El secretario general de la Organización de Estados Americanos (OEA), Luis Almagro Lemes, se reunió con Jan-Michael Simons y Reed Brody, integrantes del Grupo de Expertos en Derechos Humanos sobre Nicaragua (GHREN) de la Organización de Naciones Unidas (ONU), para recibir el último informe presentado por los expertos el pasado 26 de febrero.
El informe del GHREN determinó la responsabilidad del Ejército de Nicaragua y de instituciones públicas, como el Ministerio de Salud (Minsa) y el Instituto Nicaragüense de Telecomunicaciones y Correos (Telcor), en la comisión de crímenes de lesa humanidad a partir de las protestas de abril de 2018.
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“Dialogamos sobre las graves violaciones sistemáticas a los Derechos Humanos que siguen ocurriendo en el país, como ser ejecuciones extrajudiciales; detenciones arbitrarias y juicios injustos; desapariciones forzadas, tortura y otros tratos crueles, inhumanos o degradantes”, dijo Almagro en su cuenta en X.
Además, Almagro señaló que se abordaron los crímenes de expulsión de nacionales y negación de entrada al propio país, privación arbitraria de la nacionalidad y negación de protección, represión de organizaciones sin fines de lucro y universidades, amenazas, acoso y vigilancia, así como la confiscación arbitraria de bienes, cometidos por el régimen de Daniel Ortega y Rosario Murillo.
La última medida de la OEA sobre Nicaragua
Nicaragua anunció su salida de la OEA el 19 de noviembre de 2021, y la medida se oficializó dos años después, según lo establece la Carta de la OEA. La última acción del organismo con respecto a la situación en Nicaragua fue el 27 de junio de 2024, cuando la Asamblea General aprobó por aclamación una resolución en la que insta al régimen Ortega-Murillo a cesar las violaciones a los derechos humanos, brindar información sobre la salud física y psicológica de los 11 integrantes de la organización evangélica Puerta de la Montaña —excarcelados y expulsados del país el 5 de septiembre de 2024— y mantener informado al Consejo Permanente de la OEA sobre la situación en Nicaragua.
Las representaciones de Canadá —país que redactó la resolución—, Antigua y Barbuda, Argentina, Chile, Costa Rica, Perú, República Dominicana, Estados Unidos y Uruguay impulsaron la resolución y reiteraron su “enérgica condena” a la confiscación de la sede de la OEA en Managua el 24 de abril de 2022.
La resolución señala el desacato permanente del régimen a las decisiones de la Corte Interamericana de Derechos Humanos (Corte-IDH) con relación a órdenes destinadas a proteger organizaciones cuya personalidad jurídica ha sido cancelada o cuyos miembros han enfrentado persecución.
Informe entregado a Almagro señala responsabilidad del Ejército
Pese a que el Ejército de Nicaragua aseveró públicamente que su papel durante las protestas se limitó a la protección de bienes estratégicos y negó su participación en la represión, el informe del GHREN asegura que obtuvo información creíble sobre su implicación en la represión, en coordinación con la Policía y grupos paramilitares, utilizando armas letales.
El GHREN señala que el 20 de abril de 2018 se celebró una reunión en la que participaron oficiales en activo del Comando de Operaciones Especiales y de las Direcciones de Doctrina y Enseñanza, Inteligencia y Contrainteligencia Militar, Personal y Cuadros. En dicha reunión, se afirmó que el país enfrentaba un golpe de Estado orquestado por organizaciones sociales. Además, menciona que el jefe de Estado Mayor del Ejército Nacional, Bayardo Rodríguez, leyó una orden presidencial en la que se instaba a los jefes de las distintas unidades militares a “neutralizar” a los implicados en las manifestaciones.
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“El Grupo estableció que el presidente y la vicepresidenta ordenaron a la Policía Nacional, al Ejército Nacional y a los grupos armados progubernamentales que reprimieran violentamente las manifestaciones como parte de una estrategia diseñada para conservar el poder a toda costa”, señala el informe.
De esta manera, el comandante en jefe del Ejército, Julio César Avilés, ordenó la participación de militares en la represión de las manifestaciones, pese a no tener competencias en materia de seguridad pública. Mientras tanto, el entonces subdirector de la Policía y actual primer comisionado, Francisco Díaz, permitió que agentes policiales utilizaran fuerza letal contra los manifestantes.
