En las últimas semanas han sido frecuentes los reportes que simpatizantes del régimen de Daniel Ortega y Rosario Murillo –incluyendo funcionarios estatales– viajaron a Estados Unidos por medio del parole humanitario, un programa que permite a nicaragüenses entrar, vivir y trabajar legalmente en territorio norteamericano. Esto, a pesar de que el Servicio de Inmigración y Ciudadanía de EE. UU. (Uscis, por sus siglas en inglés), estipula ciertas restricciones o motivos por los cuales se le puede negar la entrada a un migrante al considerarlo inadmisible.
En el caso del parole, entre las razones por las que podría ser negada la entrada a EE. UU. y la autorización de viaje, está haber cruzado ilegalmente la frontera de Panamá o México después del anuncio del beneficio que fue otorgado por el gobierno de Joe Biden el pasado 9 de enero a nicaragüenses, cubanos y haitianos. Pese a que las autoridades de Migración han advertido que son los oficiales de Aduanas y Protección Fronteriza (CBP) quienes toman la decisión final.
Le invitamos a leer: Subcomisionada de la Policía llega a EE. UU. con parole humanitario
Pero particularmente, Uscis establece que son inadmisibles aquellas personas que no hayan pasado el proceso de verificación de antecedentes como parte del protocolo de seguridad. Asimismo se le puede negar la entrada a todas aquellas personas involucradas en actividades como prostitución, tráfico humano, lavado de dinero, terrorismo o asociadas a partidos comunistas.
También serán inadmisibles al territorio norteamericano aquellas personas que hayan cometido violaciones a la libertad de culto. “Personas que hayan servido como empleados de gobiernos extranjeros y que hayan sido responsables en cualquier momento de violaciones a la libertad religiosa, serán considerados inadmisibles”, indica el manual de Uscis.
Sin embargo, la subcomisionada María de Jesús Guzmán Gutiérrez, jefa de bloque de la Policía en Matagalpa, y el matrimonio de Juan Alberto Soza Jarquín y Gabriela Alejandra Rayo Castro, el primero señalado de ser paramilitar orteguista de Matagalpa y la segunda fungió como testigo en el juicio fabricado contra el obispo de Matagalpa y administrador apostólico de la Diócesis de Estelí, monseñor Rolando Álvarez, lograron entrar y están viviendo en EE. UU.
El obispo Álvarez, condenado a 26 años de cárcel, permanece encarcelado en las celdas del Sistema Penitenciario Jorge Navarro conocido como La Modelo, mientras los cómplices de su encarcelamiento entraron libremente al país considerado por los fanáticos del régimen como “agresor”, según denunció Yader Morazán, exfuncionario del poder judicial y experto en Administración Pública.
De hecho Estados Unidos, bajo el gobierno de Biden, ha condenado en encarcelamiento del obispo Álvarez y ha reiterado su demanda de que el régimen lo libere de inmediato, asimismo, la restitución de la libertad religiosa en el país y todos los derechos ciudadanos.
Ambigüedad en leyes migratorias
Activistas y expertos en temas migratorios sostienen que las leyes migratorias en EE. UU. lamentablemente son “ambiguas”. Damaris Rostrán, defensora y activista de la diáspora nicaragüense en Nueva York y Nueva Jersey, comentó que realmente ese es un tema recurrente dentro de la diáspora. “Es el diario vivir”, dijo.
Si bien es cierto, afirmó Rostrán, que “Estados Unidos tiene todos sus parámetros, hay algunos criterios de la Ley de Migración que no se aplican completamente porque no tienen un caso en el país. Lo que sí se puede hacer aquí en EE. UU. y (si se) tienen pruebas, es ir a denunciar a esas personas que han cometido violaciones de derechos humanos en Nicaragua”.
Rostrán sostuvo que en Estados Unidos ser sandinista “no es ni siquiera un delito”, no obstante consideró que “si esta gente ha cometido algún crimen hay que denunciarlo y presentar las pruebas”.
A su consideración, el mejor camino para dejar al descubierto la complicidad de estas personas en los crímenes cometidos en el país es que entren a Estados Unidos y una vez allá sean denunciados. Sin embargo, esto conlleva un proceso legal. “Por más bulla que hagamos en redes sociales, tenemos que cumplir con el proceso de denuncia formal con pruebas”, dijo.
Le puede interesar: “Sapo, asesino”. Le gritan a Juan Caldera, simpatizante sandinista, en EE. UU.
En esa misma línea, Ronmell López, activista de derechos humanos y experto en leyes migratorias, coincidió con Rostrán en cuanto a la ambigüedad de las leyes y señaló que se debería mejorar incluso el mecanismo del parole.
“Que entre una subcomisionada de una institución sancionada (te dice) que no se está revisando bien quién está entrando y en eso está habiendo una falla que vale la pena destacar, porque no puede ser que entre este tipo de personas, porque si no el día de mañana va a entrar Juan Carlos (Ortega, hijo de la pareja de dictadores)”, mencionó López.
En cuanto a las fallas en el mecanismo, López consideró que podría obedecer a la alta demanda de solicitudes de parole.
Un abogado de Inmigración comentó que efectivamente “las leyes migratorias contemplan la inadmisibilidad en ciertas circunstancias”, sin embargo, dijo que “lo difícil suele ser transmitir información relevante a las autoridades. Uscis tiene vías para hacerlo. Desde el exterior, probablemente se pueda contactar a las autoridades consulares. Generalmente hacen rastreos en las bases de datos de antecedentes penales”.
Cómo denunciar
Los activistas mencionaron que existen mecanismos para denunciar directamente estos casos.
“Se habilitó un número donde hacer una denuncia por cada persona que participó en violaciones de derechos humanos (…) es más fácil si ya están aquí. Hay que hacer las llamadas”, explicó López.
Desde Estados Unidos, por ejemplo, se puede denunciar a las personas señaladas de violaciones a los derechos humanos al 1-866- 347-2-423, la línea habilitada por ICE para denunciar “actividades delictivas sospechosas”. Aquí, según detalla el sitio web, caben delitos como: pornografía infantil, explotación, crímenes cibernéticos, fraude de documentos y beneficios, tráfico de drogas, delitos relacionados con pandillas, tráfico/trata de personas, violadores de derechos humanos, entre otros.
Y si se está fuera de EE. UU. se puede hacer llamando al 802-872-6199. O llenando un formulario de denuncia en el sitio de ICE.