Un sistema de justicia ideal para un país y principalmente para las víctimas de diferentes delitos es contar con una Fiscalía independiente, imparcial, objetiva, profesional y, sobre todo, apolítica. Sin embargo, en Nicaragua, abogados defensores de presos políticos señalan que el Ministerio Público del país carece de todas estas cualidades. Es más, sus funcionarios operan abiertamente en respuesta a los intereses de los dictadores Daniel Ortega y Rosario Murillo.
Luego que iniciaran las protestas en abril de 2018, las capturas de opositores al régimen por parte de oficiales de la Policía Orteguista (PO), con la ayuda de paramilitares, fueron masivas e ilegales. Más que detenciones, eran secuestros, sin asidero o sustento legal. A pesar de una serie de irregularidades, la Fiscalía acusaba a los secuestrados ante los tribunales, también dominados por la dictadura.
En muchos casos los secuestrados políticos pasaban meses tras las rejas del régimen sin ser acusados. Posteriormente aparecía la Fiscalía, relatando hechos pocos creíbles en los diversos juzgados del país, según los abogados defensores de presos políticos. Los periodistas Miguel Mora y Lucía Pineda Ubau ni siquiera enfrentaron un juicio. Pasaron seis meses encarcelados por capricho político de los dictadores.
El “triángulo perverso”
“Al inicio la Fiscalía usaba el mismo guion casi. Cuando acusaban por terrorismo, las circunstancias eran similares. Lo único es que cambiaban eran los lugares y la participación de los presos. La relación de los hechos en sus escritos era muy similar en este momento y la Fiscalía no rechazó expedientes facilitados por la Policía contra presos políticos que estaban llenos de irregularidades, vacíos legales y abusos; por el contrario, se sumó a la trama y se sumó a formar el triángulo perverso (Poder Judicial, Policía y Fiscalía)”, consideró la abogada María Oviedo, de la Comisión Permanente de Derechos Humanos (CPDH).
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“Las acusaciones (de la Fiscalía) son ficticias. No son reales y eso parte de una situación de creación de expedientes, de igual manera ficticios. Actos de investigación practicados por oficiales de policía que, por ejemplo, afirman que la persona fue detenida un 16 del mes, cuando pudo haber sido detenida un 12. Esa es parte de la dinámica”, indicó Julio Montenegro, abogado de presos políticos y quien fue fiscal del Ministerio Público.
La trama del «triángulo perverso» se ajustaba al objetivo principal de la dictadura, que consistía en vender la idea a nivel internacional de que la rebelión de abril de 2018 no era más que un intento “golpe de Estado”. Por eso es que la FO acusaba a los reos de conciencia por delitos como terrorismo, tráfico de armas, obstrucción de funciones, entre otros.
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Sin embargo, ante la presión internacional y los señalamientos locales sobre la existencia de presos políticos, el régimen pasó a acusarlos por delitos relacionados al narcotráfico. “Como ya el Gobierno no quería aceptar que tenía presos por motivos políticos, entonces comenzaron a procesarlos por delitos comunes como narcotráfico, robo y otros. ¿Por qué lo hicieron? Porque en estos casos es más fácil manipular la prueba, ya que en estos los testigos siempre van a ser los policías y en el caso de los robos, las supuestas víctimas siempre tienen que ver con el Gobierno”, explicó Oviedo.
Fiscales se sirven en “plato grande”
Los abogados criticaron que los judiciales aceptan sin mayor análisis y argumentos las solicitudes, alegaciones, peticiones, incidentes y excepciones promovidas por las fiscales de la dictadura en los procesos contra los reos políticos. En cambio, rechazan todo lo planteado por las defensas.
“En el caso de la juez Segundo de Distrito Penal de Juicio de Managua, Adela Cardoza, ella oficiosamente bota pruebas de las defensas de los presos políticos, sin que lo solicite la Fiscalía. Ella tiene facultades para excluir pruebas, pero en juicio, no en una audiencia especial, y previo al juicio ha excluido pruebas”, cuestionó Oviedo.
Los fiscales de la dictadura han demostrado saña contra los presos políticos, ya que solicitan a los jueces orteguistas penas máximas contra los procesados, sin tomar en cuenta atenuantes y otras circunstancias legales que favorecen al reo.
LA PRENSA/Tomada de El 19 Digital
En febrero de 2019, el líder campesino Medardo Mairena, uno de los más de setecientos presos políticos del régimen de Daniel Ortega, fue condenado a una pena de 216 años y tres meses de cárcel que le impuso el juez orteguista Edgar Altamirano, titular del Juzgado Noveno Distrito Penal de Juicio de Managua, a petición de la Fiscalía.
