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Escena del atentado al opositor nicaragüense Joao Maldonao en Costa Rica. En estado crítico fue trasladado a un hospital. LA PRENSA

¿Costa Rica ya no es un lugar seguro para huir de la dictadura de Ortega? Crece temor entre exiliados

LA PRENSA confirmó que opositores que viven en Costa Rica toman diferentes medidas de seguridad personal y tratan de no exponerse innecesariamente.

Nicaragüenses que llevan cinco años de exilio en Costa Rica confirmaron la inseguridad y el temor que se percibe en este país, principalmente a raíz de diferentes eventos que confirman la desprotección del Estado a los refugiados nicaragüenses.

LA PRENSA confirmó que opositores que viven en Costa Rica toman diferentes medidas de seguridad personal y tratan de no exponerse innecesariamente, sin embargo, un grupo considerado en riesgo es el de los periodistas exiliados, porque se exponen con frecuencia por su trabajo.

Infiltrados de Ortega

El director ejecutivo de la Asociación Voces Diversas, José Espinoza, organización que trabaja de la mano con la Unidad de Refugio de Costa Rica, manifestó que el refugió es un derecho que no se le puede negar a nadie, pero lamentablemente también llegan a Costa Rica nicaragüenses con doble intención.

“Es muy probable que gente del régimen esté viniendo a solicitar refugio para infiltrarse aquí en Costa Rica. Anda circulando gente infiltrada”, dijo Espinoza.

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Costa Rica es el segundo destino de la emigración nicaragüense, por ser el país más próximo a Nicaragua, limítrofe al sur, y por ser un Estado con estabilidad económica y mejores condiciones de vida. La Unidad de Refugio registra 100 personas diarias entrando a Costa Rica por la frontera de Peñas Blanca.

migrantes trasladados a frontera de Nicaragua
LA PRENSA/Dirección General de Migración y Extranjería Costa Rica

Espinoza dijo que el exilio nicaragüense, principalmente los que han salido del país por participar de manera destacada en las protestas de 2018, es un grupo que vive bajo riesgo y temor aunque ya están fuera de Nicaragua, pero ahora también tienen que lidiar con el endurecimiento de las políticas migratorias del gobierno de Rodrigo Chaves.

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Espinoza afirmó que existe una negligencia del Estado de este país, porque no está garantizando la seguridad de las personas solicitantes de refugio y refugiadas, lo que está confirmado tras los ataques mortales sufridos por el opositor Joao Maldonado y el caso del profesor Gabriel Putoy, quien perdió su trabajo porque el sistema financiero de Costa Rica lo considera un prófugo de la justicia, pese a que las acusaciones en su contra son falsas, motivo por el cual está refugiado en ese país.

“No estamos viendo a Costa Rica como un espacio seguro que nos garantice protección. En Costa Rica no estamos seguros, casi parece que estamos en Nicaragua, porque practicamente los perseguidores andan circulando aquí en Costa Rica y las autoridades no nos garantizan ninguna medida de seguridad”, dijo el activista nicaragüense.

Ortega busca el control de la oposición externa

La defensora de derechos humanos y opositora en el exilio en Costa Rica desde su expulsión de Nicaragua, Ana Quirós, confirmó que es papable el incremento de la inseguridad del exilio nicaragüense en Costa Rica, lo que atribuye a una nueva estrategia del régimen orteguista, que busca controlar a la oposición externa.

“Probablemtne ellos sienten que la oposición interna ya está controlada, entonces, el siguiente anillo que les toca controlar es a la oposición externa y esto lo han venido haciendo con más fuerza a partir de la desnacionalización de los 94 (opositores) en febrero de 2023, porque esa ha sido una forma de agredir y tratar de controlar, reducir la actuación de quienes están en el exterior”, valoró Quirós.

Ana Quirós, opositora al régimen de Daniel Ortega, fue expulsada de Nicaragua en 2018. Cortesía/Donaldo Hernández

En cuanto a la falta de beligerancia de las autoridades costarricenses frente a los riesgos de los exiliados, Quirós señaló que las autoridades costarricenses no comprenden este riesgo, porque no tienen la vivencia que han tenido los nicaragüense en su país, lo que significa que carecen de empatía.

“Por la diferencia histórica y por la diferencia política que hay entre Nicaragua y Costa Rica, las autoridades costarricenses no tienen una clara percepción de los riesgos que viven las personas exiliadas, especialmente las personas que son políticamente activas. Es decir, para una autoridad costarricense que alguien pegue un grito o te haga una amenaza, es delicado pero no lo valoran como un riesgo inminente, mientras que para las personas afectadas por esa situación por su puesto que, conociendo la actuación de las fuerzas del régimen. lo tomamos con mucha seriedad”, expresó Quirós.

