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Las investigaciones judiciales en Argentina han puesto en la mira a 16 funcionarios del régimen de Daniel Ortega y Rosario Murillo, así como a los propios dictadores. Aunque inicialmente se mencionaba que los acusados eran 12, en realidad la cifra asciende a 16 —sin incluir a Ortega y Murillo—, a quienes el 30 de diciembre el juez federal argentino Ariel Lijo los citó a declarar, a la vez que emitió una orden de captura internacional para todos ellos.
El caso progresa amparado en el principio de jurisdicción universal, que habilita a los tribunales ―en este caso, los de Argentina― a investigar y enjuiciar crímenes perpetrados en el extranjero. Desde 1994, el artículo 118 de la Constitución argentina reconoce esta potestad, permitiendo a la justicia federal abordar violaciones a los derechos humanos sucedidas en otros países.
Inicialmente, el 6 de octubre de 2022, los abogados argentinos Darío Richarte y Diego Pirota presentaron la acusación, pero posteriormente organismos de la sociedad civil presentaron otras denuncias.
Acusados por al menos 14 tipos de delitos
Los orteguistas cometieron al menos 14 tipos de delitos, que incluyen: ejecuciones extrajudiciales, desapariciones forzadas, torturas, traslados forzados, persecuciones políticas y detenciones arbitrarias. También se les imputa negar atención médica, despedir trabajadores por razones políticas y usar fuerza excesiva contra manifestantes. Además, se documentaron censura, hostigamiento a periodistas, cierre de medios y actos de corrupción para mantener estas políticas represivas.
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Estas denuncias se fundamentan en relatos de víctimas y en informes de organizaciones internacionales de derechos humanos. Además, se sumaron a los testimonios familias de víctimas que han denunciado públicamente ejecuciones extrajudiciales y desapariciones, proporcionando evidencia como fotografías, registros médicos y declaraciones juradas.
Aparte de Daniel Ortega y Rosario Murillo, estos son los 16 secuaces y los delitos que se les imputan:
Julio César Avilés
La querella señala a Julio César Avilés Castillo, jefe del Ejército de Nicaragua, imputado por su papel en la represión estatal. Se le acusa específicamente de proveer armamento a los grupos paramilitares que participaron en actos represivos contra manifestantes durante las protestas de 2018.
Avilés fue sancionado el 20 de mayo de 2020 por el Departamento de Estado de Estados Unidos por estas causas.
Gustavo Porras
Gustavo Eduardo Porras Cortés, presidente de la Asamblea Nacional de Nicaragua, es señalado por su presunta participación en la represión de las protestas de abril de 2018. Se le atribuye el control de los sindicatos para coordinar y facilitar acciones represivas contra los manifestantes.
Además, se menciona que presuntamente trabajó en colaboración con otros funcionarios, como Roberto José López, del Instituto Nicaragüense de Seguridad Social, para reprimir manifestantes.
Roberto López
López es director del Instituto Nicaragüense de Seguridad Social y se le señala ante la justicia argentina de colaborador en las acciones represivas lideradas por Porras. En particular, se señala que López planificó y ejecutó medidas relacionadas con la represión en el contexto de las protestas de abril de 2018, aunque no se detallan acciones específicas.
Oscar Valladares
Valladares es asesor presidencial en temas de seguridad y defensa, quien presuntamente participó en la planificación de la represión llevada a cabo en Nicaragua durante las protestas de 2018. Coordinó acciones que involucraron tanto a las fuerzas de seguridad del Estado como a grupos parapoliciales para la represión.
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Ovidio Reyes
Según la denuncia, Reyes, en su calidad de presidente del Banco Central de Nicaragua, habría financiado actividades criminales vinculadas a la familia Ortega Murillo. Su rol se describe en el contexto del esquema de represión estatal, proporcionando apoyo económico al régimen para implementar y sostener políticas represivas contra la población civil, en particular durante las protestas sociales de 2018.
José Francisco López
José Francisco «Chico» López Centeno, estrechamente vinculado al régimen Ortega Murillo, ha ocupado cargos clave como vicepresidente de Albanisa y presidente de Petronic. Ha sido señalado de corrupción y desvío de fondos públicos, incluyendo el manejo opaco de recursos provenientes de la cooperación venezolana a través de Albanisa.
En 2018, fue sancionado por Estados Unidos bajo la Ley Global Magnitsky por corrupción y violaciones de derechos humanos. Sin embargo, la querella ante los tribunales de Argentina no menciona estos señalamientos específicos.
Lumberto Campbell
Campbell, magistrado del Consejo Supremo Electoral (CSE) , es mencionado entre los imputados en el contexto de las investigaciones en Argentina. Sin embargo, no se detallan imputaciones específicas sobre acciones o roles concretos que se le atribuyan. Su nombre aparece listado junto con otros altos funcionarios en el marco de la represión estatal.
Oscar Mojica
Mojica, ministro de Transporte de Nicaragua, es acusado de haber diseñado e implementado el denominado plan «exilio, cárcel o muerte», que formó parte de la estrategia represiva del régimen.
Francisco Díaz, consuegro de Ortega
Cuatro meses después del inicio de las protestas contra el régimen Ortega Murillo, el 23 de agosto de 2018, lo nombraron director de la Policía. Según su currículum, Francisco Díaz se graduó de abogado y es máster en Derecho Constitucional por la Universidad Centroamericana (UCA), institución que la dictadura confiscó en 2023. Además, es consuegro de los dictadores, y el 5 de julio de 2018, por abusos a los derechos humanos que cometió durante las protestas, el Departamento del Tesoro de Estados Unidos lo sancionó a través de la Ley Magnitsky.
