La Corte Suprema de Justicia (CSJ), controlada por la dictadura Ortega Murillo, comenzó a reactivar “bajo revisión por Inspectoría” a algunos abogados y notarios en su sistema de registro.
En julio pasado, el orteguismo ordenó una barrida masiva de al menos 2,000 abogados a los que, en su mayoría por razones políticas, privaron de seguir ejerciendo su labor como profesionales del Derecho.
Algunos abogados entrevistados por LA PRENSA explicaron que los pocos casos que hasta ahora la Corte autorizó a que reaparecieran en su sistema corresponden a personas que fueron eliminadas o desactivadas en el sistema por motivos políticos.
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Explicaron que los que fueron reactivados en el sistema de registro de abogados y notarios de la CSJ son letrados que llegaron hasta la sede central de la Corte, fueron investigados y algunos incluso obligados a firmar una carta de compromiso.
“Los han restituido porque han firmado un documento, sobre todo algunos casos que eran meramente políticos… Se les reactivó bajo revisión luego de que fueron a Managua y les hicieron firmar un documento en el que se comprometen a no vincularse con nada político”, indicó un abogado del norte del país que fue afectado por el cese de su labor.
Aparece en registro, pero no puede ejercer
Otro letrado, que también había sido eliminado en julio pasado, confirmó que en su caso ahora nuevamente aparece en el sistema de registro de la CSJ.
Aclaró que esto ocurrió luego de que asistió a la sede central de la Corte y escribió en reiteradas ocasiones a esa institución.
“Ahora aparezco en el sistema, pero sigo suspendido de funciones, dice que no estoy autorizado a cartular”, señaló el letrado afectado.
Los que ahora aparecen de nuevo en el sistema, además de no aparecer autorizados para cartular, también aparecen como «en revisión por Inspectoría». Si un abogado no puede cartular, no puede realizar escrituras.
Abogados con quejas quedaron eliminados permanentemente
Detalló que otros casos que fueron eliminados del sistema de abogados y notarios de la CSJ, aunque fueron a Managua a solicitar una reactivación, no recibieron la aprobación.
“No solo se llevaron a gente honesta en la ola de eliminaciones del registro, sino también a gente que ya tenía incidentes, quejas, medidas cautelares por ‘x’ casos. Entonces, a esa gente que ya tenía varios incidentes, aunque fueron a Managua, pidieron que se les reactive, no se les reactivó en el sistema”, afirmó el letrado.
Comentó que otros conocidos que también fueron reactivados, siempre bajo revisión, corresponden a abogados que, tras la medida de eliminación, se acercaron más al partido Frente Sandinista, por lo que lograron la venia para ser reactivados en el registro bajo revisión.
Policías graduados en Derecho también fueron eliminados de los registros
Los abogados consultados confirmaron también que en la barrida de abogados de julio pasado fueron eliminados de los registros de la CSJ decenas de policías que se habían graduado en Derecho.
«La mayoría, un montón de esos eliminados, son policías en servicio que se habían graduado, ya tenían sus títulos, ya estaban incorporados en la Corte y a todos los suspendieron, porque no les conviene que se les retiren esos policías y se vayan a litigar como abogados», afirmó el abogado del norte del país entrevistado por LA PRENSA.
Además, aseguró que tienen casos documentados de policías que estaban graduados, aunque no ejercían, pero que también fueron afectados con la eliminación de registros de la CSJ. Algunos de los casos corresponden a letrados de Managua, Estelí y Madriz.
Abogados exiliados no aparecen en el registro de la Corte
El abogado Rudy Siles, desde el exilio, explicó que en su caso tampoco aparece en el sistema de registro de la Corte Suprema de Justicia.
Apuntó que la “reaparición parcial de algunos abogados bajo la etiqueta de ‘revisión’ no sustituye ni corrige las medidas anteriores del régimen”.
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“La eliminación de alrededor de 2,000 profesionales del registro de la Corte Suprema de Justicia, ejecutada sin notificación, sin procedimiento disciplinario individualizado, sin motivación jurídica y sin recurso efectivo, permanece como un acto administrativo nulo”, denunció.
Además, aseguró que el orteguismo, con la eliminación masiva de los registros, violentó el artículo 34 de la Constitución Política de Nicaragua, que ha sido impuesta por ellos mismos, así como el debido proceso y el derecho a la defensa.
Recordó que el régimen disciplinario de la Ley de Carrera Judicial, Ley 1250, exige audiencia y resolución motivada para ejecutar una acción de ese tipo.
“Esta exclusión y las medidas previas de 2023 que inhabilitaron abogados tras la revocación de nacionalidad siguen siendo contrarias a los Principios Básicos de las Naciones Unidas sobre la Función de los Abogados, al artículo 14 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos y a las garantías judiciales de la Convención Americana”, resaltó.
Relatora de la ONU urgió fin de los ataques contra la profesión jurídica
La relatora especial de la Organización de Naciones Unidas (ONU) sobre la Independencia de Magistrados y Abogados, Margaret Satterthwaite, a inicios de este mes alertó sobre la situación de acoso y persecución que sufre la profesión jurídica en Nicaragua, denunciando el caso de 2,000 abogados de Nicaragua que fueron eliminados a mediados de este año del registro oficial de la Corte Suprema de Justicia.
“La profesión jurídica ha sido objeto de un acoso especial en Nicaragua. Las y los abogados que han representado a personas privadas de libertad por motivos políticos, que han defendido los derechos humanos o que han denunciado abusos del Estado se enfrentan a restricciones en el ejercicio de su profesión, a vigilancia, acoso, amenazas, exilio forzado y ahora a la cancelación de sus registros profesionales y otras medidas de represalia”, señaló Satterthwaite.
Además, urgió que Nicaragua pusiera “fin de inmediato a estos ataques contra la profesión jurídica y el derecho a un juicio justo”.
