La extradición del excontra y opositor Douglas Gamaliel Pérez Centeno ha causado gran preocupación en grupos de opositores desterrados y exiliados en diferentes países. Las más fuertes críticas acusan a Costa Rica de colaboracionismo con la dictadura de Daniel Ortega, por haber enviado a un opositor a un país donde no hay justicia ni respeto por los derechos humanos.
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Pérez Centeno fue extraditado por Costa Rica el pasado 16 de febrero, ya que es acusado por la dictadura de Ortega por su presunta participación en el asesinato de una policía y un civil, lo que podría incrementar la saña del régimen orteguista contra él.
El Tratado de Extradición entre Nicaragua y Costa Rica fue creado en 1893 y ratificado por San José en 1896. El artículo 1 de este Tratado señala que Costa Rica y Nicaragua se comprometen a entregarse mutuamente a los individuos que se refugien en sus respectivos territorios y que hayan sido condenados o enjuiciados como autores o cómplices de crímenes como homicidio, asesinato, parricidio, envenenamiento, infanticidio o aborto, así como la tentativa para cometer estos crímenes; también estupro, violación, rapto, entre otros.
Sin embargo, el mismo Estado de Costa Rica y casi todos los países de la comunidad internacional han reconocido que en Nicaragua impera un régimen que violenta todos los principios de derechos humanos, que son base de la justicia.
¿Se abre puerta de extradición?
El exembajador de Nicaragua ante la Organización de Estados Americanos (OEA), Arturo McFields, explicó que “una vez que se abre la puerta para estar extraditando nicaragüenses ante cualquier petición de la dictadura, se sienta jurisprudencia”.
“Se sienta un precedente peligroso con consecuencias y creo que es lo que representa una gran preocupación sobre todo para los miles de nicaragüenses que se encuentran en Costa Rica. Se está empoderando al régimen, se está fortaleciendo al régimen y su persecución transfronteriza en contra de los nicaragüenses asesinados”, expresó McFields.
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El exdiplomático afirmó a LA PRENSA que el problema radica en la relación colaboracionista que está jugando Costa Rica con Nicaragua.
“Se sienta un problema al tratar a un régimen ilegítimo como que si fuera un régimen legítimo con instituciones creíbles. Es decir, la autoridad judicial de Costa Rica legítima está tratando con un régimen ilegítimo como si fuera una democracia, y es ahí el problema de fondo”, valoró McFields.
Además dijo que genera una preocupación presente y futura, que hace pensar a muchos nicaragüenses que están viviendo en Costa Rica que no están a salvo.
“Exiliados en Costa Rica no se sienten seguros”
El abogado nicaragüense Danny Ramírez-Ayérdiz, secretario ejecutivo del Centro de Asistencia Legal Interamericano de Derechos Humanos (Calidh), consideró que acciones como esta hacen que los exiliados en Costa Rica no se sientan seguros.
“Creo que los exiliados y refugiados después de ese momento ya no se sienten igual, ya no se sienten protegidos porque incluso Costa Rica incumplió una norma fundamental del derecho de refugio que es el principio de no devolución. No se puede devolver a una persona que seguramente en su país va a sufrir torturas”, explicó Ramírez-Ayérdiz.
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Según Ramírez, la mejor conducta que debió mostrar Costa Rica era haber juzgado a la persona implicada dentro del territorio.
“Costa Rica demuestra que es amiga de Ortega, quiero recordar que estas devoluciones hacia Nicaragua, aunque no fueran por motivos de refugio, han sido históricas de parte de Costa Rica, sobre todo desde el Gobierno de Laura Chinchilla. La cantidad de nicaragüenses que se expulsaban casi todos los días era importante”, recordó el abogado.
Además criticó la permisividad de la Interpol al hacerle el juego a un régimen dictatorial, puede hacerle caso a un régimen dictatorial “donde no se sabe qué es cierto y qué es falso”.
Procesos judiciales carecen de garantías en Nicaragua
Por su parte, el ex preso político y presidente de la Fundación para la Libertad de Nicaragua, Félix Maradiaga, coincidió con McFields en que se “genera un precedente alarmante” con la extradición de este opositor y lo que preocupa es que los procesos judiciales dentro del país carecen de un debido proceso.
“Sabemos que el poder ejecutivo de Costa Rica ha explicado que esta fue una decisión judicial, tomada a pesar de la insistencia de sus abogados y de diferentes organizaciones y personas”, dijo Maradiaga.
Puntualizó que “es fundamental seguir insistiendo en todo momento en que todo proceso judicial en Nicaragua carece de las debidas garantías y de toda credibilidad”.
Al ser señalado del homicidio de una policía, algunos opositores consideran que el castigo para Pérez Centeno será más allá de la ley.
“Lamentamos que todas las gestiones realizadas para evitar su extradición hayan sido infructuosas. Es vital que este tipo de casos no se repitan y que la situación de Douglas no pase desapercibida. Su vida y su integridad física, al igual que la de cualquier persona privada de la libertad por la dictadura sandinista de los Ortega Murillo, está en peligro”, expresó Maradiaga.