La relatora especial de la Organización de Naciones Unidas (ONU) sobre la Independencia de Magistrados y Abogados, Margaret Satterthwaite, alertó sobre la situación de acoso y persecución que sufre la profesión jurídica en Nicaragua, denunciando el caso de 2000 abogados de Nicaragua que fueron eliminados a mediados de este año del registro oficial de la Corte Suprema de Justicia (CSJ).
“La profesión jurídica ha sido objeto de un acoso especial en Nicaragua. Las y los abogados que han representado a personas privadas de libertad por motivos políticos, que han defendido los derechos humanos o que han denunciado abusos del Estado se enfrentan a restricciones en el ejercicio de su profesión, a vigilancia, acoso, amenazas, exilio forzado y ahora a la cancelación de sus registros profesionales y otras medidas de represalia”, señaló Satterthwaite.
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Apuntó que los abogados fueron eliminados sin previo aviso, presuntamente, porque no estaban alineados con la dictadura de Daniel Ortega y Rosario Murillo, situación que “atenta directamente al corazón del derecho a un juicio justo”.
Abogados imposibilitados para seguir ejerciendo
Los profesionales del Derecho que fueron afectados con dicha eliminación, señaló la relatora de la ONU, no fueron notificados, no tuvieron un proceso disciplinario o administrativo individualizado que justificara la medida y tampoco una oportunidad efectiva de impugnar dicha medida ante una autoridad independiente.
La relatora especial de la ONU denunció que las consecuencias de no figurar en el registro de la Corte Suprema de Justicia (CSJ), en el caso de Nicaragua, incluyen “la imposibilidad de presentar escritos, representar a clientes y realizar actos notariales”.
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La relatora especial también expresó su preocupación por el mensaje intimidatorio que transmite la Circular 2026, emitida por el Consejo Nacional de Administración y Carreras Judiciales de la CSJ, en la que se instruye a los jueces y a los órganos judiciales a verificar, como requisito obligatorio antes de prestar cualquier servicio a los profesionales del Derecho, si estos están inscritos en el sistema de registro del Poder Judicial.
Resaltó que, en caso de que un abogado no figure en dicho registro, las autoridades estarían obligadas a remitirlo a la Dirección de Regulación, Supervisión y Control de Abogados y Notarios de la Corte Suprema de Justicia para regularizar su situación.
Relatora urge al orteguismo parar los ataques contra la profesión jurídica
“Nicaragua debe poner fin de inmediato a estos ataques contra la profesión jurídica y el derecho a un juicio justo”, sentenció Satterthwaite.
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Además, valoró que la comunidad internacional —ante estas acciones de la dictadura Ortega Murillo— debería “tomar acciones para proteger los espacios independientes de organización, expresión y participación social que las autoridades nicaragüenses han tratado de reprimir desde 2018”.
La experta de la ONU, según la nota de prensa de esa organización, además de emitir públicamente su preocupación por la situación del ejercicio de la profesión jurídica en Nicaragua, también envió una carta a Nicaragua “expresando estas preocupaciones”.
