Bajo las políticas migratorias de Donald Trump en Estados Unidos, toda persona que no cuente con un estatus permanente o tenga menos de dos años de vivir en ese país está en proceso de deportación, advirtió la abogada de inmigración y especialista en Centroamérica, Liliana Yánez.
«El 23 de enero, el Departamento Nacional de Seguridad, firmó una orden ejecutiva donde dice que toda persona en los Estados Unidos que no haya cumplido dos años de haber ingresado a los Estados Unidos puede ser expulsada bajo un programa que se llama una expulsión ligera», apuntó Yánez.
La intervención de la experta se dio durante el seminario gratuito online «Conoce tus derechos» organizado por la Mesa de Trabajo en Nueva Jersey y New York junto a la organización Casa, en la que se abordó el asilo político, parole humanitario y reasentamiento de refugiados en EE. UU.
Yánez explicó que la expulsión ligera o acelerada «siempre ha existido, pero sólo se usaba en las fronteras o lugares que estaban a 100 millas de la frontera de los Estados Unidos. Ahora, esta expulsión se puede usar en todos los estados de EE. UU. y se usa contra todas las personas que tienen menos de dos años de vivir aquí».
Personas sin estatus legal sujeta a expulsión
El programa del parole humanitario, que benefició a personas nicaragüenses, venezolanas, haitianas y cubanas, permitía que la persona viviera y trabajara en suelo americano por un período de dos años de forma legal. Yánez mencionó que ahora «toda persona que no haya cumplido los dos años puede ser, si es detenida, sometida al programa de expulsión ligera».
Lo anterior significa, según la experta, que «estas personas tienen menos derechos para batallar la deportación, primero porque no es deportación, es una expulsión ligera. Si no es deportación, hay menos derechos, a veces no se permite abogado porque no se va a Corte frente a un juez. Una deportación tiene más derechos que la expulsión ligera o acelerada y todo el mundo está sujeto a esta expulsión ligera si es detenido».
Es importante mencionar que el procedimiento de deportación por vía rápida, conocido como «expulsión acelerada», permite a las autoridades inmigratorias expulsar del país a una persona sin una audiencia ante un juez de inmigración.
La «expulsión acelerada» fue creada en 1996 como parte de la Ley de Reforma de la Inmigración Ilegal y Responsabilidad de los Inmigrantes, para aplicarse a los extranjeros que llegan a un puerto de entrada sin documentos de entrada o a quienes han intentado entrar mediante fraude o falsificación, con ciertas excepciones.
Otros procesos
La experta insistió en lo fundamental que es someter, si en caso la persona tiene temor de regresar a su país de origen por persecución, su solicitud de asilo político. «Si uno no tiene una protección de un caso de asilo pendiente, tiene menos derecho a quedarse acá en los Estados Unidos que si uno tuviese la solicitud pendiente y también, si uno ya tiene proceso en la Corte», subrayó.
Yánez también informó que ahora bajo las políticas migratorias vigentes, las «audiencias van a ser más ligeras y si la persona no tiene abogado, el caso va a correr en la Corte, tenga o no tenga abogado, porque ahora en las Cortes no es tan suave como era antes de enero».
La experta también abordó la importancia de estar informado en todo lo relacionado a su caso de asilo, desde cómo está preparado, el tiempo de procesamiento, entre otros y no sólo dejar que el abogado o la abogada.
Yánez señaló que en el caso de las personas que llegaron a EE. UU., bajo el programa de reasentamiento como refugiado en ese país, «tiene que conocer que al año debe solicitar la residencia permanente, si no la solicita, esta persona sigue siendo refugiado, que es un estatus que da amplía protección contra una deportación».
A su vez enfatizó en que esta persona tiene derecho a permisos de trabajo, documento de viaje, «el refugiado no puede viajar con el pasaporte de su país natal, el Gobierno de EE. UU., facilita ese documento de viaje con el que puede viajar a todo el mundo, menos a Nicaragua, si es nicaragüense».
Cómo actuar frente a ICE
Marylin Figueroa, organizadora comunitaria de la organización CASA, brindó concejos para la comunidad migrante en Estados Unidos sobre qué acciones o qué puede hacer frente a un encuentro con agentes del Servicio de Control de Inmigración y Aduanas (ICE, por sus siglas en inglés).
En principio, Figueroa explicó que los oficiales suelen vestirse con ropa corriente, pero “es posible que lleven una indumentaria que diga POLICE o ICE en sus placas o chalecos, se diferencia mucho de las fuerzas de seguridad local”.
Es importante, indicó Figueroa, realizar un «avistamiento» donde sea que se encuentre la persona dado a que si bien es cierto los agentes pueden tener una orden específica, «también si usted se encuentra en el lugar puede tener también una detención, sin tener un delito, como ellos lo llaman. Y la redada, pues la redada básicamente es a nivel masivo, donde no llevan alguna orden judicial y solo andan buscando detener a cualquier persona que ellos consideren que pueda ser deportable».
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La trabajadora comunitaria de la organización insistió en que la persona tiene derechos, con base a la Constitución Política de EE. UU., como a guardar silencio, a no dejarse registrar ni incautar injustificadamente en su domicilio, a no abrir la puerta, y a no responder preguntas que al final terminen autoincriminándose.
«Usted tiene derecho a ver una orden judicial válida firmada por un juez que autoriza a la gente a entrar a su domicilio, debe mirar el nombre específico de la orden, la dirección y las áreas específicas de la orden, documente cualquier acción de la gente que no se ajuste a la orden. Una orden administrativa del ICE no es una orden judicial, es muy diferente», señaló.
