El año 2023, a punto de finalizar, se convirtió en un año funesto para la Iglesia católica de Nicaragua, indica la más reciente actualización de datos compartida por Martha Patricia Molina, abogada y autora del informe Nicaragua ¿Una Iglesia perseguida?. De acuerdo con la información, desde abril 2018 hasta la fecha, la dictadura de Daniel Ortega ha ejecutado más de 740 ataques en su contra, de esos 275 se llevaron a cabo estos último 12 meses.
Molina afirmó a LA PRENSA que «podemos calificar este año (2023) como el más funesto, de más ataques en contra de la Iglesia católica, en el quinquenio reciente. Es lamentable que en Nicaragua la dictadura Ortega-Murillo continúe tratando con saña y odio a sacerdotes que lo único que hacen es pregonar la buena nueva del Evangelio».
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La autora del informe, donde se documentan los ataques a la libertad religiosa en el país, denunció que las acciones del orteguismo y las acusaciones falsas para atacar a la Iglesia católica son ilegales desde todo punto de vista.
«El sandinismo sigue con su proyecto de cosificación del ser humano y promueve el odio hacia la libertad religiosa y esto lo único que hace es dañar a la sociedad, lo que tendrá un grave impacto en las generaciones presentes y futuras», reprochó.
Molina subrayó que el 2023 «es un año catastrófico para la Iglesia católica, pero aunque el impacto ha sido funesto, el proyecto de evangelización se mantiene vivo y constante, más fortalecido».
176 religiosos y religiosas fuera de Nicaragua
Por otro lado, la experta indicó que un total de 176 religiosos y religiosas han sido obligados a ejercer su profesión fuera de Nicaragua, debido a que «fueron expulsados, se les prohibió el ingreso o fueron enviados al destierro por la dictadura».
Del total, 83 son religiosas o monjas; 79 sacerdotes, nueve seminaristas, tres diáconos, un obispo y el nuncio apostólico Waldemar Stalislaw. El más reciente caso de prohibición de entrada al país fue el del padre Jairo Antonio Mercado Pavón, encargado de la parroquia Santa Teresita del Niño Jesús, en Rivas, perteneciente a la Diócesis de Granada, bajo la administración de monseñor Jorge Solórzano.
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Molina indicó que «no se construye un Estado de derechos basado en la ley de la selva, en destierros, persecuciones, asedios, vulneraciones de derecho. Al paso que vamos en Nicaragua no quedará piedra sobre piedra».
Asimismo, denunció que un total de 237 misas no se celebraron en los cementerios públicos y privados en toda Nicaragua, el 2 de noviembre de 2023, Día de los Difuntos. También, 3,639 expresiones piadosas populares, conocidas como procesiones, fueron prohibidas en todo el territorio nacional.
