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Nicaragua, bajo la dictadura de Daniel Ortega y Rosario Murillo, es uno de los países de la región que no sólo no se ha referido a las deportaciones de sus ciudadanos que se encuentran en Estados Unidos de manera irregular, sino que aparentemente no ha trazado estrategias para proteger a los nicaragüenses ante las inminentes expulsiones de EE. UU., tal como lo han hecho otros países de la región.
El republicano Donald Trump retornó a la Presidencia de EE. UU. con promesas de poner mano dura contra los migrantes irregulares que él mismo ha calificado como «delincuentes». El 20 de enero, día que asumió la Presidencia, firmó órdenes ejecutivas en contra de programas migratorios y días después, el Departamento de Seguridad Nacional (DHS, por sus siglas en inglés) emitió la orden de deportaciones masivas, revocando así una directriz de la administración Biden que instruía a las autoridades migratorias a evitar operativos en lugares sensibles, como escuelas e iglesias.
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Datos obtenidos por Fox News Digital muestran que hasta noviembre de 2024 había 1.4 millones de personas de 208 países que esperaban ser deportadas, a pesar de que no estaban detenidas por el Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE, por sus siglas en inglés). En el caso de nicaragüenses, son 45,995 los que figuran en ICE para ser deportados.
«Ortega está a favor de la inmigración»
Francisco Xavier Aguirre Sacasa, ex preso político desterrado por la dictadura y quien fue embajador de Nicaragua en Estados Unidos entre 1997 y 2002, en declaraciones a LA PRENSA indicó que a pesar de que el tema de la migración irregular a los EE. UU. favoreció a la candidatura de Trump porque «despertó el respaldo de ciudadanos norteamericanos, es paradójico porque EE. UU. siempre se ha jactado de ser un país que recibe a inmigrantes, entonces por un lado está la tradición norteamericana y la política de Trump».
Para Sacasa, el dictador Ortega «está fomentando la inmigración de nicaragüenses hacia el exterior y en particular a los Estados Unidos». Lo anterior a su criterio por dos razones, «porque él sabe que muchas de estas personas no simpatizan con la dictadura Murillo-Ortega y segundo, lejos de preocuparse por el retorno de emigrantes nicaragüenses a Nicaragua, ya sea de los Estados Unidos o de Costa Rica, está a favor de que más nicaragüenses salgan al exilio».
Aguirre Sacasa insiste en que ha sido la principal estrategia del orteguismo para «mantener el país ‘tranquilo’ y Ortega está a favor de la inmigración porque así se deshace de nicas que no están conformes con su régimen y porque sabe que la situación económica de Nicaragua, en la gran medida, se debe al enorme flujo de divisas que entran de los nicaragüenses que viven en el exterior».
El exdiplomático recalcó que a «Daniel Ortega, entre más nicaragüenses hayan fuera del país, más tranquilo sigue su dictadura, por eso lejos de estar preocupado por el bienestar de los nicaragüenses y preocupado por qué puede pasar si esta gente regresa a Nicaragua, él lo que quiere es que más nicaragüenses salgan del país y manden remesas al país. En esto la posición de él es muy diferente a la de los otros países».
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Colombia, bajo el gobierno de Gustavo Petro, rechazó el ingreso de dos aviones que llevaban migrantes colombianos deportados desde Estados Unidos, lo que llevó a momentos de tensión entre ambos países. Trump acusó al mandatario colombiano de «haber puesto en peligro la seguridad nacional y pública de los EE. UU.», y Petro exigió un trato digno a sus ciudadanos desde que no sean llevados encadenados y con esposas en sus manos, por lo que dispuso el avión presidencial para que fueran trasladados a Colombia.
Nicaragua, caracterizada por impedir el ingreso a sus ciudadanos
En ese sentido, Harold Rocha, académico, abogado y presidente del Nicaraguan American Legal Defense and Education Fund (Naldef), indicó que urge que Nicaragua «vele por la integridad de sus ciudadanos en las actuales circunstancias, y eso implica tener un plan no solamente de recepción, de recibimiento, sino de reorientación».
