El Servicio de Inmigración y Control de Aduanas de Estados Unidos, conocido como ICE, que pertenece al Departamento de Seguridad Nacional (DHS), ha causado muertes por disparos u otras actuaciones de agentes durante operaciones de arresto; fallecimientos bajo custodia migratoria, por enfermedades, falta de atención médica, suicidio, lesiones u otras causas; y agresiones físicas, incluyendo balazos y atropellamiento con vehículo, malos tratos, amenazas o negligencia médica durante la detención de inmigrantes.
Los registros históricos atestiguan casi 23 años de fallecimientos, mientras que las investigaciones de 2026 señalan un aumento preocupante durante 2025 y los primeros meses de 2026.
En todo el país, y especialmente en las ciudades más frecuentadas por los agentes, millones de inmigrantes viven perseguidos, acosados, en una preocupante incertidumbre que ha acabado por completo con la tranquilidad de sus hogares y sus sueños de lograr conquistas materiales importantes.
Es el mismo sentimiento terrible que provocan las fuerzas represivas en cualquier parte del mundo, particularmente donde hay gobiernos totalitarios que controlan a la población mediante distintos mecanismos institucionales y sociales.
Departamento de Seguridad Nacional miente en caso de Silverio Villegas
Veamos algunos casos recientes en que agentes federales dispararon contra migrantes durante redadas que más bien parecen cacerías irresponsables y al margen de la ley, propias, por ejemplo, de la Guardia Nacional de Somoza y de los cuerpos represivos de las dictaduras que han asolado América Latina.
Durante una operación represiva denominada Midway Blitz, fue asesinado el ciudadano mexicano de 38 años, Silverio Villegas González, quien llevaba unos 18 años viviendo en Estados Unidos. Murió tras recibir disparos de un agente de ICE en el área metropolitana de Chicago.
Según la mentirosa versión inicial del Departamento de Seguridad Nacional, el agente disparó en defensa propia después que el vehículo de Villegas González lo arrastrara. Sin embargo, un informe forense determinó que el hombre recibió disparos por la espalda y a corta distancia. En octubre de 2026, su familia presentó una reclamación legal contra el Gobierno federal, alegando que la muerte fue ilícita y evitable.
A otro mexicano, Lorenzo Salgado Araujo, lo mataron disparos de un agente de ICE durante una operación en Houston, Texas, el 7 de julio de 2026, según la agencia Reuters. Las autoridades federales, como en todos los casos, evitaron asumir la responsabilidad, y afirmaron que el hombre había intentado atropellar a un agente con su vehículo.
Desmienten versión oficial sobre muerte de Johan Durán
Sin embargo, tres hombres que viajaban con la víctima cuestionaron esa versión. Según el relato recogido por The Washington Post, sostuvieron que el agente disparó poco después de salir de su carro y que Salgado Araujo no se dirigió contra él.
El Departamento de Seguridad Nacional anunció una investigación de la Oficina del Inspector General. ¿Qué muestran los videos y las pruebas físicas? Aún se desconoce.
Un ciudadano colombiano, Johan Sebastián Durán Guerrero, fue asesinado en Biddeford, Maine, el 13 de julio de 2026, por disparos que le hizo un agente de ICE durante una redada, según The Washington Post. La versión oficial sostuvo que Durán intentó huir y que el agente disparó porque temía por la seguridad pública.
Sin embargo, surgieron interrogantes sobre la actuación de los agentes, y sobre si Durán Guerrero era realmente el objetivo de la operación. El senador Angus King pidió una investigación completa y transparente. El caso fue objeto de investigaciones federales y estatales.
El caso plantea interrogantes sobre el uso de armas de fuego durante arrestos vehiculares, especialmente cuando la persona que conduce no constituye el objetivo inicial del operativo.
Los ciudadanos de EE. UU. Renee Good y Alex Pretti también fueron asesinados
El 8 de octubre de 2026. Oscar Belgal, de República Dominicana, recibió un disparo en el cuello de un agente de ICE durante un intento de arresto en Manhattan, Nueva York. En el vehículo viajaba su hijo de 5 años, que no resultó herido.
Según las autoridades municipales, agentes vestidos de civil se aproximaron al automóvil cuando Belgal estaba estacionando. El DHS sostuvo que el hombre representaba una amenaza al mover el vehículo hacia los agentes. La policía municipal publicó imágenes de cámaras corporales, e ICE indicó que también divulgaría material del incidente. Reuters informó que el disparo había reavivado el debate sobre el uso de la fuerza durante los arrestos migratorios.
