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Luego de que el Tribunal Federal 4 de Argentina citó a declarar y giró una orden de captura internacional contra los dictadores Daniel Ortega y Rosario Murillo, así como contra un grupo de 16 de sus secuaces, han surgido debates entre especialistas sobre el desenlace que pueda tener este proceso y su posible impacto en los acusados.
Los especialistas señalan que dependerá de las políticas de los países miembros de la Organización Internacional de Policía Criminal (Interpol) si acatan o no la alerta roja en caso de que alguno de los acusados ingrese a su territorio.
El 30 de diciembre de 2024, tras dos años de investigación penal en Argentina contra los dictadores de Nicaragua y sus 16 colaboradores, acusados de cometer crímenes de lesa humanidad, el proceso alcanzó una etapa crucial con la citación a declarar y la emisión de una orden de captura internacional.
La acusación fue presentada el 6 de octubre de 2022, es decir, nueve meses después de que Ortega y Murillo se autoproclamaran presidente y vicepresidenta de Nicaragua tras unas elecciones fraudulentas cuestionadas por la comunidad internacional. En ese momento, el juez Ariel Lijo autorizó el inicio de la investigación penal en Argentina, a partir de una querella presentada por los abogados Darío Richarte y Diego Pirota, con el respaldo del fiscal Eduardo Taiano.
El caso avanza bajo el principio de jurisdicción universal, que permite a tribunales, como los de Argentina, investigar y juzgar delitos cometidos en otros países. Desde 1994, el artículo 118 de la Constitución argentina contempla esta jurisdicción, facultando a la justicia federal para investigar violaciones a los derechos humanos ocurridas fuera de sus fronteras.
A diferencia de otros dictadores que han enfrentado procesos judiciales en América Latina, Ortega y Murillo no parecen dispuestos a ceder. Además, su avanzada edad podría impedir que cumplan una condena completa, en caso de enfrentar un juicio.
Por otro lado, el historial de seis casos de justicia universal en Argentina no es alentador, ya que ninguno ha trascendido la etapa en la que se encuentra actualmente el proceso contra Ortega y Murillo, al no poder proceder en ausencia.
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¿Qué sigue?
Una vez emitida la orden de captura, esta es enviada, evaluada e ingresada al sistema. Sin embargo, la ejecución dependerá de cada país miembro de Interpol. LA PRENSA envió consultas a la sede central de la organización en Lyon, Francia, para conocer la postura del organismo, pero hasta esta publicación no se han obtenido respuestas.
“Esta orden puede ser distribuida por la Policía Internacional (Interpol) a sus países miembros, que son numerosos. Si Interpol distribuye la orden y los países la reciben, pueden hacerla efectiva en el momento en que sea posible. Para detener a los acusados, es necesario que se encuentren en un país miembro de Interpol”, explicó Gerardo Castaing, exdirector del Organismo de Investigación Judicial (OIJ) de Costa Rica, en declaraciones a LA PRENSA.
No obstante, Castaing explicó que, si estas personas no abandonan su país o viajan únicamente a naciones políticamente afines a su régimen, es poco probable que la orden de captura sea ejecutada, ya que su efectividad depende de factores como la cooperación internacional y la voluntad política de los países involucrados.
“Cualquier acción, como una detención, debe ser realizada exclusivamente por las autoridades locales del país donde se encuentre la persona requerida”, añadió.

Orden de captura es un hecho relevante
Para la criminóloga costarricense Tania Molina, la disposición del tribunal argentino es “un hecho significativo”, pero descartó que la captura internacional surta efecto en Ortega, Murillo y sus colaboradores.
“Aunque estas órdenes son importantes porque sientan precedentes, la falta de acción práctica para ejecutar la captura hace que parezcan más un gesto simbólico que una medida concreta. Ya lo hemos visto en otros casos, como con Netanyahu y la Corte Penal Internacional, que también emitió una orden de captura, pero él siguió moviéndose incluso hacia el Congreso de Estados Unidos”, explicó Molina a LA PRENSA.
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“Sin embargo, lo que estas acciones logran es internacionalizar aún más la lucha contra la impunidad en Nicaragua. Judicializar estos crímenes en tribunales de terceros países, como Argentina, es un paso relevante. Además, resalta la importancia de que organismos internacionales, como el Sistema Interamericano de Derechos Humanos, mantengan su atención en Nicaragua”, añadió.

