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«Carolina», de 33 años, es una nicaragüense originaria de Matagalpa, que hace dos años llegó a Estados Unidos bajo el programa del parole humanitario que en enero de 2023 el gobierno de Joe Biden extendió para ciudadanos de Nicaragua, Cuba y Haití. Esta ciudadana logró vivir y trabajar legalmente por dos años —el tiempo de la estadía del beneficio— y previo a que se cumpliera la fecha, recibió en diciembre de 2023 una notificación de que debía abandonar el país a mediados de febrero.
La mujer contó que desde ese momento se preparó para dejar EE. UU., dado que sus intenciones había sido aprovechar el beneficio para trabajar, ahorrar dinero y regresar a Nicaragua a invertir en un pequeño negocio. Trabajó todo enero y tenía planeado viajar el 1 de febrero, sin embargo, un día antes la aerolínea Avianca le notificó que el Gobierno de Nicaragua no había autorizado su ingreso al país.
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«Yo quería cumplir con mi palabra, quería ser agradecida con EE. UU., por la oportunidad que nos dio, porque no fue sólo a mí, sino a miles de nicaragüenses, y por eso quería cumplir mi estadía y regresar a Nicaragua, pero ahora me encuentro que mi propio país no me autoriza mi retorno», contó Carolina, entre nostalgia e incertidumbre por no saber qué hacer.
Esta nicaragüense es una de los 93,070 connacionales que hasta diciembre de 2024 habían sido examinados, autorizados para viajar y están en EE.UU., según datos del Servicio de Aduanas y Protección Fronteriza de Estados Unidos (CBP, por sus siglas en inglés).
El programa de libertad condicional humanitaria o parole para ciudadanos de Cuba, Haití, Nicaragua y Venezuela fue impulsado por la administración Biden para frenar la llegada de migrantes irregulares a la frontera sur de EE. UU. Sin embargo, desde el contexto electoral el republicano Donald Trump prometió que de llegar a la Presidencia eliminaría todos estos programas, una promesa que cumplió en el primer día de su segundo mandato.
Trump no sólo ordenó, por medio de una orden ejecutiva, al Departamento de Seguridad Nacional (DHS) «terminar todos los programas y categorías de libertad condicional que sean contrarias a las políticas de Estados Unidos establecidas en mis órdenes ejecutivas, incluyendo el programa conocido como parole (humanitario) para cubanos, haitianos, nicaragüenses y venezolanos», sino que planea revocarles el estatus legal a los migrantes y dejarlos a las puertas de la deportación.
Sin país y «con las amenazas de Trump»
Carolina compró su boleto de retorno con 15 días de antelación y aguardaba la esperanza de volver para abrazar a sus padres y hermanos en Nicaragua, después de una estadía temporal en EE. UU. Se regresaba contenta porque «yo creo que ayudé a mi familia hasta donde pude».
Actualmente confiesa que ni ella ni su familia en Nicaragua han logrado asimilar la revocación de su llegada a su país «es que no lo veo real, si yo ni siquiera me involucré en nada político, porque mis padres siempre nos dijeron que ningún gobierno nos daba de comer, crecimos siendo una familia luchadora, desde pequeña nos enseñaron a trabajar».
Ahora, Carolina no sólo lamenta estar sin país sino «vivir en la zozobra por todas las amenazas que ha hecho el presidente Trump. Yo no te voy a negar, tengo mucho miedo porque yo ahora no estoy en EE. UU. por decisión mía, sino porque me negaron mi retorno».
Carolina confesó que no aplicó durante el primer año del parole humanitario a otro programa migratorio dado a que sus intenciones no eran quedarse. «Yo agradezco enormemente la oportunidad, porque miles no se tuvieron que arriesgar cruzando fronteras peligrosas para cumplir el sueño americano, pero yo no me quería quedar, es un país donde las cosas son posibles porque así como trabajás así podés comprar lo que necesités», afirmó.
Es importante mencionar que la dictadura de Daniel Ortega y Rosario Murillo empezó en este 2025 a impedir de forma discrecional el ingreso a Nicaragua a quienes se beneficiaron del parole humanitario, el caso de Carolina no es único ni alejado a la incertidumbre y temor que vive la población.
El excarcelado político y cronista deportivo, Miguel Mendoza, compartió el 2 de febrero el caso de la nicaragüense Heylin Chavarría Gutiérrez, a quien también la aerolínea Avianca le notificó sobre la negativa de entrada a su país.
«Ella vino a EE.UU. con parole humanitario y se estaba regresando después de culminar sus dos años de estadía autorizada a través de este programa», compartió Mendoza.
Qué deben hacer en este tipo de casos
LA PRENSA abordó con expertos en temas migratorios qué les queda por hacer a aquellos nicaragüenses a los que el régimen de Nicaragua les rechaza el ingreso al país tras haber cumplido o no su estadía de dos años con parole humanitario en suelo americano.
Muriel Sáenz, representante acreditada de migración en Estados Unidos y quien trabaja para la organización Nicaragüenses en el Mundo Texas, Inc., en declaraciones a LA PRENSA explicó que en primer lugar las personas como Carolina y Heylin «pueden pedir asilo porque su situación cambió, ellas no están aquí porque quieren, sino porque su país les negó la entrada».
Sáenz reitera que personas afectadas por la denegación de ingreso a Nicaragua «no corren el peligro de ser deportadas, porque no tienen orden de deportación, están en EE. UU. porque su situación cambió».
El experto en leyes migratorias y activista, Ronmell López, por su parte, indicó que la situación que viven los nicaragüenses «es grave que afecta no sólo a los beneficiarios con parole sino a sus familias». En estos casos, recomendó contactar a un abogado especializado en inmigración en Estados Unidos para que analice el caso y lo guíe en el proceso de solicitud de asilo».
La abogada especializada en migración, Cindy Blandón, destacó que en la Ley de Inmigración de EE. UU. contempla una excepción en el requisito de presentar la solicitud de asilo dentro del primer año, vía correo de forma administrativa, o acudir a alguna oficina del Servicio de Ciudadanía e Inmigración de los Estados Unidos (Uscis, por sus siglas en inglés). A esta opción pueden recurrir las personas afectadas bajo el argumento de que las circunstancias o situaciones cambiaron.
«En estos casos, cuando cambian las circunstancias de las personas, no es que se le reactive el año de requerimiento para someter el asilo político, se le reactiva lo que se dice si tus circunstancias cambian. Entonces la persona puedes someter su caso de asilo después del año de requerimiento siempre y cuando lo hagas en un término de tiempo razonable, mínimo de dos meses y máximo seis», afirmó.
Los expertos recomendaron que la solicitud sea enviada lo más completa posible, con documentos y pruebas para aumentar las posibilidades de aprobación. En caso de que los oficiales de inmigración determinen que su caso no califica para asilo y son enviados a Cortes de Inmigración, los solicitantes de asilo deben ser consistentes y creíbles en sus declaraciones.
