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Su nombre es Luis Alberto Pérez Olivas, pero entre sus conocidos le llaman “LAPO”. Algunos opositores, en tono burlesco, le han apodado “El Sapo Mayor”. Desde la Dirección de Auxilio Judicial (DAJ) ha sido el encargado de presentar supuestas pruebas en contra de manifestantes y opositores a la dictadura de Daniel Ortega.
Quienes lo conocen lo describen como una persona obsesionada con su trabajo de investigar y crear casos, aunque sean falsos. Según un excarcelado político, el mismo Pérez Olivas le dijo en una ocasión que tenía un cuarto en El Chipote en donde dormía y lo usaba para estar cerca de los detenidos.
Desde que estalló la crisis política en 2018, Pérez Olivas ha sido el principal funcionario de la Policía que ha presentado acusaciones contra opositores frente a los medios de comunicación oficialistas. Lo hace como si se tratara de una gran investigación, con diapositivas de PowerPoint, fotografías de los sospechosos unidas con hilos, y objetos que supuestamente incriminan a esas personas. En muchos casos, esos objetos han sido banderas azul y blanco.

Armar estos casos le valió en 2018 que Daniel Ortega lo ascendiera a comisionado general y en 2019, para el aniversario de la Policía, él mismo mostró su lealtad al Frente Sandinista. “Lo más importante para nosotros debe ser el convencimiento y la disposición de ser fieles a la Revolución. Nuestros principios revolucionarios nos convierten en policías dispuestos a entregarlo todo por la comunidad”, dijo a Visión Policial.
En las últimas semanas, se ha especulado que Pérez Olivas fue removido de la Dirección de Auxilio Judicial y habría asumido como jefe del Distrito III de Managua. Algunos lo creen caído en desgracia, mientras otros como un excompañero suyo de la Seguridad del Estado que nos pide anonimato, considera que se trata de un “movimiento normal” dentro de las filas de la Policía.
Interrogador
Luis Alberto Pérez Olivas nació hace 67 años en León. Para finales de 1977 se integró al Frente Estudiantil Revolucionario (FER) y participó en acciones de protesta como huelgas de hambre y manifestaciones pidiendo la libertad de guerrilleros sandinistas detenidos.
Una persona que trabajó con Pérez Olivas en los ochenta y que lo conoció por aquellos años en la Seguridad del Estado, relata que través del FER fue que el hoy comisionado se vinculó con el Frente Sandinista, pero no luchó como guerrillero contra la Guardia Nacional de Somoza, si no que se quedó en la ciudad haciendo trabajos logísticos como mensajero en León y Estelí.
Tras el triunfo de la Revolución Sandinista en 1979, Pérez Olivas fue recomendado para trabajar en la Seguridad del Estado del Ministerio del Interior debido a que se había destacado como correo durante la insurrección. Así fue como se convirtió en fundador de la sección de Operaciones y trabajaba como interrogador.
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Otro exguerrillero, que también trabajó en la Seguridad del Estado y que solicita anonimato, recuerda que los primeros trabajos de Pérez Olivas fue interrogar a los guardias que quedaron detenidos después del triunfo sandinista. “Más que interrogarlos, era torturarlos. Ahí se decidían muchas cosas sobre las vidas de los guardias”, comenta la fuente.
Fue en la Seguridad del Estado que a Pérez Olivas le empezaron a llamar LAPO, por las iniciales de su nombre y hasta la fecha, hay viejos cuadros del Frente Sandinista y policías de la Dirección de Auxilio Judicial que se refieren a él de esa manera.

