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Después de que a miles de migrantes de Nicaragua, Cuba, Venezuela y Haití se les ofreció la posibilidad de viajar de manera legal bajo la figura del parole humanitario, para poder vivir y trabajar de manera legal por dos años en Estados Unidos, el ahora mandatario republicano Donald Trump planea revocarles ese estatus, dejándolos en un limbo migratorio y expuestos a la deportación.
«La administración Trump se está preparando para revocar el estatus legal de muchos de los migrantes a quienes se les permitió ingresar legalmente a Estados Unidos desde Cuba, Haití, Nicaragua y Venezuela bajo el mandato del expresidente Joe Biden», reveló CBS News después de tener acceso a documentos internos del gobierno en turno.
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Hasta diciembre de 2024, el Servicio de Aduanas y Protección Fronteriza de Estados Unidos (CBP, por sus siglas en inglés), contabilizaba que 531,690 cubanos, haitianos, nicaragüenses y venezolanos llegaron legalmente y obtuvieron libertad condicional para entrar a territorio estadounidense.
Del grupo, 96,270 nicaragüenses fueron examinados y autorizados para viajar, pero sólo 93,070 nicaragüenses ya habían viajado hasta diciembre del año pasado. El programa de libertad condicional humanitaria o parole para ciudadanos de Cuba, Haití, Nicaragua y Venezuela fue impulsado por la administración Biden para frenar la llegada de migrantes irregulares a la frontera sur de EE. UU.
Si no han cambiado su estatus los pondrían en deportación
De acuerdo con CBS News, la propuesta que proviene del Departamento de Seguridad Nacional, explicada en un aviso no publicado, pondría fin por completo al programa.
«Según la nueva medida, la administración Trump revocaría el estatus de libertad condicional de aquellos a quienes se les permitió ingresar a los EE. UU. bajo la política CHNV y los colocaría en procedimientos de deportación si no han solicitado u obtenido otro beneficio migratorio, como asilo, una tarjeta verde o un Estatus de Protección Temporal (TPS)», reveló el medio estadounidense.
Es importante mencionar que en el caso de los nicaragüenses, es la única nacionalidad que no cuenta con protecciones adicionales, tal como es el caso, por ejemplo, de muchos haitianos y venezolanos que están inscritos en el programa TPS.
CBS News reportó que, según los documentos internos, «aquellos cuya clasificación de libertad condicional sea revocada y que carezcan de otro estatus migratorio, no podrán trabajar legalmente en Estados Unidos. También recibirán notificaciones para presentarse ante un tribunal de inmigración, el primer paso en el proceso de deportación».
El medio estadounidense insistió que «no está claro cuántas de las más de medio millón de personas a las que se les permitió entrar a Estados Unidos en virtud de esta iniciativa solicitaron otros programas de inmigración. Tampoco está claro cuándo se concretará el plan de la administración Trump».
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El exfuncionario de inmigración del DHS bajo la administración de Biden, Tom Jawetz, habría denunciado el plan de la administración Trump. «Atacar a personas que llegaron a Estados Unidos con patrocinadores y continúan cumpliendo las reglas no sólo es gratuitamente cruel, sino que hará que nuestro sistema sea más caótico», dijo.
En el primer día de su segundo mandato presidencial, Trump ordenó, por medio de una orden ejecutiva, al Departamento de Seguridad Nacional (DHS) «terminar todos los programas y categorías de libertad condicional que sean contrarias a las políticas de Estados Unidos establecidas en mis órdenes ejecutivas, incluyendo el programa conocido como parole (humanitario) para cubanos, haitianos, nicaragüenses y venezolanos».
En el documento firmado por Trump se alega que el propósito es porque «durante los últimos cuatro años Estados Unidos ha sufrido una invasión a gran escala y de un nivel sin precedentes».
