Aunque en redes sociales circulan fotografías del simpatizante del Frente Sandinista, Juan Caldera, exhibiendo los fusiles en el contexto de la masacre de abril del 2018, este entra con visa y disfruta de la libertad de Estados Unidos, lo que provoca molestia entre la comunidad nicaragüense en el exterior y una ola de críticas en las redes sociales, situación que a criterio de especialistas de derechos humanos debe preocupar a las autoridades estadounidenses.
Este lunes precisamente Caldera fue increpado por un nicaragüense, que lo sorprendió entre los fanáticos dominicanos, que llegaron hasta el estadio Loan Depot Park a ver el juego entre República Dominicana y Nicaragua como parte del Clásico Mundial de Beisbol que se desarrolla en Florida, Estados Unidos.
Caldera se encontraba a la espera del inicio del juego, cuando una persona lo identifica entre la fanaticada dominicana, por lo que le empezó a preguntar sobre su papel en la represión de abril del 2018 y la muerte de niños en la masacre. Caldera luce nervioso y uno de los hombres que lo acompañaba reacciona furibundo a la persona que empieza a gritarle: “Sapo, asesino”.
El video fue colgado por el periodista y excarcelado político Miguel Mendoza en su cuenta en Twitter, el cual ha tenido múltiples reproducciones y ha sido compartido más de cien veces en cuestión de minutos.
Un aficionado nicaragüense confronta a Juan Caldera en las gradas. pic.twitter.com/Z38Q7UOlEe
— Miguel Mendoza (@Mmendoza1970) March 13, 2023
Pero lo cierto es que Caldera no es la única persona que ha sido señalada de haber participado en la represión del 2018 y que entra y sale sin dificultades a Estados Unidos, pese a que el gobierno de Joe Biden tiene un canal para que las personas puedan denunciar con pruebas a posibles participantes en la violación de derechos humanos en Nicaragua.
De hecho, la Comisión Permanente de Derechos Humanos Miami INC se quejó el pasado 9 de marzo ante el Departamento de Estado de Estados Unidos por la presencia en ese país de personas vinculadas a la represión en Nicaragua.
Se referían, entre otras personas, al alcalde sandinista del municipio de El Rosario, Evert López Aguirre; el comisionado de la sancionada Policía, Julio Sánchez, y el paramilitar Edgard Zapata Arévalo, quienes están participando en el Clásico Mundial de Beisbol como parte del cuerpo técnico del equipo nicaragüense. En el pasado varias de estas personas en sus redes sociales se han identificado como servidores del orteguismo.
La misiva dice: “Como acompañantes de las víctimas acudimos como CPDH, ante ustedes, para que no se permita la permanencia de estas nefastas figuras, violadoras de derechos humanos, en territorio norteamericano”.
Marco Carmona, de la Comisión Permanente de Derechos Humanos Miami INC, dijo a LA PRENSA que hasta este 13 de marzo no habían recibido respuesta a la queja y considera que estas situaciones ocurren porque hace falta por parte de las autoridades de Estados Unidos aumentar el filtro de las personas que están entrando a este país, especialmente aquellas que son conocidas en su actividad con el régimen de Ortega.
“Se están valiendo de cualquier evento deportivo, como el caso del comisionado Julio Sánchez, el comisionado Sandor Guido y otros que llegaron en el equipo de beisbol y definitivamente esta situación no puede seguir dándose. Nosotros vamos a seguir denunciando, documentando y ya tenemos algunas evidencias de personas que están entrando por puntos ciegos y otros con visas y no sabemos por qué las autoridades de Estados Unidos y las autoridades migratorias si han habido sanciones contra aquellas personas que han reprimido o forman parte del sistema estén ingresando al país”, manifestó.
Carmona agregó que hace falta que las autoridades en la Embajada de Estados Unidos aumenten el filtro al momento de otorgar visa. “La Embajada en Managua debe ser ese filtro, pero también aquí las autoridades deben ser ese filtro de las personas que están ingresando, el tipo de personas que tienen negocios con el régimen, incluso el mismo Departamento de Estado debería ser una preocupación sobre esto”.
Para Carmona también estas personas del régimen se “aprovechan de las libertades que hay en este país, en cuanto a la democracia y aprovechan cualquier oportunidad para colarse y entran sin problema aquí, a los Estados Unidos”.
