La dictadura de Daniel Ortega y su esposa Rosario Murillo declaró de utilidad pública 35 propiedades del municipio y departamento de Managua, que supuestamente se encuentran en estado de abandono, en un contexto de confiscaciones y saqueo de propiedades privadas a opositores políticos.
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Las 35 propiedades fueron declaradas de utilidad pública a través del Acuerdo Administrativo 38-2024 de la Procuraduría General de la República (PGR), publicado este miércoles 16 de octubre en el diario oficial La Gaceta. El Acuerdo manifiesta «que es obligación del Estado fortalecer la seguridad nacional en todos los ámbitos, incluyendo la seguridad ciudadana y en cumplimiento a la misma se requiere declarar de utilidad pública 35 propiedades que se encuentran en estado de abandono y que podrían ser utilizadas para perturbar la paz, el bienestar social y la seguridad ciudadana de los nicaragüenses».
El Acuerdo establece que se fundamenta en la Ley de Expropiación, que en el artículo 4 establece la «declaración de utilidad pública o interés social».
Las propiedades, que solo aparecen como asientos registrales, tienen extensiones comprendidas desde 207 metros cuadrados hasta 2,309 metros cuadrados, la más grande.
«Todo lo relacionado a la adquisición de los derechos reales, y demás derechos afectados que se deriven de la presente declaratoria de utilidad pública, se establecen a favor del Estado de la República de Nicaragua; Nómbrese Unidad Ejecutora a la Procuraduría General de la República en Representación del Estado de Nicaragua», agrega el Acuerdo.
Confiscaciones
Algunos opositores no dudan que estas propiedades sean las mismas que la dictadura ha robado. Amaru Ruiz, opositor en el exilio, manifestó en su cuenta de X (antes Twitter) que «posiblemente sean propiedades de opositores, excarcelados u organizaciones canceladas arbitrariamente por el régimen».
Los últimos años, la dictadura Ortega Murillo ha confiscado cientos de propiedades a sus adversarios políticos, entre las que hay casas, oficinas de medios de comunicación, empresas, negocios, entre otros. Algunas de estas han sido convertidas oficialmente en centros de salud o centros educativos. Otras propiedades confiscadas están funcionando como negocios, como por ejemplo la casa de la mamá del exmagistrado Rafael Solís, ubicada en el exclusivo sector de Villa Fontana (Managua), convertida en un restaurante.
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Algunas de las propiedades confiscadas de mayor extensión han sido destinadas a proyectos de vivienda social, como el terreno de la feria ganadera Expica, ubicado en el Sector Norte Linda Vista, Distrito II de la ciudad de Managua, que tiene un área de 129,808.14 metros cuadrados.
Expica era la feria ganadera más importante de Nicaragua, pertenecía a la Asociación para el Desarrollo Agropecuario de Nicaragua, y fue cancelada por la dictadura en 2023. Ese terreno fue destinado al proyecto habitacional Bismarck Martínez, que desarrolla el Residencial Mirador Xolotlán en Managua.
