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Después de dos años la investigación penal que se sigue en Argentina contra los dictadores Daniel Ortega, Rosario Murillo y al menos diez de sus secuaces, acusados de cometer crímenes de lesa humanidad, llegó a la etapa en la que la justicia los citó a declarar y emitió una orden de captura internacional.
La acusación fue presentada el 6 de octubre de 2022, es decir nueve meses después de que los dictadores Ortega y Murillo se autoproclamaran presidente y vicepresidenta de Nicaragua, tras unas elecciones fraudulentas cuestionadas por la comunidad internacional. En ese momento, se anunció que el juez Ariel Lijo autorizó que la justicia argentina iniciara una investigación penal contra ellos a partir de una querella presentada por los abogados Darío Richarte y Diego Pirota, que también avanzó gracias al pedido del fiscal Eduardo Taiano.
El caso avanza bajo el principio de jurisdicción universal, que permite a tribunales ―en este caso, los de Argentina― investigar y juzgar delitos cometidos en otros países. Desde 1994, el artículo 118 de la Constitución argentina contempla esta jurisdicción, facultando a la justicia federal para investigar violaciones a los derechos humanos ocurridas en otras naciones.
Argentina abre las puertas a juicios en otros tribunales
Danny Ramírez Ayérdiz, secretario ejecutivo del Centro de Asistencia Legal Interamericano en Derechos Humanos (Calidh) destacó que esta medida constituye «un hito», ya que es la primera vez que en Nicaragua responsables de crímenes de lesa humanidad, de los que hay abundantes pruebas, son sometidos al escrutinio judicial de otro país que podrán contribuir a procesos judiciales en Nicaragua una vez se restablezca la democracia en el país.
“Este proceso abre la posibilidad de establecer una verdad judicial incuestionable. Las pruebas presentadas ante este tribunal son contundentes y provienen de víctimas directas del régimen, sus familiares, peritos y funcionarios de organismos internacionales de derechos humanos presentes en los hechos. Estas evidencias fortalecen la denuncia contra los responsables”, señaló Ramírez
Días después se ampliaron las acusaciones
El 2 de noviembre de 2022, Calidh presentó una denuncia contra Ortega, Murillo y otros siete funcionarios por crímenes de lesa humanidad cometidos en el contexto de las protestas cívicas de 2018. Entre los denunciados se incluyeron al jefe de la Policía, primer comisionado Francisco Díaz; al comisionado Ramón Avellán; y a los asesores presidenciales Néstor Moncada Lau y Sonia Castro, exministra de Salud.
Calidh propuso también al secretario general de la Alcaldía de Managua, Fidel Moreno; a la presidenta del Consejo Nacional de Universidades (CNU) y rectora de la UNAN-Managua, Ramona Rodríguez; y a la presidenta de la Corte Suprema de Justicia (CSJ), la magistrada Alba Luz Ramos.
En esa ocasión, Calidh presentó ante el Juzgado Federal cuatro informes elaborados por organismos de derechos humanos de la Organización de Naciones Unidas (ONU) y la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH).
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Posteriormente, el 17 de noviembre de 2022, se amplió la investigación contra Ortega y Murillo, incorporando entre los acusados a Aminta Granera, exdirectora de la Policía sandinista, quien renunció en 2018 tras las protestas. Sin embargo, se señala que la exjerarca policial habría ordenado la represión de las manifestaciones, las cuales dejaron al menos 355 personas asesinadas, según investigaciones del Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes (GIEI) de la CIDH.
Otra denuncia de Calidh
El 4 de marzo, Calidh presentó ante los tribunales argentinos una nueva querella contra Ortega y Murillo por el despojo de la nacionalidad de Danny Ramírez Ayérdiz, secretario ejecutivo del organismo, incluido en la lista de 94 nicaragüenses despojados de su nacionalidad el 15 de febrero de 2023.
En esa ocasión, Ramírez declaró a LA PRENSA que en la denuncia se pidió que “indagaran a todos aquellos funcionarios y civiles que tengan que ver en estos delitos” y que se solicitara al Ministerio de Relaciones Exteriores, Comercio Internacional y Culto de Argentina que se comunicara diplomáticamente con la cancillería de Nicaragua para que “se envíe la documentación judicial donde se le imputa el supuesto delito que lo hace traidor a la patria”.