Las muertes de los ciudadanos de EE. UU. Renee Good y Alex Pretti, ocurridas en Minneapolis en enero de 2026, también provocaron una intensa controversia sobre el uso de la fuerza por agentes federales. En sus asesinatos se involucraron agentes de varias agencias federales estadounidenses.
Casi 300 muertes entre 2003 y septiembre de 2026
El proyecto Behind Bars Data, de la Facultad de Derecho de la Universidad de California en Los Ángeles (UCLA), mantiene una base de datos de fallecimientos bajo custodia del ICE, que incluye 297 muertes entre el 1 de octubre de 2003 y el 18 de septiembre de 2026. Entre los estados con más fallecimientos aparecen: Texas, California, Florida, Arizona y Luisiana. Entre los centros con más casos figuran: Eloy, en Arizona, y Stewart, en Georgia
El 25 de junio de 2026, las organizaciones Human Rights Watch y Physicians for Human Rights publicaron el informe Dying in Detention: Rising Deaths in an Expanding US Immigration Detention System, teniendo como principal conclusión que 52 personas murieron bajo custodia de ICE entre el 20 de enero de 2025 y el 4 de junio de 2026.
La tasa de mortalidad aumentó considerablemente respecto de períodos anteriores. Los investigadores identificaron problemas relacionados con la atención médica, las condiciones de detención y la transparencia de las investigaciones.
El análisis médico de los fallecimientos ocurridos durante el primer año de la segunda presidencia de Donald Trump identificó deficiencias preocupantes en la información disponible y en la atención proporcionada en determinados casos.
Graves problemas en Camp East Montana
El informe de 2026 examinó fallecimientos relacionados con distintas circunstancias: enfermedades y complicaciones médicas; accidentes cerebrovasculares y otras emergencias; suicidios aparentes; lesiones traumáticas; un caso clasificado en el análisis médico como homicidio por compresión del cuello y el torso; y un fallecimiento por disparos de un agente durante un arresto.
En julio de 2026, Human Rights Watch y la Unión Estadounidense por las Libertades Civiles (ACLU) denunciaron graves problemas en Camp East Montana, un centro de detención migratoria instalado en Fort Bliss, cerca de El Paso.
Detenidos denunciaron golpizas y otras agresiones
Según su investigación conjunta, personas detenidas denunciaron golpizas y otras agresiones físicas; uso indiscriminado de la fuerza; negligencia médica con consecuencias potencialmente mortales; condiciones de confinamiento que suscitaron preocupaciones sobre los derechos fundamentales; y traslados coercitivos a terceros países desconocidos para las personas afectadas.
La investigación de Human Rights Watch y Physicians for Human Rights identificó problemas recurrentes relacionados con la atención médica en centros de detención: retrasos en la evaluación de emergencias; seguimiento insuficiente de enfermedades; deficiencias en la vigilancia de personas con problemas médicos o psicológicos; información incompleta sobre las circunstancias de las muertes; y retrasos en la publicación de informes oficiales.
Estos problemas pueden contribuir a muertes que no son consecuencia de un golpe o un disparo, pero que podrían plantear responsabilidades por omisión, negligencia o incumplimiento de las obligaciones de custodia. La investigación debe determinar caso por caso si existieron fallas concretas, qué personas tenían la obligación de actuar y qué establecieron las investigaciones médicas o judiciales.
Una dificultad central es que no existe una única base pública que reúna todos los fallecimientos relacionados con las operaciones migratorias. El proyecto de UCLA recopila muertes bajo custodia. Otros registros incluyen personas muertas durante operativos, persecuciones o disparos. Los informes periodísticos pueden documentar casos que todavía no aparecen en las estadísticas oficiales.
Unas 90 muertes en operaciones de ICE y CBP hasta el 4 de octubre de 2026
El sitio independiente The ICE List, por ejemplo, registraba 90 muertes verificadas vinculadas con operaciones de ICE y la Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza de EE. UU. (CBP) hasta el 4 de octubre de 2026: 68 bajo custodia de estas agencias y 22 durante operaciones o por actuaciones relacionadas. La propia clasificación abarca más instituciones y circunstancias que la estadística estricta de muertes bajo custodia de ICE.
La información encontrada con ayuda de la IA muestra un problema serio que merece una investigación sistemática: un aumento considerable de las muertes bajo custodia migratoria durante 2025 y 2026, denuncias de deficiencias médicas y malos tratos, y varios casos de personas muertas por disparos durante operaciones de ICE.
