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Luego de que el juez federal argentino, Ariel Lijo citó a los dictadores Daniel Ortega y Rosario Murillo, y a diez miembros de su círculo de poder y cómplices de sus crímenes, y emitió órdenes de captura internacional para todos ellos, según especialistas consultados por LA PRENSA, se abre la posibilidad de que una vez restablecida la democracia en Nicaragua, se cuente con las pruebas necesarias para enjuiciarlos por los crímenes de lesa humanidad que cometieron.
El lunes 30 de diciembre, el abogado argentino Darío Richarte informó que el juez Lijo ordenó la citación y detención de Ortega y Murillo. Esta decisión también afecta a diez miembros del círculo de poder del régimen, incluidos altos mandos policiales y asesores presidenciales.
LA PRENSA intentó obtener declaraciones de Richarte, pero hasta el cierre de esta edición no fue posible que respondiera nuestras consultas.
El abogado nicaragüense Danny Ramírez Ayérdiz, secretario ejecutivo del Centro de Asistencia Legal Interamericano de Derechos Humanos (Calidh), destacó que esta medida constituye un hito, ya que es la primera vez que en Nicaragua responsables de crímenes de lesa humanidad, de los que hay abundantes pruebas, son sometidos al escrutinio judicial de otro país.
“Este proceso abre la posibilidad de establecer una verdad judicial incuestionable. Las pruebas presentadas ante este tribunal son contundentes y provienen de víctimas directas del régimen, sus familiares, peritos y funcionarios de organismos internacionales de derechos humanos presentes en los hechos. Estas evidencias fortalecen la denuncia contra los responsables”, señaló Ramírez.
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Recopilaron una gran cantidad de pruebas
En una entrevista concedida a Infobae, Richarte aseguró que han recopilado una “gran cantidad de pruebas documentales” contra Ortega, Murillo y los demás acusados. Estas “incluyen material producido por medios de comunicación, así como por personas en redes sociales que documentaron violaciones a los derechos humanos”, detalló Richarte.
Un abogado consultado bajo condición de anonimato por temor a represalias, subrayó que aunque no se inicie un juicio inmediato —ya que es poco probable que los acusados se presenten ante los tribunales argentinos—, esta medida elimina el riesgo de que las pruebas se pierdan o que los testigos fallezcan sin haber testificado.
“La preservación de estas pruebas es clave para futuros procesos judiciales en los que los responsables puedan ser juzgados presencialmente ante un tribunal”, indicó.
El abogado también señaló que, tras emitirse la orden de captura internacional, las fuerzas policiales argentinas podrían solicitar a la Organización Internacional de Policía Criminal (Interpol) que emita una alerta roja contra los acusados.
Los acusados son imputados de cometer asesinatos sistemáticos, ejecuciones extrajudiciales, torturas físicas y psicológicas, desapariciones forzadas, violaciones sexuales, persecución política, entre otros delitos de lesa humanidad.
Lista extraoficial de acusados
Aunque no existe una lista oficial de los acusados, algunos nombres han trascendido desde el inicio de las investigaciones:
1. Daniel Ortega Saavedra
2. Rosario Murillo, vicepresidenta y esposa de Ortega
3. Francisco Díaz, jefe de la Policía
4. Ramón Avellán, subdirector de la Policía
5. Néstor Moncada Lau, asesor presidencial
6. Sonia Castro, exministra de Salud
7. Fidel Moreno, secretario general de la Alcaldía de Managua
8. Ramona Rodríguez, presidenta del Consejo Nacional de Universidades
9. Alba Luz Ramos, presidenta de la Corte Suprema de Justicia
10. Luis Pérez Olivas, jefe de la Dirección de Auxilio Judicial
11. Justo Pastor Urbina, jefe de la Dirección de Operaciones Especiales de la Policía
12. Aminta Granera, exdirectora de la Policía
Mayor contundencia de la comunidad internacional
Ramírez y el abogado que brindó sus consideraciones de forma anónima, coincidieron en que esta medida podría motivar a la comunidad internacional a adoptar posturas más firmes contra el régimen nicaragüense.
“Es probable que esta resolución argentina inspire a otros países a ejercer su jurisdicción universal o incluso a que algún Estado interponga una demanda ante la Corte Internacional de Justicia (CIJ) por el incumplimiento de tratados internacionales contra la tortura y otros acuerdos de derechos humanos, de los cuales Nicaragua es parte”, señaló el abogado.
Por su parte, Ramírez indicó que será importante observar la reacción de la comunidad internacional ante este avance judicial y sus posibles implicaciones para el futuro de Nicaragua.
Justicia para las víctimas
Ramírez afirmó que este proceso marca un primer paso hacia la justicia para las víctimas. “Antes, las autoridades del régimen se escudaban en un discurso de soberanía, autodeterminación y paz, negando las violaciones de derechos humanos bajo el argumento de un supuesto golpe de Estado fallido”, recordó.
Obstáculos para iniciar el juicio en Argentina
Sin embargo, sin la presencia física de Ortega, Murillo y los demás acusados, no será posible iniciar formalmente el juicio.
«El régimen ha convertido a Nicaragua en un cuartel cerrado, bloqueando cualquier intento de acción judicial internacional. Es previsible que los acusados no se presenten, lo que llevará a que sean declarados en rebeldía. Aún así esto no impide que continúen las investigaciones y que nuevas víctimas se sumen al proceso”, dijo Ramírez.
Richarte concluyó que estas medidas no son la solución al problema de Nicaragua, pero representan “un rayo de luz en medio de tanta oscuridad para las víctimas”. Además, destacó que el aislamiento internacional del régimen es fundamental: “La verdadera justicia llegará cuando Nicaragua recupere la democracia”.
Antecedentes de la jurisdicción universal argentino
Desde 1994, la Constitución argentina contempla la jurisdicción universal, basada en el principio de que ciertos crímenes afectan a toda la humanidad. Sin embargo, de los seis casos seguidos hasta ahora no se ha logrado capturar a los responsables de crímenes de lesa humanidad.
Las causas contra los dictadores de Nicaragua y Venezuela son las más recientes. En septiembre de 2024, la justicia argentina emitió una orden de captura internacional contra el mandatario venezolano Nicolás Maduro y varios de sus colaboradores, acusados de crímenes de lesa humanidad.
En 2010, los tribunales argentinos comenzaron una causa para investigar los crímenes de la dictadura de Francisco Franco en España. Este proceso permitió que cientos de víctimas testificaran y que se exhumaran cuerpos de fosas comunes, aunque el gobierno de Mariano Rajoy se negó a detener a exministros franquistas, alegando que las órdenes de Interpol no eran vinculantes.