Aún así, la opositora reconoció que las manifestaciones de la Presidencia de Costa Rica y de autoridades policiales de ese país, han minimizado la inseguridad y la violencia política, lo que fue evidente en el caso Joa Maldonado y en la extradición del opositor y excontra Douglas Pérez.

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La opositora dijo que es comprensible que el gobierno de Costa Rica no quiera estar en “guerra” con el régimen de Nicaragua, pero también valoró que “otra cosa es servir de instrumento a ampliar la represión a personas que deben estar protegidas por su condición de solicitantes de refugio o de refugiados por motivos políticos”.

Preocupa la falta de cumplimiento del derecho de los refugiados

Un experto en temas de seguridad que habló con LA PRENSA bajo condición de anonimato explicó que si bien es cierto que en Costa Rica hay violencia relacionada con delincuencia común, crimen organizado y violencia política, “es difícil identificar la cantidad de casos relacionados con cada tipo de violencia y si afecta a nicas migrantes o exiliados”.

Para el experto, lo que sí es evidente son las dificultades para gestionar el refugio, porque se han incrementado a causa de las medidas dispuestas por el gobierno de Chaves, el incremento de la xenofobia y, además, porque entre los exiliados se han identificado más amenazas y riesgos de parte del régimen de los Ortega-Murillo, tanto en forma directa como hacia sus familiares. “Eso sin contar con el caso de Joao Maldonado que sigue en el limbo en el sentido que las autoridades costarricenses no aclaran las motivaciones”, apuntó el experto.

También dijo que lo más grave del caso es que el gobierno está tomando disposiciones que violentan las leyes e instrumentos internacionales suscritos por el país en materia de derechos humanos y protección de refugiados.

Costa Rica es suscriptora de la Convención sobre el Estatuto de los Refugiados de las Naciones Unidas (ONU) de 1951. Allí se establece, entre otros, el derecho de los refugiados al trato más favorable respecto a la adquisición de bienes muebles e inmuebles, así como el trato más favorable dado a los extranjeros respecto al derecho a empleo remunerado.

Diferencia entre Alvarado y Chaves

Para los opositores que tienen cinco años en Costa Rica, es notable la diferencia entre el anterior gobierno de Carlos Alvarado y el actual de Rodrigo Chaves, con quien consideran se ha retrocedido en el cumplimiento de los compromisos internacionales para la protección de los refugiados.

Espinoza, que está en el exilio en Costa Rica desde 2019, dijo que lo poco que se logró en el cumplimiento de la protección y los derechos de los refugiados fue durante el período del presidente Alvarado, que gobernó el país de 2018 a 2022. En cambio, aseguró que “Chaves vino totalmente a cambiar estos acuerdos que existían con el gobierno de Alvarado”.

El presidente de Costa Rica, Rodrigo Chaves. AFP

En noviembre de 2022, el presidente Chaves anunció cambios importantes en la política migratoria y de refugio que afectarán a los nicaragüenses, entre estas no tendrán permiso laboral expedito ni podrán salir del país.

Espinoza dijo que con estos cambios “el riesgo no es tanto la inseguridad que vengan y que nos maten, sino que el Estado está vulnerabilizando a las personas migrantes, en no darle las herramientas necesarias para una inserción social aquí en Costa Rica”.

Alvarado abogaba por los refugiados nicas

En medio de la represión armada que se estaba viviendo en Nicaragua en 2018 —que generó el mayor éxodo de nicaragüenses en ese momento–, el entonces presidente de Costa Rica, Carlos Alvarado, manifestó que bajo ninguna circunstancia entregaría las listas de personas nicaragüenses que se encontraban refugiadas en ese momento en su país, lo que fue su respuesta al dictador Daniel Ortega, quien dijo que las iba a solicitar.

En cambio, el actual gobierno de Chaves ha sugerido a las autoridades de los tres poderes de la República y a sus ciudadanos la deportación de extranjeros con antecedentes delictivos, a quienes acusó de ser los responsables de la ola de inseguridad que vive la nación costarricense. Además, en los discursos de Chaves se percibe expresiones xenofóbicas, como culpar a los nicaragüenses de la ola de inseguridad que vive la nación costarricense solo por ser nicaragüenses.

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