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El abogado Darío Richarte informó que un juez de Argentina citó a declarar y emitió una orden de detención con pedido de captura internacional contra los dictadores Daniel Ortega y Rosario Murillo. La decisión del juez federal Ariel Lijo, también afecta a diez miembros del círculo de poder del régimen, entre ellos jefes policiales y asesores presidenciales. La medida se enmarca en la denuncia presentada por Richarte ante el Juzgado Nacional Penal y Correccional número cuatro del Poder Judicial, con sede en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.
El caso que los abogados siguen en un tribunal de Argentina contra los Ortega Murillo y sus diez colaboradores es por las violaciones a los derechos humanos y los crímenes de lesa humanidad que cometieron contra los nicaragüenses en el marco de las protestas sociales de 2018.
«Luego de casi dos años y medio de investigación el juez acaba de resolver la citación a prestar declaración indagatoria y la orden de detención con pedido de captura internacional de Daniel Ortega, Rosario Murillo y de alrededor de una docena de otros responsables de graves violaciones a los derechos humanos. (…) Un poco de luz entre tanta oscuridad! Un poco de justicia para tantas víctimas», dijo Richarte en su cuenta en X.
El pasado 27 de agosto, Richarte anunció en sus redes sociales que su grupo legal radicado en Argentina solicitó una orden de captura internacional para el dictador Ortega, tras analizar e investigar los crímenes de lesa humanidad denunciados desde 2018 en Nicaragua.
¿Quiénes son los acusados?
Aunque no existe una lista oficial de los acusados en el caso nicaragüense, desde que se iniciaron las investigaciones se han conocido algunos nombres:
1. Daniel Ortega Saavedra
2. Rosario Murillo, vicepresidenta y esposa de Ortega
3. Francisco Díaz, jefe de la Policía
4. Ramón Avellán, subdirector de la Policía
5. Néstor Moncada Lau, asesor presidencial
6. Sonia Castro, exministra de Salud
7. Fidel Moreno, secretario general de la Alcaldía de Managua
8. Ramona Rodríguez, presidenta del Consejo Nacional de Universidades
9. Alba Luz Ramos, presidenta de la Corte Suprema de Justicia
10. Luis Pérez Olivas, jefe de la Dirección de Auxilio Judicial
11. Justo Pastor Urbina, jefe de la Dirección de Operaciones Especiales de la Policía
12. Aminta Granera, exdirectora de la Policía
Esfuerzo conjunto con la justicia argentina
Este esfuerzo de un grupo de abogados argentinos forma parte de la denuncia presentada en 2022 ante el Juzgado Nacional Penal y Correccional número cuatro del Poder Judicial, con sede en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.
La declaración indagatoria es definida por la justicia argentina como la primera oportunidad que tiene una persona para defenderse cuando es acusada (imputada) de cometer un delito. El Código Procesal Penal Federal de Argentina en el artículo 294 detalla que la declaración indagatoria ocurre “cuando hubiere motivo bastante para sospechar que una persona ha participado en la comisión de un delito, el juez procederá a interrogarla”.
La abogada y exrepresentante de Argentina ante la Organización de Estados Americanos (OEA), Paula Bertol, en entrevistas anteriores a LA PRENSA aseguró que “la declaración indagatoria es cuando la persona acude a un juzgado con la posibilidad de quedar arrestado. La persona ya no es un testigo simple, que va a contar lo que vio, sino que hay prueba suficiente en su contra, indicios contundentes que le hacen pensar al juez que puede tener algún grado de culpabilidad”.
Otros casos internacionales en tribunales de Argentina
Desde 1994, la Constitución argentina contempla la jurisdicción universal, basada en el principio de que algunos crímenes son de preocupación global y tan atroces que conciernen a la humanidad en su conjunto. Sin embargo, de los seis casos que se han seguido hasta ahora, no se ha logrado capturar a los perpetradores de crímenes de lesa humanidad.
Las causas contra los dictadores de Nicaragua y Venezuela son las más recientes. La justicia argentina avanza en la causa contra el mandatario venezolano Nicolás Maduro, junto con funcionarios y agentes de su régimen, acusados de cometer crímenes de lesa humanidad. El 23 de septiembre de 2024, la justicia argentina emitió una orden de captura internacional contra el dictador venezolano.
En 2010, se presentó ante los tribunales argentinos una causa para juzgar los crímenes cometidos por la dictadura de Francisco Franco en España. Esta fue la primera vez que cientos de víctimas presentaron su testimonio ante un tribunal en relación con este caso. Como resultado de este proceso, se logró la exhumación de varios cuerpos que se encontraban en fosas comunes. Sin embargo, el gobierno de Mariano Rajoy se negó a detener a exministros de la dictadura de Franco, argumentando que las órdenes de Interpol no son vinculantes.
También han emitido otras órdenes de captura
También se han iniciado causas contra las autoridades de Myanmar por el genocidio de los rohingyas, una etnia de Birmania que fue masacrada en noviembre de 2019. El 28 de junio de 2024, el fiscal argentino Guillermo Marijuán solicitó al tribunal penal que emitiera órdenes internacionales de detención contra 25 funcionarios de Myanmar. La lista está encabezada por Htin Kyaw, el noveno presidente de Myanmar.
Además, existen causas abiertas contra el príncipe de Arabia Saudita, Mohamed Bin Salman, por presuntos crímenes de lesa humanidad en el conflicto armado de Yemen desde 2014; contra el Estado turco por el delito de genocidio contra el pueblo armenio entre 1915 y 1921; y una investigación por crímenes de lesa humanidad cometidos en China contra aproximadamente cien millones de practicantes de la disciplina espiritual Falun Dafa.
