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Superintendencia de Bancos y Otras Instituciones Financieras (Siboif)

Cómo afectan a los bancos las amenazas de Ortega y el intento de vincularlos al lavado de dinero

No es la primera vez que el régimen de Daniel Ortega atenta contra la estabilidad del sistema bancario nacional, pero esta vez intenta vincular a la banca al lavado de dinero y el narcotráfico, lo que tiene un impacto, advierten analistas

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Las recientes amenazas del dictador Daniel Ortega a los bancos que reclaman algunas de las propiedades que mantenían en garantía y las confiscaron a opositores, medios de comunicación, iglesias, universidades y organizaciones de la sociedad civil, a criterio de especialistas afectan la imagen de la banca y generarán pérdidas porque los obligarán a desistir de los reclamos. Además, temen que sean el preludio de sanciones, que de ser meritorias las habrían aplicado en el momento en que se cometió la falta. Por tanto, el objetivo es meter miedo, situación que evidencia la ausencia del Estado de derecho.

“Ahí están pegando brincos algunos bancos, que más bien parecen cómplices de los estafadores, porque no cumplían con las normas a la hora de entregar un préstamo, y da la impresión que ahí, y se está investigando, se está investigando para sancionar a todos los que resulten culpables”, dijo Ortega el fin de semana durante un acto en conmemoración del natalicio de Augusto C. Sandino.

Según Ortega, las propiedades confiscadas a 222 reos políticos que desterró a Estados Unidos el 9 de febrero de 2023 y luego les quitó la nacionalidad, a 94 nicaragüenses a los que les quitó su nacionalidad, a más de treinta universidades, casi cuatro mil organizaciones no gubernamentales (ONG) que ordenó quitarles la personería jurídica, iglesias y medios de comunicación, las “incautaron” porque “se movían en el lavado de dinero”. Hasta ahora el régimen no ha mostrado prueba de los graves señalamientos.

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Bancos desistirían de reclamos

Ortega aprovechó un acto público realizado el sábado 18 de mayo para reforzar la excusa que un día antes expresó la Procuraduría General de la República (PGR), que calificó de “recuperación legal” derivada de procesos penales por narcotráfico, lavado de dinero y otros delitos, la confiscación de las propiedades.

Estas explicaciones surgieron en respuesta a una indagación realizada por el Observatorio Pro Transparencia y Anticorrupción de Hagamos Democracia, en la que se cuantificó en casi 250 millones de dólares el valor de las propiedades confiscadas a un pequeño grupo de los afectados.

Un ejecutivo vinculado a la banca, que por temor a represalias pide no identificarlo, no descarta que el señalamiento de Ortega de que los bancos “no cumplían con las normas a la hora de entregar un préstamo”, sea el anuncio de que ahora es el turno de los bancos de sufrir la represión.

La represión hacia los bancos se concretaría a través del ente regulador, la Superintendencia de Bancos y otras Instituciones Financieras (Siboif), que afectaría económicamente a las entidades. Este daño se sumaría al que les causa a su imagen, el hecho de que las autoridades del país los relacionen con un delito tan grave como el lavado de activos.

“Puede haber multas de parte de la Siboif como medida de represión. Hay que recordar que la Siboif modificó el régimen sancionador incrementando los montos de las multas. Luego está el riesgo de imagen pues está vinculando a la banca nicaragüense con delitos de lavado de dinero, lo cual es una acusación peligrosa para la imagen de las instituciones”, dice el ejecutivo.

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Afectación dependerá de cada caso

El ejecutivo añade que además del daño a la imagen y el daño económico por las posibles multas, la advertencia en sí ya acarrea pérdidas para las instituciones, ya que es obvio que su principal objetivo es que desistan de seguir reclamando las propiedades que tenían en garantía y ahora están en manos del Estado. Además, asegura que si alguno de los bancos hubiera incumplido las normas para entregar algún crédito, tal como lo afirmó Ortega, la Siboif que ha endurecido los controles, no habría dudado en aplicar las onerosas multas que ahora impone.

En los últimos años, en el contexto de la crisis del 2018, el régimen ha ordenado endurecer la fiscalización del Sistema Financiero Nacional, aduciendo exigencia de las regulaciones internacionales, pero cuya finalidad ha sido perseguir a los opositores y organizaciones civiles.

Entre los cambios más duros figura el incremento de sanciones pecuniarias, que entró en vigencia en agosto de 2021 tras la reforma a las Leyes 316, Ley de la Superintendencia de Bancos y otras Instituciones Financieras; Ley 561, Ley General de Bancos, instituciones financieras no bancarias y grupos financieros; y la Ley 587 Ley de Mercados de Capitales.

Desde esa fecha y en dependencia de si la falta es menos grave, grave o muy grave, estas van desde las 20 mil hasta 500 unidades (cada unidad equivale a un dólar o su equivalencia al tipo de cambio), o entre el 0.015 y 0.150 por ciento del patrimonio. Si el el infractor recibe el monto máximo de la multa y el cálculo sobre el patrimonio es mayor al monto máximo de la multa se aplica este último.

La Siboif puede incluso remover empleados

Estas reformas mantuvieron la facultad de la Siboif de remover cargos o empleados de una entidad financiera que ya le otorgaba la ley; también el titular de la Siboif está facultado para “dictar la intervención o solicitar la declaración de liquidación forzosa” de un banco o institución financiera no bancaria.

