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CONTENIDO EXCLUSIVO.El abogado Daguer Hernández está convencido de que el presidente de Costa Rica, Rodrigo Chaves, tiene responsabilidad por la extradición de su defendido, Douglas Gamaliel Centeno, un excontra nicaragüense acusado junto con Reinaldo Picado de tráfico de armas, crimen organizado y del homicidio de una agente policial durante un ataque que hizo un grupo armado a unos agricultores custodiados por la Policía en Río San Juan, Nicaragua, en octubre de 2022.
Hernández prefiere no entrar en detalles ni establecer responsabilidades sobre los hechos ocurridos en Río San Juan. Tampoco se atreve a decir si las acusaciones que hace la dictadura de Daniel Ortega en contra de Centeno y Picado son verdaderas o falsas, ni si sus defendidos realmente aparecen en un video difundido el día del ataque. Él se limita a defender el hecho de que ninguno de los dos puede ser extraditado porque son perseguidos políticos, explica.
Sin embargo, Centeno ya fue entregado a la dictadura nicaragüense, mientras que Picado permanece detenido en Costa Rica en espera de que le aprueben o rechacen su solicitud de refugio. Hernández espera que Picado no corra con la misma suerte que su otro defendido.
Este abogado costarricense fue subdirector de la Dirección de Migración y Extranjería de Costa Rica entre 2018 y 2022, durante la administración de Carlos Alvarado. Con base en su experiencia, afirma que su país ya no es un país seguro para las personas que solicitan refugio y que más bien se ha convertido en un estado xenóbofo.
¿Qué es lo último que ha sabido sobre Douglas Centeno?
Lo que sabemos es lo que ha salido en prensa de Nicaragua, que el señor Douglas ha sido sometido a la presentación en los tribunales y nada más. La participación de nuestra defensa llegó hasta donde pudimos hacer desde Costa Rica. Nosotros no estamos asumiendo una defensa internacional, ni en Nicaragua ni en otra parte.
¿Fue notificado usted como abogado defensor de la extradición de Centeno?
No fuimos notificados del momento exacto de la extradición, pero sí hemos estado participando de todo el proceso de la extradición, y hace tres semanas fue que, por medio del tribunal de Quepos, se estaba poniendo al tanto a la secretaría de la Corte que podía comunicarle a la Embajada de Nicaragua que ya podía proceder con la extradición, sin embargo, lo que no se siguió fue el procedimiento por medio de la Secretaría de la Corte. O sea, nunca hubo comunicación con la Secretaría de la Corte para poder hacer la entrega formal, sino que sencillamente lo que se hizo fue una coordinación entre policías (de Nicaragua y Costa Rica).
El Gobierno de Costa Rica dijo que no había tenido nada que ver con esta extradición.
Recordemos que el refugio en Costa Rica es otorgado por el Poder Ejecutivo, y el Poder Ejecutivo quien lo integra y quien lo nombra es la Presidencia de la República. Los órganos que otorgan el refugio están vinculados al presidente de la República. Asimismo, se le solicitó asilo político al presidente de la República y él denegó el asilo político.
¿Entonces sí hay responsabilidad de Rodrigo Chaves?
Hay un grado directo de responsabilidad en el sentido de que le denegaron el asilo y el refugio al señor Douglas Gamaliel.
¿Explicaron por qué le denegaron el refugio y el asilo?
En el caso del refugio lo denegaron porque dijeron que Douglas era un delincuente y el tema del asilo político lo denegaron por discrecionalidad.
¿Cómo avanza el proceso del otro excontra detenido, Reinaldo Picado?
El caso de Reinaldo por el momento está en una nueva solicitud de refugio y la están revisando.
¿Pueden las autoridades judiciales de Costa Rica tomar en cuenta que ellos son perseguidos políticos en Nicaragua?
Sí, pero el Poder Judicial nunca consideró que ellos eran perseguidos en Nicaragua ni consideró los aspectos políticos. Meramente se circunscribió a atender aspectos formales y no entró a conocer el tema político ni la vinculación de ellos como opositores políticos a Daniel Ortega.
¿Qué dice la ley de Costa Rica sobre la extradición de solicitantes de refugio?
A un solicitante de refugio no se le puede extraditar. Lo que pasó con Douglas es que a él se le hizo un proceso sumario para resolver su solicitud de refugio. Entonces su solicitud de refugio que pudo haber durado dos, tres, cuatro o cinco años conforme han durado otras solicitudes de refugio, duró menos de dos semanas para resolverse. Le hicieron un proceso sumario y le resolvieron de la forma más rápida para que cuando le hicieran el proceso de extradición él ya no fuera solicitante de refugio.
Al final es esa la responsabilidad del Poder Ejecutivo en el sentido de alguna acción coordinada con el gobierno extranjero (Nicaragua) con el fin de hacer la entrega rápida de Douglas al gobierno extranjero.
¿El caso de Reinaldo Picado también va así de rápido?
No, no está siendo así de rápido. Yo me imagino que con el antecedente de Douglas no se va a resolver así de rápido.
Hay videos con los que se presume que ellos participaron en un ataque armado que produjo la muerte de una policía el 1 de octubre de 2022.
Eso es parte de lo que señaló el Gobierno de Nicaragua y eso no se puede revisar porque en el proceso de extradición no se entra a analizar ningún video ni ningún tema de fondo sobre lo que se les acusa, porque me imagino que eso es parte de lo que se les acusa. En ningún tema de la extradición se hace ver ningún tema de fondo.
