Migrantes: el arma del régimen contra Estados Unidos

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La mañana del domingo 15 de noviembre de 2015 Nicaragua amaneció con la noticia de que alrededor de 1,600 migrantes cubanos procedentes de la vecina Costa Rica habían cruzado de forma ilegal la frontera nicaragüense y continuaban su viaje rumbo a los EE.UU. cuando fueron interceptados por fuerzas especiales de la Policía Nacional que los regresó hacia suelo costarricense con el uso de gases lacrimógenos y balas de goma.

Como si fuera poco, el régimen mandó a un batallón de infantería del Ejército a resguardar la frontera de Peñas Blancas, militarizando la zona y los puntos ciegos para frenar el paso a los cubanos.

Para mediados de 2016, esta crisis migratoria generada por Ortega ya era mayúscula cuando una gran cantidad de migrantes africanos y haitianos se quedaron varados en Costa Rica en la zona de Peñas Blanca y por el lado de Panamá en el Paso Canoas.

Esta migración africana empezó a golpear con fuerza a Costa Rica a partir de abril de 2016, justo después de que se lograra contener la ola migratoria cubana, que puso contra las cuerdas al gobierno tico, y obligó a la apertura de 40 albergues para evitar problemas sanitarios y de derechos humanos. En aquella ocasión, el número de isleños atendidos llegó a los 8,000, y obligó a los municipios, iglesias y otros grupos organizados a atender la crisis.

En tanto, Rosario Murillo acusaba al Gobierno de Costa Rica de ser los culpables de provocar esta crisis migratoria. “El Gobierno de Nicaragua no tolera, ni tolerará, acciones que atenten y arriesguen nuestra seguridad soberana, tanto en lo que se refiere a la integridad de nuestro territorio como al respeto inquebrantable a nuestro ordenamiento jurídico”.

Desde entonces el régimen realizó una cacería de brujas en contra de los inmigrantes y de las personas que los apoyaran, como el caso de la profesora Nilamar Alemán quien fue procesada judicialmente por ayudar y albergar a una madre haitiana y a su pequeña hija en su casa de San Juan del Sur. La profesora fue condenada a tres años de prisión, pero luego de 46 días detenida fue liberada.

El régimen de Ortega se había convertido en el muro de contención para los migrantes. Fue el obstáculo imposible para la llegada de estas personas hacia Estados Unidos, país con el que el dictador quería congraciarse, pero no fue por mucho tiempo, ya que para los estallidos de abril de 2018 las relaciones políticas con esta nación cambiaron radicalmente. En repuesta por las sanciones aplicadas a la dictadura por el gobierno estadounidense, Ortega ha convertido a los migrantes en su mejor arma.