estaban acuartelados. Pero en una muestra de apoyo a los invasores, llegó a decomisar las armas de los vigilantes de la finca.
La invasión de la inversión de Riverside
Sin embargo, los empleados de Inagrosa recuperaron momentáneamente el control de la propiedad, pero el 16 de julio de 2018, un segundo grupo de unos sesenta paramilitares armados invadió nuevamente la propiedad, en esta ocasión se instalaron en la parte baja de la finca, tomaron el resto de instalaciones que el primer grupo no mantenía bajo control y desalojaron con violencia a los trabajadores. «Ciro Montenegro Cruz y otros cinco paramilitares abrieron violentamente a patadas la habitación donde se encontraba el supervisor de campo y miembro de la alta gerencia Jaime Francisco Henríquez Cruz (conocido como Jaime Vivas) y lo arrojaron fuera de la habitación», dice parte del testimonio de Gutiérrez.
Y añade que agredieron verbal y físicamente a los trabajadores, golpearon a los guardias de seguridad, se llevaron computadoras e hicieron un inventario de lo que encontraron en la propiedad, mientras la saqueaban la bodega de agroquímicos y otras instalaciones de la finca. Luego, reunieron a los trabajadores de la Hacienda y les informaron que desde ese momento ellos tenían el control de la Hacienda y que ningún “hijo de puta” extranjero (refiriéndose a Carlos Rondón) tenía algo que ver con la propiedad y que la propiedad ahora era de ellos.
Esta segunda invasión se concretó el 18 de agosto de 2018 y se volvió permanente. Hasta la fecha, los dueños de la inversión, Carlos Rondón y su familia, no han logrado recuperar la Hacienda, a la que posteriormente le impusieron un recurso judicial en el que nombraron al Estado como depositario de la propiedad.
