Lista de reproducción
- No hay más artículos para escuchar
Como parte del proceso judicial que lleva por crímenes de lesa humanidad que se cometieron en Nicaragua, el 30 de diciembre de 2024 el juez argentino Ariel Lijo, del Juzgado Criminal y Correccional Federal número cuatro, hizo historia al citar a declarar y, además, emitir orden de captura internacional contra un gobernante en funciones: el dictador de Nicaragua Daniel Ortega.
La citación y la orden de captura también incluyó a la vicegobernante Rosario Murillo y a diez cómplices de sus crímenes. El proceso está en marcha y resta esperar las próximas acciones que promueva el juez.
El 6 de octubre de 2022, el juez Lijo autorizó que la justicia argentina iniciara una investigación penal contra el dictador Ortega, su esposa y vicepresidenta Murillo y diez de sus secuaces ―funcionarios públicos cómplices de sus crímenes― a partir de una querella presentada por los abogados Darío Richarte y Diego Pirota en que los señalan de cometer crímenes de lesa humanidad durante las protestas antigubernamentales de abril de 2018 en Nicaragua. Esta denuncia también avanzó gracias al pedido del fiscal Eduardo Taiano.
Caso sustentado en la jurisdicción universal
La acusación llegó al tribunal argentino nueve meses después de que los dictadores Daniel Ortega y Rosario Murillo se autoproclamaran presidente y vicepresidenta de Nicaragua, tras unas elecciones fraudulentas cuestionadas por la comunidad internacional. 26 meses después que ordenó que se abriera la investigación, el juez ordenó citarlos a declarar y además, emitió la orden de captura internacional contra los implicados en la denuncia.
Lea también: Pruebas contra Ortega y sus secuaces no desaparecerán gracias a juicio argentino
El caso avanza bajo el principio de jurisdicción universal, que permite a tribunales ―en este caso, los de Argentina― investigar y juzgar delitos cometidos en otros países. Desde 1994, el artículo 118 de la Constitución argentina contempla esta jurisdicción, facultando a la justicia federal para investigar violaciones a los derechos humanos ocurridas en otras naciones.
De manera no oficial trascendió que, a Ortega, Murillo y sus secuaces les atribuyen crímenes de lesa humanidad por los acontecimientos registrados durante las protestas de 2018. Entre estos delitos se mencionan asesinatos sistemáticos, ejecuciones extrajudiciales, desapariciones forzadas, violencia sexual y persecución política.
¿Quién es el juez Ariel Lijo?
Ariel Lijo nació el 19 de octubre de 1968 en Argentina y se graduó de abogado en la Universidad de Buenos Aires. Terminó la carrera de especialista en Administración de Justicia en 2001.
Documentos oficiales de Argentina señalan que Lijo tiene competencia para la investigación de delitos complejos, tales como corrupción, narcocriminalidad, trata de personas, delitos económicos, ciberdelincuencia, delitos contra el orden constitucional y requerimientos internacionales de extradición, entre otros.
A lo largo de su trayectoria, ha participado en investigaciones de crímenes de lesa humanidad de la última dictadura argentina. Condenó al militar Cristiano Nicolaides, jefe del Ejército e integrante de la cuarta Junta Militar durante la dictadura de Reynaldo Bignone.
Asimismo, estuvo a cargo de casos relacionados con el atentado a la Asociación Mutual Israelita Argentina (AMIA) el 18 de julio de 1994, incluyendo las irregularidades en la investigación judicial. En ese contexto, procesó y llevó a juicio oral al expresidente Carlos Menem y al exjuez Juan José Galeano por encubrimientos alrededor del caso.
El 1 de marzo de 2019, Menem fue absuelto por un tribunal federal de la acusación contra él por encubrimiento de la investigación del atentado a AMIA y murió el 14 de febrero de 2021 a los 90 años sin ninguna sentencia firme.
Tienen experiencia juzgando a políticos
También tuvo causas contra el kirchnerismo, entre estas, el caso Ciccone, en el que procesó al entonces vicepresidente Amado Boudou por «cohecho pasivo y negociaciones incompatibles con la función pública», delitos por los que fue condenado.
Además, se ha desempeñado como profesor de Derecho Penal en la Universidad de Buenos Aires y en la Universidad Nacional de Lanús.
Según consta en su currículo, ha ocupado cargos en la Defensoría en lo Criminal y Correccional número 1 y desde 2004 es juez federal a cargo del Juzgado Nacional en lo Criminal y Correccional Federal número cuatro de Buenos Aires.
Al menos de manera pública, se desconocen represalias por juzgar a altos jerarcas de la política argentina.
