Por más de dos años el dictador Daniel Ortega ha mantenido un discurso en el que califica las protestas ciudadanas —iniciadas en abril de 2018— como “un intento de golpe de Estado”. Desde entonces ha responsabilizado a la oposición nicaragüense de las muertes ocurridas durante las manifestaciones antigubernamentales, que según cifras de organismos de derechos humanos nacionales e internacionales superan las 320.
Pese a que los mismos informes de las instancias internacionales, que llegaron al país en julio de 2018 para investigar los actos de violencia ocurridos ese año, demostraron la participación de las fuerzas policiales que haciendo uso de armamento de guerra reprimieron a los manifestantes opositores, en su mayoría jóvenes, estudiantes universitarios.
Ortega aseguró este martes 15 de diciembre, durante el acto oficial de acreditación de los nuevos embajadores del país, que “evitó” sacar a la Policía, quien ha fungido como el brazo represor de la dictadura.
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El 18 de abril de 2018, un grupo de personas de la tercera edad, en la ciudad de León, con pancartas en manos, salieron a las calles para protestar contra una fallida reforma al Seguro Social que reducía el 5 % de sus pensiones. La concentración fue violentamente interrumpida, cuando turbas afines al régimen atacaron salvajemente a los ancianos, a plena vista y presencia de agentes de la Policía Orteguista, quienes no hicieron nada para evitar las agresiones.
Horas más tardes, en Managua, un grupo de ciudadanos autoconvocados se reunieron en Camino de Oriente, para protestar en apoyo a los jubilados agredidos en León, y además, en contra de las reformas al Instituto Nacional de Seguridad Social (INSS), pero miembros de la Juventud Sandinista, acuerpados por antimotines, también reprimieron a golpes, piedras y patadas a los manifestantes.
Mientras que en el segundo día de protestas (19 de abril 2018), se reportaron los primeros fallecidos a balazos, entre ellos el estudiante de 19 años, Richard Eduardo Pavón Bermúdez, en Tipitapa; Darwin Urbina y el policía Hilton Manzanares, en el sector de la Universidad Politécnica de Nicaragua (Upoli).
Desde el inicio de las protestas masivas de abril de 2018 que reclamaban la renuncia de Ortega, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) calcula que murieron al menos 328 personas. Mientras que el régimen solo reconoce 200 muertes a raíz de la crisis.
Para el dirigente estudiantil, Max Jérez, miembro de la Alianza Cívica, en la comparecencia pública de este martes de Ortega se apreció un intento desesperado por justificar ante la comunidad diplomática las graves violaciones de derechos humanos cometidas a raíz de la crisis social y política de 2018.
“Ha sido evidente la negativa del régimen de Ortega de asumir su responsabilidad de graves violaciones de derechos humanos, sobre todo en lo relativo a la participación de las fuerzas policiales y el uso excesivo de las fuerzas, así como la colaboración de la Policía Nacional y de paramilitares”, opinó Jerez.
“En este sentido Ortega ha recurrido a la tergiversación de la realidad, de la verdad histórica que todos los nicaragüenses conocemos, que todos los nicaragüenses como protagonistas de la insurrección de abril hemos vivido”, agregó.
“Es un acto descarado”
Ortega también mencionó durante su discurso que la Policía Orteguista salió al cabo de un mes de iniciadas las protestas ciudadanas. El excarcelado político de León, Byron Estrada, lo catalogó como “un acto descarado”, ya que recuerda que la PO salió desde el primer día a reprimir las manifestaciones ciudadanas.
“Es un acto descarado de parte de Ortega decir en sus discursos claramente que él evitó sacar a la Policía en las protestas. Nosotros como jóvenes fuimos vapuleados, amenazados, golpeados por la Policía desde el mismo día, 18 de abril de 2018”, manifestó Estrada.
“Ortega ordenó sacar no solo a la Policía, sino a su maquinaria de paramilitares, Juventud Sandinista, quienes golpearon brutalmente ancianos, jóvenes, a los ciudadanos que protestábamos en las calles”, señaló el líder juvenil.
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Estrada fue encarcelado el 25 de agosto de 2018, por participar en las marchas antigubernamentales en León y excarcelado el 11 de junio de 2019, junto con otros 55 manifestantes.
“Es completamente decepcionante escuchar las palabras del dictador en un discurso retrógrado, gastado, sin soluciones a tantas situaciones en las que vivimos; como la pobreza, el desempleo, la falta de calidad en la educación. Por todas estas acciones Ortega no está en capacidad de tener el poder, porque ya es un anciano que no está preparado para llevar las riendas del país”, criticó el opositor.