Además, se dio poder al superintendente para que “aplique una o más de la gama de sanciones”, que abarca suspender temporalmente la entidad, suspensión parcial o hasta cancelar la licencia al banco. Por esta misma causa el superintendente puede remover temporalmente o de manera definitiva a funcionarios y empleados de los bancos, incluida la junta directiva, gerente general, auditor interno, entre otros.

“Debido a que las multas han aumentado, los bancos ya están siendo muy cautelosos con la actualización permanente de expedientes de todos sus cuentahabientes y deudores”, dice el ejecutivo y añade que estas amenazas podrían obligar a los bancos a endurecer las condiciones para entregar algunos créditos, particularmente los hipotecarios.

Por su parte un analista financiero que también solicita no publicar su nombre, considera que al menos en el corto plazo el impacto no será considerable, y coincide en que el principal objetivo de la amenaza es hacerlos desistir de reclamar las propiedades, situación que deja en evidencia la ausencia del Estado de derecho que impera en el país.

Bancos han incrementado los controles

“Por lo pronto no creo que tenga impacto. Pero da la impresión de que hay algún forcejeo sobre algunas de esas propiedades y los derechos que los bancos puedan tener sobre las mismas si estaban hipotecadas. Entonces los amenaza en público para suavizarlos y que cedan. Acá lo que se debería de imperar es el Estado de derecho. Pero se cae en contradicciones y tensiones de todo tipo cuando se han violentado tantas normas y derechos”, lamenta en analista.

Otra reforma aprobada en 2021 a la Ley de Defensa a los Consumidores tenía como objetivo forzar a los bancos a reabrirles las cuentas bancarias a las entidades y personas que han recibido sanciones por sus violaciones a los derechos humanos.

En su discurso Ortega admitió que el valor de “todas esas propiedades suma varios millones”. Sin embargo, se desconoce qué porcentaje de las propiedades confiscadas estaba hipotecado con los bancos.

Mientras tanto, un dirigente empresarial, que también solicita anonimato por temor a represalias, explica las pérdidas que le generará a los bancos la confiscación de las garantías, dependerá de cada caso, ya que el nivel de recuperación de los créditos que los bancos otorgaron a cambio de ellas depende del tiempo de vigencia del crédito. Por lo que entre más nuevo sea el crédito mayor será la afectación, ya que en los primeros tres años de los préstamos lo que se paga mayoritariamente son los intereses.

Cabe recordar que a raíz del estallido de la crisis sociopolítica de 2018, hubo una fuga masiva de depósitos que frenó la colocación de crédito. Esta crisis se agudizó con la pandemia de covid en 2020 y tras seis años de crisis el crédito sigue en recuperación.

Daña imagen de los bancos y del país

El informe mensual de Indicadores del Sistema Bancario y Financieras, de febrero 2024 que publicó el Banco Central de Nicaragua (BCN), detalla que en el segundo mes de este año el saldo de la cartera de crédito creció 15.7 por ciento. En febrero del año pasado era de 157,140.2 millones de córdobas y en ese mismo mes de este año subió a 181,785.0 millones de córdobas.

El dirigente empresarial calcula que gran parte de las propiedades confiscadas no estaban hipotecadas, por tanto el daño no será significativo. Con respecto a las multas si se las aplican reducirán los márgenes de ganancia, pero considera que no las aplicarán, ya que asegura que si hay un sector que Ortega necesita que funcione sin problemas, ese es la banca.

A criterio del economista y exreo político desterrado, Juan Sebastián Chamorro, con sus declaraciones Ortega está jugando con fuego, ya que al relacionar a la banca con el lavado de dinero, afecta la imagen del Sistema Financiero que basa sus operaciones en la confianza del público, pero también la imagen del país, ya que las agencias pueden rebajar las calificación.

“Ortega se estaría pegando un tiro en el pie porque estaría poniendo en riesgo al Sistema Financiero si esa acusación lleva a investigaciones… Independientemente de que estas acusaciones sean falsas el Sistema Financiero depende del tema reputacional, y las instancias reguladores internacionales se van a alertar. También van a tomar nota las agencias calificadoras de riesgo, entonces incluso la calificación del país que es importante para colocar los instrumentos del Tesoro, está en riesgo”, explica Chamorro.

¿Quiere asustar o dañar a los bancos?

Chamorro también cree que el principal objetivo de Ortega al amenazar a los bancos con sanciones puede ser “asustarlos”, para tenerlos controlados y a la vez obligarlos a desistir de reclamar las propiedades confiscadas que tenían en garantía.

Pero considera que es imposible predecir si realmente está interesado en afectar a todo el sistema o algún banco en particular, tal como lo hizo en el 2000 cuando habló públicamente de un plan para intervenir a Interbank y al día siguiente todos los clientes estaban retirando sus ahorros de la institución.

Esta afectación a la imagen y credibilidad de la banca, también podría afectar su relación con los financiadores externos, ya que el sector suele apalancar recursos con organismos financieros internacionales.

Según reportes del Banco Central de Nicaragua (BCN) en 2022, que es el dato más reciente que ha publicado el flujo de la cooperación oficial externa, fue de 958.3 millones de dólares, de los
cuales 235.2 millones se entregaron al sector privado, divididos en: préstamos 200.4 millones de dólares y 34.8 millones en donaciones. Del total de la cooperación oficial externa para el sector privado, el 23.4 por ciento equivalentes a 54.9 millones de dólares se entregaron al sector financiero.

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