James Gonzáles era un recién graduado de la academia de la Guardia Nacional cuando los sandinistas tomaron el poder. Él no pudo huir del país y fue detenido junto a otros guardias que se encontraban en la Fuerza Aérea esperando por un avión para escapar de los sandinistas. Gonzáles afirma que “esa cara de sapo jamás se me va olvidar porque fue el que me torturó”.
Gonzáles fue llevado junto a otros guardias a La Modelo y meses después lo sacaron encapuchado con rumbo desconocido. “Él me quitó la capucha y me vio. Yo era un cipote de unos 20 años y me dijo que tenía información de que yo había disparado contra unos estudiantes en León”, relata el exguardia.
Según Gonzáles, Pérez Olivas lo torturó de manera física y psicológica por tres días en aquel lugar. Le cortó las uñas de los dedos con una tijera, ordenó que lo metieran en un pozo de agua hasta quedarse sin oxígeno y le apagaban cigarrillos en los brazos y el pecho. “Hay cosas de las que ya ni me quiero acordar, pero te puedo decir que ese hombre lo hacía por placer. No era por sacar información”, valora.
Después de esos tres días, Gonzáles fue llevado de regreso a La Modelo y dice que no volvió a saber de su torturador hasta que lo vio después de las protestas de 2018 con uniforme policial.
A pesar de sus torturas, Pérez Olivas no se destacó en la Seguridad del Estado. “Era uno más. Era un interrogador. No tenía trascendencia”, dice su excompañero, de manera que estuvo ahí hasta 1984 y luego fue enviado a la Policía Sandinista para trabajar en el departamento de Procesamiento Policial en donde estuvo hasta mediados de los noventa.
Para aquellos años, Pérez Olivas entró a estudiar Derecho y se convirtió en abogado. Con el paso del tiempo, LAPO fue escalando puestos en la institución hasta llegar a ser el jefe de la Policía de Jinotega, puesto que ocupó por ocho meses y luego fue enviado a Bluefields también como jefe policial.
Posteriormente, Pérez Olivas asumió la Dirección de Armas, Explosivos y Municiones y en 2016 fue nombrado jefe de la Dirección de Auxilio Judicial.
Torturas
El excarcelado político Kennet Romero Aburto reconoció a Pérez Olivas como su torturador cuando lo vio por televisión presentando pruebas contra un grupo de manifestantes que habían sido detenidos en junio de 2018. El mismo Romero Aburto lo contó en dos videos que divulgó después de ser excarcelado ese año.
Romero Aburto es un joven que se atrincheró en la Universidad Politécnica de Nicaragua (UPOLI) y que fue detenido por la Policía el 26 de mayo de 2018. En su video, relató que fue enviado al Chipote en donde estuvo siendo torturado por un tipo al que le llamaban “El Líder” junto a otra persona apodada como “El Águila”.
“Pasé dos días de tortura para que confesara algo que no había cometido”, dijo Romero Aburto. El joven fue obligado a grabar un video para incriminar a Félix Maradiaga y a monseñor Silvio Báez de planear saqueos y ser artífices de un supuesto intento de golpe de Estado. “Mientras estaba grabando eso me tenían apuntado con fusiles AK y si yo fallaba me iban a exterminar ahí mismo”.
Romero Aburto también acusó a “El Líder” de ejecutar al estudiante de Agronegocios de la Universidad Agraria, Keller Esteven Pérez Duarte, cuyo cadáver apareció en la cuesta El Plomo con signos de tortura, ambas piernas rotas, un disparo en la cabeza y parte de su cuerpo quemada.

Durante el suplicio que vivió, Romero Aburto relata que uno de sus torturadores se quitó la capucha en frente de él y después de que fue liberado, lo vio nuevamente. “Un día estando en mi casa al ver la televisión, yo me doy cuenta que ese señor es el jefe de Auxilio Judicial, Luis Alberto Pérez Olivas. Jamás olvidaré su rostro en mi vida”, dijo el joven en su video divulgado en junio de 2018.
Para aquellos días, era casi habitual ver a Pérez Olivas hablando frente a los medios de comunicación oficialistas y dando detalles sobre las supuestas bandas delincuenciales que según él mismo decía, “quieren mantener en zozobra a la población”. Hasta la fecha, la DAJ, ha sido señalada de fabricar casos en contra de opositores.
Pérez Olivas fue sancionado en marzo de 2020 por el Departamento del Tesoro de los Estados Unidos, debido a que habían comprobado que el comisionado había participado y dirigido actos de “tortura, violación, electrocución, laceraciones con alambre de púas, estrangulamiento y golpes con tubos de acero”, según se lee en la resolución de la sanción.
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En septiembre de 2018, Pérez Olivas fue ascendido al rango de comisionado general y uno de los que criticó dicho ascenso fue José Miguel Vivanco, quien entonces era el director para las Américas de Human Rights Watch.
“Un manifestante retenido en El Chipote afirmó que hombres encapuchados lo colgaron del techo y lo golpearon con bates de béisbol, tubos y pistolas durante dos días. Posteriormente, el manifestante afirmó que lo llevaron a un encapuchado a quien reconoció por la voz y la complexión como Pérez Olivas, quien lo obligó a filmar una confesión en la que implicaba a otros manifestantes”, denunció Vivanco.
El funcionario de Human Rights Watch también mencionó que Pérez Olivas habría estado directamente implicado en la administración de un centro clandestino donde bandas armadas partidarias de la dictadura de Ortega cometieron “abusos aberrantes”.
Pérez Olivas también ha sido visto dirigiendo actos de represión en la vía pública, como el asalto al Canal 100% Noticias en diciembre de 2018 y también el allanamiento a la casa de la precandidata presidencial Cristiana Chamorro.