La Iglesia católica de Nicaragua inició el tiempo de la Cuaresma, en medio del destierro de dos obispos, y decenas de sacerdotes desterrados del país como consecuencia de la brutal persecución del régimen de Daniel Ortega y Rosario Murillo, a lo que se suman los constantes interrogatorios a sacerdotes y la intensificación de la vigilancia en las misas, denunció la abogada e investigadora Martha Patricia Molina.
Molina, autora del Informe Nicaragua ¿una Iglesia perseguida?, dijo a LA PRENSA que solo en enero de 2024 contabilizó 40 ataques a la Iglesia y que a pesar de todo el asedio que ha sufrido en los últimos seis años «continúa con su proyecto de evangelización y más en esta época de Cuaresma que todo parece que va a ser idéntica a la del año pasado, estamos en un período en el que la Iglesia católica ha entrado en un sistema de silencio más pronunciado que el año pasado».
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La nicaragüense, quien es una de las siete personas en el mundo en haber recibido el Premio Internacional de Libertad Religiosa de este año, otorgado por la Oficina Internacional de la Libertad Religiosa del Departamento de Estado de Estados Unidos, en su cuenta de X apuntó que «la situación de la Iglesia católica en Nicaragua continúa siendo adversa».
Interrogatorios semanales a los sacerdotes
Molina detalló a este medio que fuentes de la Arquidiócesis de Managua y otras diócesis le hicieron saber que los sacerdotes están siendo hostigados por oficiales de la Policía orteguista, vestidos de civil y autoridades del Ministerio del Interior, cuando no hay feligreses para hacer «visitas».
«Esta información que he recibido corrobora que hay una política de represión estatal porque no está focalizada en una parroquia sino en otras de las demás arquidiócesis, donde llegan a hacer ‘visitas’ a los sacerdotes, tomar fotos en las parroquias, casas curales y hasta servicios higiénicos, los sacerdotes no saben qué es lo que buscan», expresó Molina.
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Enseguida refirió que los sacerdotes son víctimas de interrogatorios ilegales que duran más de dos horas y hasta los ofenden. «Les están pidiendo los títulos de todos los bienes inmuebles, ya sea carros, motos o lo que tenga la parroquia, revisan los libros parroquiales; además les insinúan que tienen parejas, y les preguntan si respetan el celibato ¿y cuál es la vida sexual que llevan sus obispos?, esto lo hacen semanal o cada diez días, cuando no hay presencia de fieles», puntualizó Molina.
La abogada e investigadora también mencionó que lo anterior se suma a la presencia permanente de simpatizantes e integrantes del Consejo de Poder Ciudadano (CPC) en las misas y actividades religiosas. En cuanto a las prohibiciones de las procesiones tradicionales del tiempo de Cuaresma, Molina dijo que «todo hace indicar que solo se permitirá dentro de los templos».
Enseguida la experta afirmó que es deplorable que «se invada la privacidad de los sacerdotes como ser humano, vulnera todos los derechos consagrados en la Constitución Política y tratados internacionales, parece que a la dictadura nadie la detiene, es lamentable, porque los sacerdotes no pueden hacer nada sin la autorización de la Policía».
Nombramientos de sacerdotes afines a la dictadura
Este medio conoció que el cardenal Leopoldo José Brenes, arzobispo de la Arquidiócesis de Managua, recientemente realizó nombramientos de sacerdotes como administradores de las parroquias que quedaron sin párroco debido a que fueron encarcelados, excarcelados y desterrados a Roma.
De hecho, Molina dijo que «el padre Boanerges Carballo Madrigal ha sido nombrado administrador parroquial de la Parroquia Santo Cristo de Las Colinas, donde estaba el vicario general, monseñor Carlos Avilés, los fieles están disgustados por eso».
Una fuente cercana a la Arquidiócesis relató a LA PRENSA que «las parroquias vacantes algunas serán atendidas por los párrocos cercanos a ellas». En el caso de la Parroquia Santa Faz, que estaba a cargo de monseñor Silvio Fonseca, será administrada por el padre Antonio Castro, quien es identificado como uno de los sacerdotes cercanos a la dictadura, y de hecho ha usado banderas del Frente Sandinista de Liberación Nacional (FSLN) en el altar y ha usado el púlpito para exaltar a dictadores como Daniel Ortega, Fidel Castro y Hugo Chávez.
«La parroquia Nuestra Señora de Merced está cerca de Santa Faz y por eso la atenderá, porque hay dos sacerdotes, entre ellos el padre Antonio Castro», dijo la fuente.
El 7 de febrero pasado, LA PRENSA conoció que ahora el sacerdote José Ramón Alemán, párroco de la iglesia Nuestra Señora de Altagracia y vicario foráneo de la zona occidental de Managua, es ahora el nuevo vicario general; y el padre Miguel Toruño, actual párroco de la iglesia Santa Ana, en Niquinohomo, el canciller; ambos cargos estaban vacantes tras el destierro que sufrieron sus párrocos.
Molina apuntó que «ahora los nombramientos de estos sacerdotes son con el visto bueno de la Rosario Murillo». Ahora, indicó, «lo normal que se hace cuando hay nuevos nombramientos es que se hacen públicos con comunicados oficiales».
Los sacerdotes desterrados
La dictadura orteguista confirmó el 14 de enero pasado el destierro de 19 religiosos: dos obispos, 15 sacerdotes y dos seminaristas, a quienes primero excarceló y posteriormente mandó a Roma.
En una misiva, el régimen agradeció profundamente al santo padre, papa Francisco; a la Secretaría de Estado de la Santa Sede; a su titular, cardenal, su eminencia reverendísima, Pietro Parolin, y a su equipo de trabajo, «por las muy respetuosas y discretas coordinaciones realizadas para hacer posible el viaje hacia el Vaticano de dos obispos, quince sacerdotes y dos seminaristas».
Los religiosos viajaron en un avión que salió en la noche del sábado 13 de enero de Managua hacia el Aeropuerto Internacional de Maiquetía en Venezuela y luego hacia Europa el domingo 14 de enero.
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El cardenal Brenes, ese mismo día, envió una nota arzobispal a los sacerdotes del país informando del acuerdo entre el Gobierno de Nicaragua y la Santa Sede. «Se acordó trasladar a Roma a Mons. Rolando, a Mons. Isidoro, a sacerdotes y dos seminaristas», indicaba la misiva.
El pasado 26 de enero, el papa Francisco recibió en audiencia a los obispos Álvarez y Mora y a los otros 16 religiosos desterrados.