“Las víctimas merecen justicia, reparación y no repetición, y en aras de brindar protección a quienes han vivido en carne propia esta situación, solicitamos sus buenos oficios para que estos criminales no se burlen de los sufrimientos del pueblo nicaragüense”, expresa la carta.
Y agrega: “El Gobierno y pueblo de Estados Unidos ha expresado y demostrado su respaldo a los nicaragüenses, y esperamos que escuchen esta petición para tomar las acciones que correspondan contra estos abusadores, que involucra a algunos miembros de la sancionada policía sandinista”.
La carta fue enviada con copia a los congresistas María Elvira Salazar, Mario Díaz-Balar y Carlos Jiménez, así como el senador Marcos Rubio. “Desde la Comisión Permanente de Derechos Humanos, Miami INC., estamos en plena disposición de colaborar con las autoridades para lo que estimen conveniente en este caso”, finaliza. La misma aparece firmada por Róger Castaño, presidente de la junta directiva de dicha organización.
Carrión: muchos vienen con dificultades
Gonzalo Carrión Maradiaga, presidente del Colectivo de Derechos Humanos Nicaragua Nunca +, reconoce que existe esa disparidad entre los miles de nicaragüenses que están intentando llegar a Estados Unidos por tierra y con el parole, que cuesta mucho obtenerlo, mientras personas que han sido señaladas de participar en la represión exhiben su presencia en Estados Unidos y entran legalmente.
Para Carrión se requiere que las víctimas de violaciones de derechos humanos documenten y denuncien a través de los canales internacionales que ya existen a las personas o paramilitares que ejecutaron la represión y una fotografía puede servir de evidencia inicial para hacer este tipo de señalamientos, al menos para que autoridades como las de Estados Unidos empiecen un proceso de investigación.
El defensor de derechos humanos recordó que luego la responsabilidad ya recae en el Estado receptor de esa denuncia si decide o no otorgar un visado acorde a la política que ya tenga establecida para los señalados de violar los derechos humanos en Nicaragua o el mundo.
Carrión recordó “cómo le cuesta a miles de personas, forzadas al desplazamiento (llegar a EE. UU.), incluso con medidas restrictivas, los bloqueos en fronteras y que dieron la alternativa del parole, que no es fácil. Incluso hay casos que teniendo motivación política y que han pedido protección les es difícil su tramitación”.
El canal de USCIS
Desde Estados Unidos, por ejemplo, se puede denunciar a las personas señaladas de violaciones de los derechos humanos a través de los canales: 1-866-DHS-2-ICE o 1-866- 347-2-423. En su sitio web, USCIS explica que en esa línea se puede denunciar a personas que se han visto involucradas en casos como pornografía infantil/explotación; fraude por covid-19; crímenes cibernéticos; fraude de documentos y beneficios; tráfico de drogas; delitos relacionados con pandillas; tráfico/trata de personas; violadores de derechos humanos; inmigración ilegal; infracciones de importación/exportación; violaciones de los derechos de propiedad intelectual; lavado de dinero; y terrorismo. Y si se está fuera de EE. UU. se puede hacer llamando al 802-872-6199. También se puede hacer la denuncia vía correo.
“Hay mecanismos abiertos en que se hacen llegar las denuncias a las autoridades de ese país y la persona interesada, si hay incluso perjudicados directos, mejor que la envíe… y luego eso queda en la cancha del Estado que recibe la denuncia”, explicó.
Carrión dice que la denuncia puede venir de personas afectadas directa o indirectamente. Asimismo reconoce que hay casos contradictorios, porque hay personas, como una periodista de Nicaragua que en este momento está pidiendo protección ante la amenaza de una deportación de Estados Unidos, mientras en ese país ingresan figuras del orteguismo sin problemas migratorios.
“Lo cierto es que yo he visto noticias de Estados Unidos, de hecho más allá de Canadá, de otros países, que la gente se queja de que han visto a alguien completamente comprometido con el régimen de Ortega, mientras el contraste que sí es lamentable, que a mucha gente le cuesta (viajar legalmente), no pueden visar y se van por el riesgo de perderlo todo, incluida la vida”, lamentó.
“Se combina el factor de poner en conocimiento (a las autoridades de EE. UU.) y también la política de Estado del país, la que yo no conozco, de por qué lo hace (dar el visado) y hasta cuál es el camino”, agregó.