El Consejo de la Unión Europea (UE) prorrogó por un año más, hasta el 15 de octubre de 2024, las “medidas restrictivas ante la situación en Nicaragua”. Las sanciones vigentes contra la dictadura Ortega Murillo son contra 21 personas y tres entidades.
“Los designados están sujetos a una congelación de activos y a los ciudadanos y empresas de la UE se les prohíbe poner fondos a su disposición. Las personas físicas están además sujetas a una prohibición de viajar, que les impide entrar o transitar por los territorios de la UE”, detalla el documento publicado este lunes.
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Entre los funcionarios que han sido sancionados por la UE está la esposa del dictador Daniel Ortega y vicepresidenta de Nicaragua, Rosario Murillo; sus hijos, Camila, Juan Carlos y Laureano Ortega Murillo.
También, Francisco Díaz, director de la Policía y consuegro del dictador Ortega; Brenda Isabel Rocha Chacón, presidenta del Consejo Supremo Electoral (CSE); Cairo Melvin Amador Arrieta, vicepresidente del CSE; Lumberto Ignacio Campbell Hooker, magistrado electoral; Nahíma Janet Díaz Flores, directora del Instituto Nicaragüense de Telecomunicación y Correos (Telcor); Luis Ángel Montenegro Espinoza, superintendente de Bancos de Nicaragua; y Alba Luz Ramos, presidenta de la Corte Suprema de Justicia (CSJ).
Otros de los orteguistas sancionados son: Néstor Moncada Lau, asesor en temas de Seguridad Nacional; Gustavo Porras, presidente de la Asamblea Nacional; Sonia Castro, asesora en temas de Salud; Ramón Avellán, subdirector de la Policía; Juan Valle Valle, jefe policial de Masaya; Justo Pastor Urbina, jefe de la Dirección Especial de Operaciones Especiales (DOEP) de la Policía; Luis Pérez Olivas, exjefe de la Dirección de Auxilio Judicial (DAJ) de la Policía; Ana Julia Guido, fiscal general de Nicaragua; Fidel Domínguez, jefe policial de León; y Bayardo Arce, asesor en temas económicos.
Las tres instituciones estatales sancionadas por la UE, desde enero de 2022, son: Policía Nacional, Consejo Supremo Electoral y Telcor.
UE reafirma su compromiso con Nicaragua
Los integrantes de la Unión Europea, a través del comunicado, reafirmaron su compromiso continuo con el pueblo nicaragüense y con la defensa de la democracia, el Estado de derecho y los derechos humanos, instando a que la crisis sociopolítica que sufre el país desde hace más de cinco años “debe resolverse mediante un diálogo genuino entre el Gobierno y la oposición”.
La Unión Europea, desde 2018, ha venido denunciando las violaciones a los derechos humanos que se cometen contra el pueblo de Nicaragua. En octubre de 2019, introdujo por primera vez el régimen de sanciones, ante el deterioro de la situación política y social de Nicaragua, después de que el Consejo expresara repetidamente su preocupación por la crisis sociopolítica que hasta la fecha sigue sin solucionarse.
El 4 de mayo de 2020, el Consejo de la UE adoptó las primeras medidas restrictivas contra seis personas y desde entonces la lista se ha venido engrosando hasta llegar a las 21 personas y tres instituciones estatales designadas.
La UE explicó en ese entonces que las medidas restrictivas son dirigidas a “personas y entidades responsables de graves violaciones o abusos de los derechos humanos, o de la represión de la sociedad civil y la oposición democrática en Nicaragua, así como a personas y entidades cuyas acciones, políticas o actividades socavan la democracia y el estado de derecho en el país”.