Comenzando enero, el día 3 se dio la primera muerte bajo custodia de este año 2026. Se trata del cubano Geraldo Lunas Campos, de 55 años, que falleció mientras se encontraba recluido en una unidad de aislamiento en el centro de detención Camp East Montana, situado en Fort Bliss, cerca de El Paso,Texas,
Human Rights Watch entrevistó a personas que dijeron haber presenciado u oído los acontecimientos previos a su muerte. Según esos testimonios, Lunas Campos solicitó su medicamento y tuvo un enfrentamiento con los guardias, que lo introdujeron en su celda.
Forense clasificó como homicidio la muerte de Geraldo Lunas Campos
Los testigos afirmaron haber oído ruidos compatibles con una pelea y haber visto después apresurados movimientos de personal médico y de seguridad. Estos relatos constituyen testimonios relevantes.
La Oficina del Médico Forense del condado de El Paso identificó abrasiones en el pecho y las rodillas, además de hemorragias en el cuello. El forense determinó que la causa de muerte fue asfixia por compresión del cuello y el torso y clasificó el fallecimiento como homicidio, una conclusión médico-legal que no equivale a una condena penal, pero constituye evidencia fundamental para investigar si se utilizó fuerza excesiva y quiénes fueron responsables.
La primera comunicación pública de ICE había descrito el fallecimiento como una emergencia médica. Posteriormente, el Departamento de Seguridad Nacional (DHS) sostuvo que Lunas Campos había intentado suicidarse y que el personal de seguridad intervino para impedirlo. Los relatos de un testigo y la conclusión forense plantearon interrogantes sobre lo sucedido durante la intervención.
Human Rights Watch informó que, semanas después, los cuatro hombres que habían presenciado u oído los hechos dijeron que los guardias a quienes consideraban responsables seguían trabajando en la unidad.
Divulgan certificado de defunción 103 días después del fallecimiento
El ciudadano afgano Mohammad Nazeer Paktiawal, de 41 años, falleció el 14 de marzo del 2026 en Texas, un día después de su captura tras presentar dificultades respiratorias y dolor torácico. Su familia afirmó que dependía de un inhalador y que su esposa había intentado proporcionárselo.
ICE informó que el detenido presentó síntomas respiratorios y fue trasladado a un hospital. La muerte fue clasificada como accidental, pero esto no resolvió todas las preguntas sobre la atención recibida. Human Rights Watch señaló que el certificado de defunción fue divulgado 103 días después del fallecimiento y que la autopsia completa no se había hecho pública cuando se publicó su investigación.
Maksym Chernyak, de 44 años, era ucraniano. Murió tras una emergencia médica mientras se encontraba bajo custodia migratoria. Human Rights Watch y Physicians for Human Rights examinaron su caso y concluyeron que había señales claras de una emergencia médica que no fueron atendidas oportunamente. Según su análisis, los retrasos en trasladarlo a un nivel superior de atención probablemente contribuyeron a su muerte.
Después de recibir un diagnóstico de covid-19 y permanecer doce días en aislamiento, Lorenzo Antonio Batrez Vargas fue reportado como muerto por esta epidemia en 2025. Human Rights Watch incluyó su fallecimiento entre los casos que merecían examen médico y documental.
En julio de 2026, Human Rights Watch y la Unión Estadounidense por las Libertades Civiles (ACLU) publicaron una investigación conjunta sobre las condiciones en Camp East Montana, descrito por las organizaciones como el mayor centro de detención migratoria del país.
El informe recoge testimonios sobre: golpizas y uso excesivo de la fuerza; agresiones después de huelgas de hambre o protestas; represalias contra personas que solicitaban atención médica; amenazas, humillaciones y castigos colectivos; condiciones sanitarias deficientes; dificultades para recibir asistencia médica y psicológica; y obstáculos para comunicarse con familiares y abogados.
Las organizaciones entrevistaron a personas detenidas y documentaron casos en los que los sistemas oficiales de localización no reflejaban correctamente el paradero de los capturados. Según Human Rights Watch, una investigación interna de ICE también documentó usos de la fuerza inadmisibles y no informados en Camp East Montana. Esta información es importante porque no procede exclusivamente de testimonios de personas detenidas, sino que la propia institución detectó irregularidades.
La investigación de Human Rights Watch y Physicians for Human Rights sobre las muertes de 2025 y 2026 encontró problemas relacionados con la atención médica y la transparencia de los fallecimientos, y en particular: demoras en publicar notificaciones de muerte; información insuficiente sobre las circunstancias de algunos fallecimientos; casos en los que la documentación médica disponible planteaba dudas sobre la atención recibida; y retrasos en el traslado de personas con síntomas graves a centros hospitalarios.
El autor es periodista residente en Nicaragua. ([email protected]