Richarte solicitó que se girara orden de captura
El 27 de agosto, Richarte anunció que solicitó a la justicia argentina que emitiera una orden de captura internacional contra Ortega, Murillo y sus colaboradores.
“La solicitud se funda en la gravedad de las imputaciones, que incluyen asesinatos, torturas, desapariciones forzadas, detenciones arbitrarias y persecución por motivos políticos y religiosos, entre otros crímenes, todos ellos considerados crímenes de lesa humanidad”, declaró Richarte al medio de comunicación Infobae.
LA PRENSA solicitó entrevistas y declaraciones a Richarte, pero hasta el momento no ha respondido a las consultas.
Declaración de Francisco Díaz usada como prueba
En una entrevista publicada en octubre de 2024, el primer comisionado de la Policía, Francisco Díaz, reafirmó que la Policía “es sandinista” y que sus miembros son militantes del partido de la dictadura. También afirmó que en 2018, durante la crisis sociopolítica, la Policía se limitó a cumplir las órdenes del dictador Daniel Ortega, quien es el jefe supremo de la institución.
El 15 de octubre, Richarte aseguró que la “confesión” de Díaz fue incluida como prueba en el caso ante los tribunales argentinos.
“En esas declaraciones el jefe de la Policía Nacional de Nicaragua atribuyó responsabilidad directa a Daniel Ortega y a Rosario Murillo como los autores de las órdenes para ejecutar la represión de los reclamos sociales del año 2018”, publicó Richarte en su cuenta de X.
En declaraciones a LA PRENSA, Ramírez señaló que las declaraciones de Díaz “constituyen una prueba muy fuerte”, porque, a su juicio, “es la primera vez que un alto funcionario de Nicaragua admite abiertamente cómo fue la cadena de mando” de la represión en 2018.
Orden de captura emitida por Argentina
El 30 de diciembre, el abogado Darío Richarte informó que un juez de Argentina citó a declarar y emitió una orden de detención con pedido de captura internacional contra los dictadores Daniel Ortega y Rosario Murillo.
La decisión del juez federal Ariel Lijo también afecta a diez miembros del círculo de poder del régimen, incluidos jefes policiales y asesores presidenciales. Esta medida se enmarca en la denuncia presentada por Richarte ante el Juzgado Nacional Penal y Correccional número cuatro del Poder Judicial, con sede en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.
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Tal como sucedió con el caso del dictador Nicolás Maduro, sobre quien la justicia argentina también emitió una orden de captura internacional, se espera que, en el caso de Ortega y sus colaboradores, la Organización Internacional de Policía Criminal (Interpol) sea notificada formalmente por las autoridades argentinas para que emita las alertas rojas correspondientes.
¿Quiénes son los acusados en Argentina?
Aunque no existe una lista oficial de los acusados en el caso nicaragüense, se han conocido algunos nombres desde que iniciaron las investigaciones:
1. Daniel Ortega Saavedra
2. Rosario Murillo, vicepresidenta y esposa de Ortega
3. Francisco Díaz, jefe de la Policía
4. Ramón Avellán, subdirector de la Policía
5. Néstor Moncada Lau, asesor presidencial
6. Sonia Castro, exministra de Salud
7. Fidel Moreno, secretario general de la Alcaldía de Managua
8. Ramona Rodríguez, presidenta del Consejo Nacional de Universidades
9. Alba Luz Ramos, presidenta de la Corte Suprema de Justicia
10. Luis Pérez Olivas, jefe de la Dirección de Auxilio Judicial
11. Justo Pastor Urbina, jefe de la Dirección de Operaciones Especiales de la Policía
12. Aminta Granera, exdirectora de la Policía
Solidaridad entre acusados
El dictador venezolano Nicolás Maduro ―quien también enfrenta una causa ante los tribunales argentinos― fue el único jefe de Estado que reaccionó en favor de Ortega, rechazando de “manera contundente” la orden de captura internacional.
«Esta ridícula acción, basada en falsedades de agentes alineados al hegemonismo occidental y de sectores opositores antisandinistas, demuestra el uso político del sistema judicial argentino como un instrumento de intervención», expresó la dictadura venezolana.