La Policía de Nicaragua los señala de homicidio, tráfico de armas y crimen organizado. ¿Qué tan acertadas son estas acusaciones?
No se puede decir si es verdadera o falsa. No se podría asumir una posición de verdadera o falsa. Yo no puedo asumir. Nosotros somos defensores de un tema de extradición, no sobre el tema penal.
¿Cuál es la diferencia del caso de Centeno con el de cientos de nicaragüenses refugiados en Costa Rica que también han sido acusados de delitos comunes y son opositores?
El Gobierno de Nicaragua en los otros casos que ha acusado por delitos comunes, no hay ninguno en el cual todavía haya solicitado la extradición, o todavía que se conozca públicamente, porque sí hay casos en donde se ha enviado a personas de vuelta a Nicaragua sencillamente por un proceso, no de extradición, sino de deportación.
A partir de su experiencia con este caso, ¿cree que Costa Rica sigue siendo un país seguro para los refugiados?
Yo diría que no. Las personas solicitantes de refugio y refugiados tienen que revisar sus casos efectivamente. Ahí será cada persona porque podrían con este antecedente, hacer un proceso similar en contra de cualquier persona en virtud de delitos comunes.
La Administración anterior a Chaves era más amigable con los refugiados.
Sí, efectivamente ha cambiado. Antes había un proceso más favorable al tema de derechos humanos de las personas solicitantes de refugio y un proceso que reconocía muchos más derechos elementales. La Administración de Rodrigo Chaves ha mostrado un cambio en contra de las personas solicitantes de refugio y uno lo nota desde el Decreto Ejecutivo que se publicó en diciembre del año 2023, en donde limitaba el derecho a viajes internacionales, limitaba el derecho al trabajo y todavía limita el derecho al trabajo, limitaba el acceso a solicitud de refugio completamente, e incluso ahora.
Desde esa fecha, diciembre del año 2023, se hace mostrar una clara contradicción entre lo que menciona el presidente Chaves a nivel externo con relación a los habitantes y lo que realmente está haciendo internamente dentro del país, que es ponerle obstáculos a las personas solicitantes de refugio para que no puedan integrarse en Costa Rica y de alguna forma se aburran o se desincentiven de solicitar refugio en Costa Rica. Imagínate que desde esa fecha hay cambios para que las personas solicitantes de refugio tengan que llenar un montón de requisitos para solicitar permisos laborales, entonces eso implica ponerles trabas a las personas solicitantes de refugio e implica que la política de este gobierno es en contra de las personas solicitantes de refugio.
Si Chaves hubiera otorgado el asilo y no se hubiera dado la extradición de Centeno, ¿cree que las relaciones entre Nicaragua y Costa Rica se habrían fraccionado?
Sí, podría haber sucedido un resquebrajamiento en las relaciones.
¿Cree que Chaves priorizó su relación con Ortega en lugar de garantizar la seguridad de Centeno?
En este caso concretamente, si se da una decisión diferente a nivel de Poder Ejecutivo, una decisión de protección, el presidente Chaves podría haber afectado esa cordialidad con la que ha mantenido su relación con la dictadura de Daniel Ortega.
¿Es probable que haya más opositores extraditados en el futuro en caso de que Nicaragua lo requiera?
Lamentablemente podría esperarse cualquier cosa por parte de este gobierno (de Costa Rica). Esto abre un frente de persecución en donde ya no solamente hay un Estado que es el país de origen en donde se persigue a la persona, sino que hay acciones internacionales como la extradición que pueden servir para la persecución de las personas, y estados como Costa Rica que en este caso permiten ese tipo de acciones.
Rodrigo Chaves tiene un nivel de aceptación alto en Costa Rica y sus acciones en contra de los migrantes parecieran ser aceptadas por muchos costarricenses.
Creo que el presidente Rodrigo Chaves ha tratado de echarle la culpa a los migrantes de muchas cosas. Lo último fue el tema de la delincuencia en Costa Rica que en este momento estamos viendo índices de delincuencia como nunca antes en la historia del país y el presidente Chaves lo que dijo en enero fue que era culpa de los migrantes. Eso es una forma muy populista de tratar de esquivar la responsabilidad directa de él sobre los problemas que no ha resuelto. Yo creo que parte de lo que está tratando de hacer con el tema de los migrantes es desviar la atención y la gente, que de alguna forma le mantiene cierto grado de aceptación, en su sencillez, le aceptan y le reconocen ese tipo de cosas reforzando un discurso xenofóbico en la población costarricense lamentablemente.
Usted como costarricense y exsubdirector de Migración, ¿qué siente cuando señalan a su país de ser un estado xenófobo?
En algún grado es la realidad. Las autoridades actuales no se han encargado de promover una educación diferente dentro de la población, sino que se han encargado de acentuar la xenofobia.
¿Es Costa Rica un estado xenófobo?
En algún grado, sí es un estado xenófobo.
Plano personal
Daguer Alberto Hernández Vásquez es abogado y está cursando una maestría en Derecho Internacional de los Derechos Humanos de la Universidad para la Paz de Naciones Unidas. También hizo estudios de Economía en la Universidad de Costa Rica.
Fue subdirector de Migración y Extranjería durante la Administración de Carlos Alvarado en Costa Rica y ha trabajado como regidor municipal en la Municipalidad de San José.
Tiene más de 12 años de experiencia como jurista y ha trabajado con agencias de Naciones Unidas como Acnur, Unicef y OIM.