Haber juzgado a otros gobernantes favorece investigación
A consideración del abogado nicaragüense Danny Ramírez Ayérdiz, secretario ejecutivo del Centro de Asistencia Legal Interamericano de Derechos Humanos (Calidh), con sede en Argentina, Lijo es un juez de alta jerarquía, lo que favorece la investigación contra los Ortega Murillo y sus secuaces.
«En Argentina los jueces de alto rango como los federales, tienen un papel muy importante. Este juez es de alta jerarquía, y las decisiones que tome pueden tener un impacto significativo en Nicaragua, considerando que estamos hablando de un magistrado con gran autoridad», dijo Ramírez a LA PRENSA.
Polémica candidatura
En marzo de 2024 el presidente de Argentina, Javier Milei, propuso a Lijo y al decano de la Facultad de Derecho de la Universidad Austral, Manuel José García Mansilla, como candidatos a jueces de la Corte Suprema de Justicia argentina para ocupar la vacante que dejó la jueza Elena Highton de Nolasco, tras su renuncia en 2021.
La nominación de Lijo causó descontento en algunos sectores políticos de Argentina, que lo señalan de ser uno de los magistrados más cuestionados de los tribunales federales de Comodoro Py, una localidad en la provincia de Buenos Aires, Argentina.
Luego de las propuestas presentadas por Milei, le tocará al Senado de Argentina definir quién ocupará la vacante, aunque de momento se desconoce cuándo se tomará la decisión.
«El juez mencionado tiene muchos detractores porque es candidato para ocupar un puesto en la Corte Suprema de Justicia. Su postulación ha generado críticas debido a su actuación en casos anteriores. Sin embargo, esto no debería generalizarse, aunque es común que en niveles superiores haya este tipo de controversias», dijo Ramírez.
Además, añadió que «Argentina tiene una trayectoria intachable en materia de derechos humanos. Ha juzgado a los criminales de lesa humanidad de la última dictadura militar, lo cual es muy relevante. Creo que esa reputación internacional respalda al juez y le da credibilidad».
¿Cercanía con Milei beneficia la causa contra Ortega?
Pese a que Lijo tiene cercanía con el mandatario argentino, Ramírez descarta que esto tenga algún impacto en las investigaciones del caso de Nicaragua.
«No creo que el presidente Milei esté detrás de este proceso. Este comenzó durante el gobierno de Alberto Fernández, por lo que no había indicios de intervención política futura. Más bien, parece obedecer a una acción judicial relevante en un país democrático como Argentina, donde es común abrir este tipo de causas, aunque no siempre resulten efectivas contra los imputados», dijo Ramírez, quien reiteró que estas acciones tienen valor por su enfoque reparatorio hacia las víctimas y porque profundizan las investigaciones que no se realizan en los países de origen.
«Creo que en este caso, tanto el juez como Richarte vieron una oportunidad para ayudar sinceramente a Nicaragua, un país que enfrenta una de las peores crisis de derechos humanos», añadió.
En opinión de Ramírez, el fallo de Lijo sobre los acusados de Nicaragua está bien fundamentado en el derecho argentino, el derecho penal internacional y en informes de organismos de derechos humanos.
Los señalamientos contra Lijo
Según un informe de la Asociación Civil por la Igualdad y la Justicia (ACIJ), Lijo enfrenta 32 denuncias disciplinarias y es el tercero con mayor cantidad de denuncias en el Juzgado Criminal y Correccional Federal entre 1999 y 2024.
Entre las denuncias se le señalan irregularidades en el manejo de las causas, desde la demora injustificada hasta incumplimientos de normas procesales, así como situaciones de violencia.
Sin embargo, ninguna denuncia en su contra ha concluido en sanciones, sino que la mayoría han sido rechazadas.
Lista extraoficial de acusados
Aunque no existe una lista oficial de los acusados, algunos nombres han trascendido desde el inicio de las investigaciones:
1. Daniel Ortega Saavedra
2. Rosario Murillo, vicepresidenta y esposa de Ortega
3. Francisco Díaz, jefe de la Policía
4. Ramón Avellán, subdirector de la Policía
5. Néstor Moncada Lau, asesor presidencial
6. Sonia Castro, exministra de Salud
7. Fidel Moreno, secretario general de la Alcaldía de Managua
8. Ramona Rodríguez, presidenta del Consejo Nacional de Universidades
9. Alba Luz Ramos, presidenta de la Corte Suprema de Justicia
10. Luis Pérez Olivas, jefe de la Dirección de Auxilio Judicial
11. Justo Pastor Urbina, jefe de la Dirección de Operaciones Especiales de la Policía
12. Aminta Granera, exdirectora de la Policía
