La dictadura Ortega Murillo reveló que en Nicaragua se suministran pensiones alimenticias a favor de 67,550 menores de edad, según detalló en el informe nacional presentado ante el Consejo de Derechos Humanos de la Organización de Naciones Unidas (ONU) en septiembre de este año, de cara al Examen Periódico Universal (EPU).
En el párrafo 32 del informe, el régimen aseguró que desde la Corte Suprema de Justicia y los órganos jurisdiccionales se «restituyó» el derecho —pese a que el gobierno de turno lleva 17 años consecutivos en el poder— a los alimentos para 67,550 menores, pero no especifica en qué período y tampoco brinda información adicional sobre las edades de los beneficiarios.
Para agilizar la entrega de las pensiones alimenticias, según la información, se continúa implementando el «Sistema Único de Pensiones Automatizado», que administra 54,081 pensiones alimenticias ―administrativas y judiciales― beneficiando a 62,962 menores de edad.
El informe tampoco señala de qué forma solucionan la cantidad de denuncias que registra el Ministerio Público por incumplimiento de pensiones alimenticias. Según las cifras del Ministerio Público, en 2023 se recibieron 2,858 denuncias por incumplimiento de pensiones alimenticias, pero no refiere cuántos casos han fallado a favor de las víctimas, que en su mayoría, tienen edades entre 0 y 9 años.
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«Sabemos que el tema de las pensiones es un problema gravísimo que afecta a la niñez y adolescencia. No solamente tiene que ver con el desempleo o empleo precario, sino que también con patrones de socialización que hacen que los hombres abandonen su responsabilidad de proveer recursos», dijo la socióloga y feminista María Teresa Blandón en declaraciones a LA PRENSA.
«Ese dato que nos dan sobre las pensiones de alimentos es en realidad una cifra menor. Si no te dan el universo, no podemos saber a cuánto corresponde, ni cuánto es el porcentaje de lo que representa esa cifra con relación al total de reclamos por alimentos», dijo Blandón.
No hay forma de verificar
Según Blandón, pese a los resultados no existen formas de verificar que el Estado de Nicaragua cumpla con sus obligaciones de protección a menores de edad y a las familias nicaragüenses.
«Hay una permanente improvisación. Hablan de una cifra enorme de encuentros y talleres, pero no se sabe nada de los orígenes de las comisiones que atienden esto. Si realmente estuvieran promoviendo una vida armoniosa, no tendríamos los niveles de violencia en este país», refirió Blandón.
Dictadura asegura que cumple con prevención de la violencia
El informe del régimen Ortega Murillo señala que «cumpliendo con la política de Estado para el fortalecimiento de la familia nicaragüense y la prevención de la violencia», 47,137 madres, padres y tutores participaron en escuelas de valores.
No obstante, los datos del informe de gestión de la Fiscalía reflejan que la segunda causa de acusaciones en 2023 fueron los delitos contra la mujer, registrando 3,360 ese año, algo que no menciona la dictadura en su informe ante la ONU. La cantidad es inferior a los 3,470 casos que se registraron en 2022 y a los 3,399 registrados en 2021. En 2023, de las 3,360 acusaciones, 2,884 fueron por delitos graves.
En 2023 se registraron 3,881 casos de abuso contra menores de edad entre 0 a 17 años, 225 más que los contabilizados en 2022, según cifras del Instituto de Medicina Legal (IML). En los últimos cinco años, entre 2018 y 2023, el IML registra 20,408 casos de violencia sexual contra niñas y adolescentes menores de 18 años. De este total, las menores entre 13 y 17 años son las que más sufrieron casos de violencia sexual, registrando 11,029 incidentes, 1,650 más que los presentados en las niñas de 0 a 12 años.
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Los datos de 2023 del IML, basados en los boletines mensuales ese año, detallan que se registraron 4,394 casos de violencia sexual a menores de edad de ambos sexos. En los últimos cinco años, se registraron 23,499 casos de violencia sexual en hombres y mujeres. El informe ante el EPU tampoco menciona estos datos.
Supuesta protección de familias
Según el informe del régimen de cara al EPU, se «restituyeron» derechos de 46,184 menores de edad en materia de alimentos, cuido, crianza, régimen de comunicación y visita, por medio de conciliaciones familiares ante el Ministerio de la Familia. A consideración de Blandón, estos datos omiten la realidad de pobreza y las crecientes brechas de desigualdad en el país.
«No se puede hablar de protección a la familia y restitución de derechos a las familias nicaragüenses, incluyendo a las niñas y niños en un país donde más de 700 mil familias no han caído en la pobreza extrema gracias a las remesas familiares. No es el Estado el que está invirtiendo para que las familias sucumban ante la pobreza», manifestó Blandón.