Acusaciones contra la Policía podrían afectar su relación con Interpol
La querella incluye a seis personas vinculadas a la Policía orteguista, que representa a Interpol en Nicaragua. Según Castaing, esto podría derivar en medidas de la instancia internacional contra la Policía nicaragüense. Entre los acusados están el jefe supremo de la Policía, Daniel Ortega, y el director de la institución, Francisco Díaz.
También figuran Ramón Avellán, subdirector; Luis Pérez Olivas, exjefe de la Dirección de Auxilio Judicial; Justo Pastor Urbina, jefe de la Dirección de Operaciones Especiales de la Policía; y Aminta Granera, exdirectora de la Policía.
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“Es posible que Interpol tome decisiones sobre los componentes afiliados que podrían estar involucrados en delitos, según la orden internacional del tribunal argentino”, indicó Castaing.
Próximos pasos posibles
El abogado Danny Ramírez, secretario ejecutivo del Centro de Asistencia Legal Interamericano en Derechos Humanos (Calidh), indicó que, con base en las pruebas recabadas y presentadas, algún país podría llevar a Nicaragua ante la Corte Internacional de Justicia por incumplimiento de tratados sobre derechos humanos.
“De manera similar, la Convención para la Prevención y la Sanción del Delito de Genocidio establece que cualquier Estado puede acusar a otro ante la CIJ. Aunque no es un proceso dirigido a individuos, sí permite juzgar al Estado por incumplir sus obligaciones internacionales”, señaló Ramírez.
Otra posibilidad sería recurrir al Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, del cual Nicaragua es parte. Ramírez aclaró que, en este caso, el demandado sería el Estado nicaragüense, no los individuos responsables directos de las violaciones.

Impacto político a raíz de la orden de captura
La politóloga costarricense Cecilia Cortés considera que, aunque es poco probable que este proceso tenga resultados judiciales inmediatos, su significado político es claro. “Manda un mensaje potente, especialmente a otros regímenes autoritarios como Venezuela y Bolivia. Representa un recordatorio de que la justicia puede alcanzarlos en cualquier momento”.
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Además, refirió que esto representa, políticamente, un mensaje muy fuerte para estos regímenes y para quienes usurpan la democracia: la justicia puede ir tras ellos en cualquier momento.
“Creo que en nuestra región hay una creciente conciencia sobre la necesidad de acceder y aplicar estos instrumentos. Son herramientas clave para permitir que países como Nicaragua o Venezuela puedan liberarse de estas dictaduras que tanto dolor y daño han causado, no solo a sus pueblos, sino también a sus vecinos, quienes sufrimos al ver estas atrocidades e injusticias”, puntualizó Cortés.

Estos son los nicaragüenses con orden de captura en Argentina
1. Daniel Ortega Saavedra
2. Rosario Murillo, vicepresidenta y esposa de Ortega
3. Francisco Díaz, jefe de la Policía
4. Ramón Avellán, subdirector de la Policía
5. Néstor Moncada Lau, asesor presidencial
6. Sonia Castro, exministra de Salud
7. Fidel Moreno, secretario general de la Alcaldía de Managua
8. Ramona Rodríguez, presidenta del Consejo Nacional de Universidades
9. Alba Luz Ramos, presidenta de la Corte Suprema de Justicia
10. Luis Pérez Olivas, exjefe de la Dirección de Auxilio Judicial
11. Justo Pastor Urbina, jefe de la Dirección de Operaciones Especiales de la Policía
12. Aminta Granera, exdirectora de la Policía
13. Julio César Avilés, jefe del Ejército de Nicaragua
14. Gustavo Porras, presidente de la Asamblea Nacional
15. Roberto López, director del Instituto Nicaragüense de Seguridad Social
16. Oscar Valladares, asesor presidencial en temas de seguridad y defensa
17. Ovidio Reyes, presidente del Banco Central de Nicaragua
18. José Francisco López, tesorero del FSLN