La dictadura de Daniel Ortega y Rosario Murillo en lo que va del año ha recurrido por segunda ocasión a la excarcelación y destierro de personas que tenía como presos políticos, como nuevo patrón represivo en su afán de que ninguna voz disidente permanezca en el territorio nacional.
El método calificado por defensores de derechos humanos como «perverso», se suma a las expulsiones, prohibición de ingreso a Nicaragua y el exilio forzado que han sufrido cientos de connacionales, incluidos sacerdotes.
«Se está continuando una práctica perversa, porque el mayor impacto del destierro lo conocimos con 222 personas y los 94 más que se dieron a conocer en los siguientes días. Individualmente, poco ha poco se ha venido dando una política de destierro, de impedir el retorno y obligarte al exilio», mencionó a LA PRENSA el abogado defensor del Colectivo de Derechos Humanos Nicaragua Nunca Más, Gonzalo Carrión.
El jurista y especialista en derechos humanos, Uriel Pineda, denunció que el régimen sin duda busca amedrentar a la población y por otra parte el destierro obedece «a un desplazamiento forzado, sin un marco legal existente porque han agarrado a las personas y las han expulsado del país, lo que es incompatible con el Derecho Internacional por prohibir y coaccionar para que una persona no esté en el lugar en el cual tiene derecho legalmente de estar. Si es nicaragüense tiene derecho de estar en Nicaragua».
El 9 de febrero de este año, por primera vez el régimen excarceló y desterró a 222 expresos políticos hacia Estados Unidos, a quienes acusó de «traidores de la patria» y despojó de su nacionalidad, entre ellos figuraban exaspirantes presidenciales, activistas, empresarios, defensores de derechos humanos, sacerdotes, entre otros.
El segundo grupo de desterrados, fue el de los doce presbíteros de la Iglesia católica que fueron enviados a Roma. Cabe mencionar que la mayoría de sacerdotes se habían referido en sus homilías a monseñor Rolando Álvarez, el único obispo convertido en preso político y rehén del orteguismo.
Causa preocupación
Los defensores ven con extrema preocupación que la excarcelación y posterior destierro se convierta en una práctica del orteguismo y que en consecuencia siga provocando que más nicaragüenses tengan que abandonar no solo el país, si no que sus familias, viviendas y vidas.
Carrión apuntó que aunque el destierro ha estado en desarrollo en los últimos años desde el estallido de la crisis sociopolítica en abril de 2018, la arremetida de la dictadura orteguista contra la Iglesia católica del país y la libertad religiosa «se ha intensificado con todos incluidos desde sacerdotes y laicos, esto evidencia el estado de terror que ha impuesto el régimen».
Puede interesarle: Dictadura desata terror en municipios donde detuvo a sacerdotes: asedia parroquias, encarcela, retiene a feligreses y allana sus viviendas
Enseguida, advirtió que las excarcelaciones y destierros «deberían preocuparnos a todos, por la atrocidad que representa. La mayoría de los nicaragüenses han sufrido severos atentados contra sus proyectos de vida, la maquinaria de vigilancia ha conllevado a afinar los métodos represivos que utiliza la dictadura de manera perversa».
Por su parte, Tamara Taraciuk Broner, directora del Programa sobre Estado de Derecho del Diálogo Interamericano, manifestó que si bien la excarcelación de presos políticos causa alivio porque hay menos personas viviendo ese infierno, «es preocupante que el régimen Ortega-Murillo actúe con total impunidad, porque estás liberaciones vienen después del exilio forzado. El descaro es absoluto y requiere de mucha mayor atención internacional de la que hoy recibe la situación en Nicaragua».
Lea aquí: Vaticano alojará a los 12 sacerdotes desterrados por Ortega en la diócesis de Roma
El abogado Pineda señaló que sin duda alguna hay un objeto de preocupación principal debido a que al tratarse de una acción ejecutada desde la política de Estado, «estamos hablando de crímenes de lesa humanidad que no se agotaron en los asesinatos cometidos en abril de 2018, sino que el estado policial que implementa el régimen con los encarcelamientos injustificados y destierros siguen constituyendo crímenes de lesa humanidad eso debe alertar a la comunidad internacional».
91 religiosos fuera de Nicaragua
Martha Patricia Molina, abogada y autora del Informe Nicaragua ¿Una Iglesia Perseguida?, declaró a este diario que lo que se vive en Nicaragua representa «un grave golpe a la Iglesia católica porque está dejando al país sin personas que han sido formadas para ejercer un ministerio sacerdotal o diaconal. Sé de al menos tres sacerdotes que estaban en misión y ahora no pueden regresar, porque hay una prohibición y un peligro si regresan».
Un recuento realizado por LA PRENSA con base a reportes en redes sociales y datos reportados en el Informe de Molina, arroja que actualmente 91 religiosos —incluyendo altos jerarcas, sacerdotes, diáconos, y seminaristas— están fuera de Nicaragua. Entre las principales causas están el destierro, el impedir el retorno, el exilio y la expulsión.
Entre febrero y octubre de este año, un total de 17 sacerdotes nicaragüenses han sido obligados al destierro por parte de la dictadura orteguista. El primer grupo de cinco presbíteros ocurrió el 9 de febrero cuando el grupo de los 222 presos políticos fueron desplazados a Estados Unidos, y el más reciente de 12 padres a Roma. Cabe mencionar, que en el primer grupo, iban dos seminaristas y un diácono.
A 23 sacerdotes y a un seminarista se le negó la entrada. El caso más reciente fue el del padre Mauricio Valdivia Prado, rector y director titular del Colegio Calasanz de Managua, a quien se le negó la entrada al país cuando regresaba de República Dominicana en septiembre. Solo en 2023, a un total de 13 presbíteros se le ha impedido el retorno.
Lea detalles en: Dictadura impide la entrada al país al rector y director del Colegio Calasanz
Asimismo, 34 sacerdotes nicaragüenses se vieron obligados a salir al exilio con el objetivo de proteger su integridad física; el padre Harving Padilla, de la parroquia San Juan Bautista, en la ciudad de Masaya, se exilió a inicios de octubre tras permanecer recluido en el Seminario Mayor Arquidiocesano La Purísima, en Managua, cerca de año y medio. Al menos 18 padres se exiliaron en este año.
A su vez, cinco sacerdotes extranjeros y el nuncio apostólico fueron expulsados de Nicaragua, entre julio 2018 y octubre 2023. Tres padres del total, fueron expulsados en 2023.