Un discurso para complacer a sus bases
Por su parte, el universitario excarcelado político y sobreviviente al ataque del 13 y 14 de julio de 2018, a la iglesia Divina Misericordia, Jonathan López, opinó que las declaraciones de Ortega son las mismas que ha repetido durante los últimos años, para complacer a sus bases. “Es más de lo mismo que ha venido diciendo por estos más de dos años con la intención de complacer, engañar a sus bases, pero dudo mucho que toda la base del Frente Sandinista crea todo lo que dice”, expresó.
El analista político, Eliseo Núñez, considera que el dictador parece que viviera en un mundo paralelo. “Y te queda la duda si es un mundo paralelo o para-lelos, porque realmente uno comienza a dudar si es que en realidad se cree (Ortega) lo que está diciendo o realmente habla para que creyentes que serían los ‘lelos’. Ahí te queda la duda”, coincide Núñez con López.
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“Yo seguiría apostando a que está hablando para su propio mercado. Él no tiene interés de convencer a nadie más que a su propia gente”, agregó Núñez.
“El régimen desde un inició sacó a la Policía. Hay demasiadas pruebas, esta es otra ocasión en la que descaradamente miente ante la comunidad nacional e internacional”, insiste López. “Incluso cuando se dio la toma de la UNAN el 7 de mayo, eran policías los que llegaron. Además, en todos los ataques la Policía estuvo protegiendo y respaldando a las fuerzas paramilitares de la dictadura”, recordó el exatrincherado de la UNAN-Managua .
López estuvo detenido por más de seis meses en el Sistema Penitenciario de Tipitapa, La Modelo. Fue capturado la mañana del 23 de septiembre de 2018 en un supermercado del barrio Waspan Sur, de Managua, y condenado a cinco años y nueve meses de prisión. Sin embargo, fue excarcelado el 20 de mayo de 2019, como parte de los acuerdos del segundo Diálogo Nacional.
Evidencias demuestran participación represiva de la PO
Jérez manifestó que todo aquello relativo a la insurrección de abril va a ser un discurso tergiversado y de mentiras de la dictadura. Sin embargo recuerda que “hay suficiente evidencia audiovisual, reportes periodísticos, incluso el informe realizado por la CIDH que evidencian la participación de fuerzas policiales desde el inicio de las protestas, no solo impidiendo las manifestaciones, sino participando deliberadamente en ataques a civiles, manifestantes desarmados en colaboración con grupos de choque y grupos paramilitares”.
Al respecto, el Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes (GIEI) demostró con videos que la Policía Orteguista, apoyada por paramilitares, hizo uso desproporcionado de la fuerza y utilizó armamento de guerra, entre estos, fusiles AR-15, AK-47, AK-74, Dragunov y ametralladoras, para reprimir y atacar las manifestaciones ciudadanas que estallaron en abril de 2018.
El GIEI que llegó al país el 1 de julio por un acuerdo entre la Secretaría General de la Organización de Estados Americanos (OEA), la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) y el Gobierno investigó los hechos de violencia ocurridos entre el 18 de abril y el 30 de mayo, día en que se registró una de las más grandes masacres en el país.
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El 30 de mayo de 2018, Día de la Madres en Nicaragua. En Managua se realizó la marcha que se recuerda en el país. Miles de personas salieron a marchar, en apoyo a las madres que habían perdido a sus hijos durante la represión violenta a las protestas ciudadanas, pero culminó en una masacre cuando policías y parapolicías atacaron a balazos a los ciudadanos que participaron en la manifestación.
Testimonios recopilados por el GEIE revelaron que policías “vestidos de celeste” dispararon a mansalva contra los manifestantes. El organismo internacional afirmó en su informe que en Nicaragua se cometieron crímenes de lesa humanidad.
“Sus seguidores creen que las televisoras y los medios de comunicación han conspirado con Estados Unidos y Europa junto con la derecha mundial, y sepa quién más para crear esta versión de las cosas que perjudican a Ortega”, comentó Núñez.
“Ahí implican dos cosas: apuesta en que esta gente (militancia) cree que (Ortega) es tan importante en el mundo, no en Nicaragua, en el mundo, para que el mundo entero conspire en construirle una mentira de este tamaño, y segundo, implica en que aprovecha un odio reiterado que ha venido cultivando en contra del modelo de gobierno occidental (EE.UU. y Europa) porque esta gente asume que este modelo de gobierno es el causante de su pobreza y Ortega se vende como el salvador de la pobreza de ellos, cuando los gobernantes como Ortega son los que han causado el mayor grado de pobreza de América Latina”, concluyó el analista político.