Las relaciones de líderes evangélicos con el régimen de Daniel Ortega en Nicaragua empiezan a quebrantarse.
Los medios de comunicación en diversas notas muestran a pastores, funcionarios y hasta a los hijos de Ortega en grandes eventos, adoraciones y conciertos de la Iglesia evangélica.
El 29 de marzo de 2023 los medios junto al área de protocolo del Aeropuerto Augusto C. Sandino le daban un pomposo recibimiento al misionero John Britton Hancock, del Ministerio Puerta de la Montaña, quien llegaba para participar en el tercer evento de la Cruzada Evangelizadora Buenas Nuevas para Nicaragua.
El 9 de noviembre, El 19 Digital celebraba en sus publicaciones que el Ministerio Puerta de la Montaña y su Pastoral en Managua se preparaban para “dos grandes noches de alabanza este viernes y sábado como parte del cierre de las Cruzadas Buenas Nuevas Nicaragua 2023”.
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No obstante, luego de 41 días de ese anuncio el régimen de Daniel Ortega, por medio de la Policía Nacional, anunciaba que detuvieron a 11 miembros de la organización evangélica Puerta de la Montaña y los acusaba de lavado de dinero.
Según la acusación presentada por la Policía, los estadounidenses John Britton Hancock, presidente de Puerta de la Montaña y Jacob Britton Hancock, miembro de esta organización, llegaron a Nicaragua en el año 2013 con el financiamiento de su coterráneo Bruce Wagner, propietario de una compañía de aviación y dueño del ministerio evangelístico Sacudiendo las Naciones, en Estados Unidos, “con la finalidad de ingresar dinero a nuestro país para la obtención de dinero, propiedades de bienes muebles e inmuebles y hacer negocios”, afirma la notificación.
En los últimos eventos masivos de la organización, el 10 y 11 de noviembre participaron varios funcionarios del régimen, entre ellos la alcaldesa de Managua, Reyna Rueda; el ministro asesor para temas educativos, Salvador Vanegas y la entonces ministra de Educación, Lilliam Herrera. Esos días el transporte público se paralizó por órdenes de Ortega para que estuviesen al servicio de la Cruzada Evangélica.
Según la investigadora y especialista en temas de corrupción y Estado de derecho, Martha Patricia Molina —quien lleva un estudio de las violaciones a la libertad religiosa en Nicaragua—, las leyes de lavado de activos en Nicaragua “se están aplicando incorrectamente y el GAFI/Gafilat está más bien premiando a la dictadura por la persecución indiscriminada a personas e instituciones inocentes”.
El Grupo de Acción Financiera de Latinoamérica (Gafilat) es una organización intergubernamental de base regional, creada para prevenir y combatir el lavado de activos.
Además, mencionó que la Policía como instrumento de anuncio de los supuestos delitos “no es una institución creíble y no está al servicio del pueblo, sino al servicio de dos criminales, por tanto, todas las actuaciones que ellos realicen o los comunicados que emitan son cuestionables y más que utilizan las leyes antilavado para criminalizar a inocentes”.
Atemorizados
Según Molina, desde el momento que se hace público el caso de los 11 investigados y apresados, varios grupos de evangélicos se reunieron para analizar el tema.
“Están asustados de lo que ha pasado con esa congregación y están en desacuerdo con los señalamientos de la dictadura”, manifestó.
Además, no se explica el porqué de esa ruptura repentina, “porque el grupo de protestantes ha tenido una buena relación con la dictadura y la Policía, desconozco el porqué de esa ruptura inesperada”.
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Según la acusación, los señalados “ingresaban dinero a nuestro país, utilizando la fachada de las organizaciones cristianas estadounidenses Sacudiendo las Naciones y Puerta de la Montaña, esta última con filial en Nicaragua, que supuestamente tenían como objetivo hacer discipulado cristiano, captando a campesinos, residentes en los departamentos del norte del país, a quienes designaban como pastores evangélicos con la finalidad de hacer creer que son organizaciones que están ayudando al pueblo nicaragüense y llevando la palabra de Dios, dedicándose a adquirir vehículos, fincas, casas en residenciales y hacer negocios”.
Según lo informado por la Policía, John Britton Hancock y Jacob Britton Hancock, registraron la organización en Nicaragua y designaron como representante legal a Walner Omier Blandón Ochoa y a su esposa Marisela de Fátima Mejía Ruiz, como gerente financiera. Bruce Wagner, según la acusación, depositaba dinero a las cuentas bancarias personales de Walner Blandón y Marisela Mejía.
“Posteriormente estas cuentas fueron bloqueadas por la cantidad de dinero que estaban recibiendo, sin justificación de origen y destino, por ello crearon las sociedades denominadas Operaciones Blandón Hancock S.A. (OBH), Vertical Bridge Works, Conexión Vertical y Puente Plomo”, citan.
Agresiones
La cuarta entrega del Informe Nicaragua: ¿una Iglesia perseguida?, elaborado por Martha Molina, documenta alrededor de 50 agresiones a iglesias evangélicas por parte del régimen de Daniel Ortega y Rosario Murillo en los últimos dos años.
Los ataques se centran en los cierres de ONG evangélicas, asedio y la represión a pastores evangélicos o sus familiares; confiscaciones de edificios, y más de una veintena de pastores evangélicos exiliados.
En este período se registran 49 de las 70 agresiones que se han hecho públicas desde que inició la crisis política en 2018. Es decir, en los dos últimos años se registró un incremento del 70 % de las agresiones.
El informe destaca que siete edificios y proyectos de iglesias evangélicas han sido cerrados y sus propiedades confiscadas. Se han cancelado y cerrado al menos ocho medios de comunicación y universidades. También ha habido impedimentos de actividades cristianas y asedios a los templos evangélicos.