Sobre cómo debería actuar Nicaragua frente a las inminentes deportaciones de nicaragüenses, Rocha destacó que «una de las medidas más fáciles sería buscar acuerdos con consulados de países con quienes se tenga relación para que ellos permitan o apoyen en caso de que haya necesidad de tramitar documentos para los nicaragüenses, o bien habilitar y dar mayores recursos a los consulados existentes para que ellos lo hagan también».
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Lo anterior, dijo el presidente de Naldef, es porque «es uno de los grandes obstáculos que hay, que las identificaciones y la emisión de los salvoconductos se demoran una cantidad exorbitante desde tiempo y para alguien que está detenido, esperando ser deportado, eso implica que pase meses más de los que debería. Todo esto se cree que obedece a los cierre de varias oficinas consulares de Nicaragua en Estados Unidos».
Las únicas ciudades donde hay consulados nicaragüenses son: Washington, Nueva York y Miami.
En cuanto a si Nicaragua tendrá la capacidad para recibir a sus ciudadanos, Rocha señaló que por ahora es muy difícil saberlo, dado a que «no sólo es el tema de la recepción, sino es qué pasa después, si hay o no una red de apoyo para integrarlos en el mercado laboral, de los que no tienen ningún bien en el país, ni casa para dormir. En Nicaragua no creo que exista algo de eso, porque si el Estado no puede responder, se les pide a las organizaciones no gubernamentales, pero el problema es que es muy probable que estas hayan sido canceladas».
El Gobierno de México anunció un plan para recibir a mexicanos deportados de suelo americano, que lleva el nombre de «México te abraza», entre los beneficios a los migrantes mexicanos se les entregará la Tarjeta Bienestar Paisano, que contará con 2,000 pesos (unos 100 dólares) para cubrir los gastos del traslado a sus comunidades de origen.
Mientras que Guatemala, según lo anunció el canciller Santiago Palomo, está listo para recibir alrededor de 18 vuelos semanales de ciudadanos deportados y quienes regresan a Guatemala están siendo tratados de manera digna a través de un programa de asistencia gubernamental, encabezado por el presidente Bernardo Arévalo, llamado «Regresando a Casa».
El Salvador, según reportó CBS News, está planeando desarrollar con la Administración Trump el acuerdo, conocido como «Tercer país seguro», que permitiría deportar a estas personas desde EE. UU. hacia El Salvador, donde podrían solicitar asilo.
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Aunque Nicaragua no da detalles de cuántos nicaragüenses ha recibido deportados de EE. UU., desde 2019, el Ministerio del Interior en sus reportes semanales sostiene que por medio de la Dirección General de Atención a Connacionales en la última semana —del 20 al 27 de enero— brindó 1,779 servicios como trámites de pasaportes a través de las representaciones consulares garantizando la atención a connacionales repatriados provenientes de Costa Rica, México y Estados Unidos, es decir, el país no ha dejado de recibir vuelos de deportados nicaragüenses.
«Lo que pasa es que aquí ha sido bastante paulatino. Lo que se espera con la nueva política de la Administración Trump es que las deportaciones son inminentes, no se van a parar y van a aumentar», dijo Rocha.
A su vez, subrayó que aunque se desconoce si Nicaragua recibirá o no a sus ciudadanos, se debe tener en cuenta que es un «gobierno que ha impedido el regreso de sus ciudadanos por motivos políticos, y esa creo que es la razón por la que Estados Unidos estará interesado en tener algún tipo de indicio de cuál va a ser la postura».
En un hipotético escenario donde Nicaragua no reciba a sus ciudadanos, Rocha advirtió que se crea un problema, dado a que, «si otro tercer país no los recibe, estas personas pueden pasar detenidas indefinidamente, y hay antecedente de eso».
