Después de seis maratónicas jornadas en que los testigos de la empresa estadounidense Riverside Coffee LLC. han atestiguado que los paramilitares que tomaron, saquearon y destruyeron la Hacienda Santa Fe, en Jinotega, mantenían vínculos con gente cercana al régimen Ortega Murillo, incluido el diputado Edwin Castro, el Estado de Nicaragua destinó más de 12 horas para intentar que el perito Renaldy J. Gutiérrez admitiera sin pruebas que la empresa violó leyes ambientales, afectó una reserva silvestre, fuentes hídricas y que no tenía permisos para exportar los aguacates que produciría.
Por su parte, el equipo acusador del juicio que Riverside le sigue a Nicaragua en el Centro Internacional de Arreglo de Diferencias relativas a Inversiones (Ciadi), mantuvo que la medida cautelar que le impusieron a la Hacienda Santa Fe y que incluyó el nombramiento del Estado de Nicaragua como depositario de la propiedad, la hizo perder el control de un activo que pudo utilizar para otros fines comerciales, ya que ninguna institución financiera ni persona en su sano juicio prestaría dinero sobre una propiedad que se encuentra bajo esa restricción judicial.
Entre el lunes 8 y martes 9 de julio, el equipo legal de Baker & Hostetler, integrado por Analía González, Nahila A. Cortés, James J. East, Jr., Fabian Zetina y Diego Zúñiga, que defiende al Estado de Nicaragua, dedicó más de 12 horas para interrogar al perito legal Renaldy J. Gutiérrez, un abogado nicaragüense radicado en Estados Unidos que por más de cincuenta años se ha desempeñado en el campo legal tanto en Nicaragua como en Estados Unidos.
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Tratan de evadir daño acusando a Riverside
Los abogados de la defensa de Nicaragua le cuestionaron al perito Gutiérrez la vigencia de sus conocimientos y validez de su experiencia en el campo legal nicaragüense, ya que según ellos pasaron demasiados años desde que estudió y ejerció el derecho bajo las leyes nicaragüenses. Sin embargo, el perito legal Gutiérrez sostuvo que las leyes siguen siendo las mismas, y que incluso el Código Civil entró en vigencia hace más de cien años.
Además, intentaron que el perito cayera en contradicciones y aceptara que Inversiones Agropecuarias SA (Inagrosa), que pertenece a Riverside Coffee LLC., violó las leyes ambientales cuando cambió el uso del suelo de vocación forestal para ampliar a mil hectáreas el área sembrada de aguacates; no veló por la preservación de la Reserva Silvestre Privada, que el Ministerio del Ambiente y los Recursos Naturales (Marena) declaró en febrero de 2018 en una zona de la Hacienda Santa Fe; y que entre otras violaciones afectó supuestamente las fuentes hídricas al establecer las plantaciones muy cerca de ellas.
También se cuestionó mucho la existencia de las certificaciones sanitarias y permisos para que Inagrosa pudiera exportar los aguacates que produciría. Otro tema en el que la defensa de Nicaragua ha insistido a lo largo del proceso de audiencias que iniciaron el lunes 1 de julio y está previsto concluyan el viernes 12, es que el Estado de Nicaragua notificó en varias ocasiones a los representantes de Riverside para que viajaran a Nicaragua a recibir la Hacienda Santa Fe y que nunca lo hicieron.
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Inversionistas señalan nulidades
En su defensa el equipo legal de Appleton & Associates, que representa a Riverside, mantiene que en el proceso legal del establecimiento de la medida cautelar hubo muchas nulidades, e incluso las notificaciones no se hicieron de la manera adecuada; por tanto los representantes de la empresa no se dieron por notificados.
Según el equipo de abogados de la parte acusadora, Nicaragua ha presentado pruebas fabricadas ante el tribunal y en los procedimientos judiciales locales que inició en relación con este arbitraje. “La prueba pericial aportada con esta respuesta confirma que estas acciones internas constituyeron un abuso de derechos conforme al derecho local. La violación generalizada del Estado de derecho en estas acciones constituye una violación del trato justo y equitativo conforme al derecho internacional”, dice un documento presentado durante el juicio.
Además, los abogados consideran que “Nicaragua ha intentado hacer mucho uso del contexto político y social en su defensa”. También, que al daño material que provocó la invasión, saqueo y destrucción de la Hacienda Santa Fe, por parte de unos 350 paramilitares que tomaron la propiedad en 2018 y la desalojaron hasta en 2021, le suman los daños que provocó la medida cautelar que le impuso el Estado de Nicaragua a la finca.
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Para Riverside medida cautelar le efectó
Inicialmente esta medida duró dos años, y según los abogados de Riverside en otra muestra de ilegalidad, en enero pasado, el Estado de Nicaragua la amplió por otros dos, cuando según las leyes nicaragüenses esta ampliación del plazo solo podía aprobarse si se solicitaba antes del vencimiento de la anterior. Además, como parte involucrada el Estado de Nicaragua no podía quedar como depositario, sin embargo, el juez que lleva el caso lo autorizó.
Todo esto, según los abogados de Riverside, ha provocado grandes daños materiales a su representada, ya que al daño inicial provocado por la toma se suma que en estos seis años no han podido realizar ninguna transacción comercial con la Hacienda Santa Fe, ya que la medida cautelar, aunque no lo prohíbe, impide que las personas y empresas quieran relacionarse con una propiedad que se encuentra en esas condiciones.
Al final de la audiencia del martes inició su presentación el perito contratado por Nicaragua, cuya declaración se extenderá durante el miércoles 10 de julio, cuando la fase de audiencias entre en su recta final.