La Asamblea Nacional de Nicaragua reeligió en el cargo de fiscal general a la leal sandinista Ana Julia Guido Ochoa, y también al actual fiscal general adjunto, Julio César González, como parte del proceso de «elección» de las cabezas de la Fiscalía General, institución bajo el control total de la dictadura de Daniel Ortega.
Lea además: ¿Quién es Ana Julia Guido?
La Asamblea Nacional de Nicaragua, que es otra institución controlada totalmente por la dictadura, está compuesta por 91 diputados, 70 del partido gobernante Frente Sandinista de Liberación Nacional (FSLN), que encabeza Ortega, y el resto son diputados de diferentes tendencias liberales, que no tienen ninguna incidencia en la toma de decisiones. Esto hace que todas las propuestas, leyes y decretos enviados por Ortega o sus diputados sandinistas, se aprueben sin ningún problema e incluso de manera expedita en la mayoría de los casos.
Julia Guido es una leal a Ortega, lo que le valió mantener su puesto. Es fiscal general desde 2014, propuesta por Ortega ante la Asamblea Nacional. Antes fue fiscal adjunta, también a propuesta de Ortega desde que este retornó al poder en 2007.
Propuestas de diputados liberales
Aún así, los diputados liberales se tomaron el tiempo para hacer propuestas de candidatos, entre estos, Noel Horacio González Carrión, propuesto para el cargo de fiscal general por el diputado de la ALN, Alejandro Mejía Ferreti; Ana María Velásquez Suárez, propuesta también para fiscal general por el diputado del PLI, Mario Asensio Flores.
La diputada del PLC, Eneyda Escoto Mairena, propuso para ese mismo cargo a cuatro candidatos: Gabriel Alejandro Somarriba García, Julio César Lacayo Naranjo, Ramón Arsenio Espinoza y Griselda Consuelo Altamirano Flores.
Guido y Julio González, propuestos ambos por el dictador Daniel Ortega y el presidente de la Asamblea Nacional, Gustavo Porras, fueron reelegidos con 89 y 87 votos, respectivamente.
Fiscalía, pieza clave en ejecución de «crímenes de lesa humanidad»
El abogado y especialista en administración de justicia, Yader Morazán, manifestó que el hecho de que la dictadura de Ortega tenga aliados en la dirección de la Fiscalía General de la República, le facilitó cometer los crímenes de lesa humanidad en 2018, lo que ha sido confirmado por organismos internacionales de derechos humanos del Sistema Interamericano y de las Naciones Unidas.
Lea además: El rol de la Fiscalía como el brazo represor jurídico de la dictadura
Morazán explicó que los Estatutos de Roma establecen como crimen de lesa humanidad la persecución, que se ajusta a la actuación de la Fiscalía en Nicaragua.
«El crimen de persecución o encarcelación, privación de libertad, el Ministerio Público ha sido parte de ese engranaje», dijo Morazán.
El artículo 7, inciso h), de los Estatutos de Roma establece que cuando la persecución se cometa como parte de un ataque generalizado o sistemático contra una población civil y con conocimiento de dicho ataque, se entiende como “crimen de lesa humanidad”. Es así que es un «crimen de lesa humanidad» la «persecución de un grupo o colectividad con identidad propia fundada en motivos políticos, raciales, nacionales, étnicos, culturales, religiosos, de género definido en el párrafo 3, u otros motivos universalmente reconocidos como inaceptables con arreglo al derecho internacional, en conexión con cualquier acto mencionado en el presente párrafo o con cualquier crimen de la competencia de la Corte.
¿Cómo ha trabajado la Fiscalía desde 2018?
Morazán valoró que bajo la dirección de la sandinista Ana Julia Guido, la Fiscalía ha sido una institución muy necesaria en el engranaje de la represión contra los opositores políticos y personas que participaron en las protestas de 2018, en sus diferentes etapas.
Desde un inicio, la Fiscalía actuó parcializada totalmente con la dictadura de Ortega y a la vez se fue ajustando a las leyes aprobadas por la Asamblea Nacional, para crear un marco legal que castigara la libertad de expresión, las aspiraciones políticas y cualquier acusación que pudieran usar contra los opositores de forma ambigua, como «traición a la patria», «menoscabo» y «conspiración».

Así llega 2021, año en que comienzan los citatorios de la Fiscalía en la sede nacional de Managua y a la vez las detenciones tras salir de las entrevistas.