LA PRENSA/Ministerio Público

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Acusaciones por incumplimiento de pensiones alimenticias entre las principales de la Fiscalía en 2023

Conozca en qué casos se extingue la responsabilidad de dar alimentos

Hace cinco años, la mamá de «Cristina», a quien llamaremos así para preservar su identidad, recibió la última pensión alimentaria del papá de la menor, quien no la aceptaba públicamente como su hija. El progenitor solamente le brindaba 700 córdobas al mes y lo hizo por nueve años, luego que la madre lo demandara.

«Él nunca me dio nada, ni siquiera el apellido. Cuando mi mamá inició el proceso de demanda, mi papá me negó varias veces y llegaba con un abogado para amenazarla y obligarla para que retirara la demanda», relató Cristina. Finalmente él aceptó, pero no hubo ningún seguimiento por parte de las autoridades para el cumplimiento de la pensión.

«Cumplió cuando quiso y si no cumplía no pasaba más nada. Tampoco quiso llegarme a ver. Al final, la mayoría de las cosas las obtenía por mi madre», relató.

El delito por incumplimiento de la pensión alimenticia es de los más recurrentes en las acusaciones del Ministerio Público. En 2023, esta fue la tercera causa con mayor número de acusaciones por parte del Ministerio Público (Fiscalía), según datos de ese ente recopilados por LA PRENSA.

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Según la información oficial, 2,858 acusaciones fueron por incumplimiento de los deberes alimentarios, cantidad similar a la que se registró en 2022, pero inferior a los 3,868 acusaciones que se tramitaron en 2021.

«Aún así, hablar de menos de 3,000 denuncias es bajo, más cuando la tasa de fecundidad es alta y la mayoría de los hogares viven en condiciones de pobreza. Esto hace pensar que las mujeres que en general se quedan a cargo de los menores no estén llegando a interponer las demandas o que las retiren», dijo la socióloga y feminista María Teresa Blandón a LA PRENSA.

Sin embargo, los informes de gestión no son totalmente claros y no explican qué sucedió después con las demandas.

«Lo que hace falta en estos datos es decir qué pasó, cómo se tramitaron, cuántas fueron resueltas a favor de los niños y las niñas. No podemos saber el nivel de eficiencia con la que se tramita esa demanda. Solo el dato simple lo que nos hace constatar es que la falta de responsabilidad paterna sigue siendo un problema», aseveró Blandón.

Reducción de demandas por pensión alimenticia no significa «mejoras»

La socióloga también refirió que la disminución de las demandas del Ministerio Público por pensión alimenticia también es «una señal de alerta», porque, al persistir el problema en la sociedad puede deberse a diversos factores que hacen que los tutores de los menores de edad no acceden a la justicia. «Esto nos habla de más impunidad», refirió.

María Teresa Blandón, feminista y socióloga nicaragüense. La Prensa

En 2023, las principales víctimas de incumplimiento en los deberes alimentarios tenían edades entre 0 y 9 años. En ese año, 1,560 menores fueron afectados por incumplimiento en la pensión alimenticia.

El Código de la Familia establece en el artículo 316 que se deben alimentos a los hijos que no alcanzan mayoría de edad, sin unión de hecho estable, sin laborar, discapacitados. Además, recibe el o la cónyuge o conviviente mientras no tenga para su sustentación.

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También se debe pensión en caso de que hermanos, ascendientes y descendientes se encuentren en condición de necesidad.

¿En qué casos se extingue la obligación de dar alimentos?

El artículo 330 del Código de la Familia señala que en caso de incumplimiento de los deberes alimentarios se dará parte al Ministerio Público para establecer la responsabilidad penal que deriva de esa omisión.

Sin embargo, el artículo 331 señala que la obligación de dar alimentos se extingue por la muerte del que brinda la pensión o del que la recibe.

Además, se cesa la obligación de dar alimentos cuando los hijos alcanzan la mayoría de edad. Sin embargo, en algunos casos pueden seguir recibiendo pensión hasta los 21 años, mientras realicen estudios y siempre y cuando no hayan contraído matrimonio.

Además, se cesa la responsabilidad cuando los hijos hayan sido emancipados (liberados de la patria potestad), excepto en casos de enfermedad o discapacidad que les impida su subsistencia.

También se cesa la responsabilidad por daños graves contra el que provee la pensión por parte del alimentario o cuando exista conducta reprensible del que solicita la pensión.

La Ley permite a las mujeres recurrir ante los tribunales para hacer cumplir la sentencia o acuerdo a través de la vía penal, donde el resultado puede ser la cárcel. LAPRENSA/ARCHIVO

Delitos contra la mujer fue la segunda causa con mayor número de acusaciones

Los datos del informe de gestión de la Fiscalía reflejan que la segunda causa de acusaciones en 2023 fueron los delitos contra la mujer, registrando 3,360 acusaciones en ese año. La cantidad es inferior a los 3,470 casos que se registraron en 2022 y a los 3,399 registrados en 2021. En 2023, de las 3,360 acusaciones, 2,884 fueron por delitos graves.

Aun así, Blandón considera que la cantidad de demandas del Ministerio Público por delitos contra las mujeres es baja, debido a que es un problema persistente en la sociedad.

«Conocemos casos de mujeres que ponen la denuncia en la Policía y las atienden de mala manera o no reportan la demanda en los archivos. Es un subregistro y tampoco se sabe qué pasó con esas denuncias», refirió Blandón.

Las cifras reflejan también una reducción en las mediaciones por los delitos contra la mujer. En 2021, se llevó por la vía de mediación previa a 616 personas, mientras que en 2023 solamente 298 se beneficiaron por el «principio de oportunidad». No obstante, la Fiscalía no explica cuántos casos por este delito se resolvieron a través de la mediación previa.

En 2023, la Fiscalía tramitó 12 acusaciones por femicidios. Sin embargo, cabe destacar que este es un subregistro, ya que organizaciones de la sociedad civil como Católicas por el Derecho a Decidir registraron en ese año 74 femicidios.

Fiscalía asegura que «mejora» seguridad ciudadana

En su informe, la Fiscalía señala que en el año 2023 atendió a 25,369 víctimas de delitos, registrando una disminución de 16 % en comparación con lo registrado el año previo «debido a las mejores condiciones de seguridad y convivencia que experimentamos a nivel general en nuestro país», argumenta la cartera.

Además, en 2023 acusaron a 24,988 personas, 23,811 hombres y 1,177 mujeres. En ese año, el delito con más acusaciones por parte de la Fiscalía fue el de robos y hurtos en todas sus modalidades y abigeatos con 4,071 acusaciones.

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