Ramón Avellán
Es el subdirector de la Policía y por las violaciones a los derechos humanos que cometió el 7 de noviembre de 2019 Estados Unidos lo sancionó de conformidad con la Ley de Derechos Humanos y Anticorrupción de Nicaragua de 2018 (NHRAA, por sus siglas en inglés). A Avellán lo acusan de liderar la sangrienta represión contra los manifestantes de Masaya en los momentos más álgidos de las protestas cívicas. El departamento del Tesoro lo responsabiliza por 107 muertes y cientos de heridos.
El rol de Avellán era sostener el asedio, la represión y el control en la ciudad de Masaya, con un enfoque particular en el emblemático barrio de Monimbó.
Néstor Moncada Lau
Su nombre figura en la lista de sancionados por Estados Unidos, Suiza, Canadá, Reino Unido y la Unión Europea. Incluso, Estados Unidos amplió la sanción a su círculo familiar integrado por su esposa, dos hijas y tres hijos.
Según el Departamento de Estado de Estados Unidos, Moncada estuvo involucrado en “corrupción significativa” al aceptar sobornos a cambio de utilizar su control sobre las autoridades tributarias y aduaneras de Nicaragua para facilitar y mantener un esquema de fraude aduanero e importación, beneficiando económicamente a miembros del régimen Ortega Murillo. A Moncada Lau le señalan haber realizado pagos para contrarrestar a los manifestantes en 2018.
Sonia Castro
Sonia Castro fue ministra de Salud entre 2010 y 2019, Estados Unidos y Canadá la sancionaron y actualmente se desempeña como asesora presidencial en temas de salud. La acusan de haber ordenado que en los hospitales públicos no atendieran a los heridos de las protestas. Aunque ella desmintió esa versión, los familiares de las víctimas sostienen lo contrario.
La madre de Álvaro Conrado es una de las personas que lo constató. Su hijo de 15 años murió desangrado cuando le negaron la atención médica en un centro asistencial, a donde lo llevaron luego de recibir un disparo en la garganta mientras le repartía agua a los estudiantes que protestaban.
Fidel Moreno
Públicamente se le señala de dirigir actos de violencia cometidos por la Juventud Sandinista y grupos armados implicados en los abusos contra los derechos humanos durante las protestas de 2018, por lo que también está sancionado por la Ley Magnitsky. Se le acusa de destinar recursos públicos para la represión.
Ramona Rodríguez
Ramona Rodríguez es rectora de la Universidad Nacional Autónoma de Nicaragua (UNAN-Managua) y presidenta del Consejo Nacional de Universidades (CNU). A Rodríguez la acusan de expulsar de las universidades públicas a los estudiantes que se manifestaron contra el régimen Ortega Murillo, de ordenar la destrucción de los expedientes académicos de los expulsados, despidos injustificados y de ser cómplice de la confiscación de la Universidad Centroamericana (UCA), acción que el régimen concretó en agosto de 2023. Estados Unidos la incluyó en la Lista de Actores Corruptos y Antidemocráticos, conocida como “Lista Engel”.
Alba Luz Ramos
Es la expresidenta de la Corte Suprema de Justicia (CSJ) y Estados Unidos la señala de ser responsable de graves violaciones de los derechos humanos y de ser una de las fichas clave para la represión contra opositores; esto provocó que la Unión Europea y Canadá la sancionaran.
Pero su fidelidad a los Ortega Murillo no la salvó de una supuesta barrida ejecutada en el poder judicial desde 2023. Fuentes cercanas a la CSJ aseguraron que la desalojaron de manera abrupta de su oficina y desde entonces no se ha visto en ninguna actividad pública.
Luis Pérez Olivas
Hasta septiembre de 2023 Pérez Olivas fue jefe de la Dirección de Auxilio Judicial (DAJ), centro de detención llamado popularmente el Chipote y reconocido como centro de torturas; además, se encargó de fabricar pruebas en contra de opositores a la dictadura de Daniel Ortega.
Armar estos casos le valió en 2018 que Daniel Ortega lo ascendiera a comisionado general y por su rol en el esquema represivo recibió sanciones de Estados Unidos, Canadá y la Unión Europea.
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Justo Pastor Urbina
Urbina comanda la Dirección de Operaciones Especiales (DOEP), un cuerpo policial señalado de hostigar y agredir a opositores. En 2020 cuando lo sancionó el Departamento del Tesoro de Estados Unidos justificó la acción asegurando que participó “en actos significativos de violencia o conductas que constituyen graves abusos o violaciones de derechos humanos contra personas vinculadas con las protestas que empezaron el 18 de abril de 2018”.
Aminta Granera
Granera fue directora de la Policía desde el 5 de septiembre de 2006 hasta el 28 de abril de 2018, cuando dimitió.
El 17 de noviembre de 2022 trascendió que la justicia argentina también incluyó a Granera en las investigaciones por cometer crímenes de lesa humanidad mientras dirigía la represión policial durante las primeras protestas de 2018.
Daniel Ortega y Rosario Murillo
Ortega retornó al poder en 2007 y Murillo asumió el rol oficial de vocera y con el tiempo incrementó su control sobre todos los funcionarios públicos, pero desde 2017 ostenta el cargo de vicepresidenta.
En diciembre de 2018, el Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes (GIEI) determinó que Ortega y Murillo ejecutaron “crímenes de lesa humanidad”, mediante una política de represión impulsada y avalada por la máxima autoridad del Estado.
El 2 de marzo, el Grupo de Expertos sobre Derechos Humanos en Nicaragua (GHREN) de la ONU responsabilizó a Ortega y Murillo de la comisión de crímenes de lesa humanidad.