“Allí hay una falta de objetividad del Ministerio Público, un exceso en la función del judicial también, porque el Código Penal establece reglas para imponer la pena. Si vos venís y vas a poner una pena antojadiza, tenés que decirme por qué. La mayoría de las sentencias carecen de fundamento, imponen la pena y no la fundamentan”, dijo Oviedo.
Fiscalía discrimina a víctimas opositoras
El Ministerio Público también ha demostrado falta de profesionalismo, imparcialidad y ser una institución que responde a intereses políticos de la dictadura, cuando toca que los denunciantes son opositores al régimen. Recientemente, el juez Erick Laguna, del Juzgado de Estelí, dejó en libertad a Abner Pineda Castellón, un simpatizante del partido Frente Sandinista de Liberación Nacional (FSLN), a pesar de que disparó y mató al opositor a la dictadura Jorge Rugama Rizo, de 42 años. En este caso, el representante de la Fiscalía no apeló la decisión del judicial, pero sí lo hizo el abogado Eber Acevedo, de la CPDH.
LAPRENSA/ ARCHIVO.
“Fue negligente totalmente el actuar de la Fiscalía en este caso. Ante lo notorio del fallo ilegal, obsceno y absurdo del juez, debieron de haber apelado, porque la Fiscalía representa a la víctima, entonces aquí dejó en total desprotección a la víctima y no tuteló sus derechos. Debió de haber agotado todas las instancias judiciales y no lo hizo, por lo que cometió una negligencia estatal, ya que es una institución del Estado”, criticó Oviedo.
Opositores que son víctimas del régimen han interpuesto denuncias en la Fiscalía, a pesar de estar conscientes que las mismas no prosperarán y quedarán engavetadas. El periodista y ahora político Miguel Mora interpuso una denuncia en contra del dictador Ortega y su consuegro Francisco Díaz, jefe de la PO, señalando un delito de intento de homicidio en contra de su esposa, Verónica Chávez.
“La denuncia se tiene que hacer como todo ciudadano. Es como si yo hubiera matado a 300 jóvenes y nadie hubiera puesto la denuncia, nadie hubiera dicho nada, es como que cierren LA PRENSA y nadie diga nada. ¿Qué puede proceder? Procede la denuncia internacional. Si no hay justicia nacional, va a haber justicia internacional”, consideró Mora sobre el engavetamiento de su queja en la Fiscalía.
Julio Centeno: “El fiscal político debe ser destituido”
El exfiscal general de la República, Julio Centeno, aseguró que cuando la Fiscalía estuvo bajo su mandato fue una de las mejores a nivel de Centroamérica y el Caribe, ya que logró institucionalidad, independencia, y sobre todo era apolítica.
“Esperaba que el que me sucediera siguiera con la misma mística, haciendo lo que fue la mejor Fiscalía de Centroamérica. No sé si ella (la fiscal general Ana Julia Guido) ha mantenido esa mística. Recordá que ella viene de un origen militar y etcétera, nosotros éramos los primeros en ser invitados en las grandes instituciones del mundo”, dijo tímidamente Centeno, quien prefirió no opinar sobre el trabajo que realiza actualmente la FO.
Consideró que uno de sus logros fue hacer una institución al servicio de las víctimas y de las personas de escasos recursos, sin distinción por preferencias políticas. “La Fiscalía no tiene rostro político. Así lo establece su Ley Orgánica y yo como he sido un poco muy ortodoxo en ese particular, tuvimos un artículo especial que una de las causales de destitución del funcionario de la Fiscalía es su militancia política. Si alguien tiene una militancia política está taxativamente establecido en la ley, el presupuesto de destitución del cargo, porque tiene que ser eminentemente apolítico”, recordó Centeno. No obstante, en la práctica es distinto e incluso la violación de ese artículo por parte de los fiscales es premiado por la dictadura.
En abril del 2014 Ana Julia Guido, sancionada por el Departamento del Tesoro de Estados Unidos «por fabricar casos contra manifestantes», asumió la titularidad de la Fiscalía. Ella es reconocida por su trayectoria sandinista y lealtad partidaria al Frente Sandinista de Liberación Nacional, así como por su experiencia profesional en las filas de la Policía Orteguista. Al tomar el mando de la institución, envió a las zonas más alejadas a los fiscales cercanos a Centeno y que eran vistos como liberales.
