De cara al marco del 53 período ordinario de Sesiones de la Asamblea General de la Organización de Estados Americanos (OEA) que tendrá lugar el próximo 21 de junio, en Washington, Estados Unidos, un grupo de opositores nicaragüenses presentaron un proyecto de resolución ante el organismo hemisférico para declarar oficialmente ilegítimo al dictador Daniel Ortega.
El opositor Jaime Chavarría explicó que este proyecto de resolución es el seguimiento de las múltiples y reiteradas denuncias de violaciones constitucionales, delitos y fraudes electorales que ha cometido Ortega para usurpar el poder desde 2007, pero más desde su reelección inconstitucional en 2011.
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Agregó que «con este documento que presentamos como una propuesta de resolución ante esta 53 Asamblea General de la OEA, demostramos que hay ilegitimidad plena, incluso hay bases jurídicas como es la misma resolución 51 de la Asamblea General que declaró las elecciones presidenciales de ese año como ilegítimas, y si los resultados son ilegítimos los candidatos que no solo son Daniel Ortega y Rosario Murillo, sino que también los diputados de la Asamblea Nacional, del Parlacen (Parlamento Centroamericano) son ilegítimos».
«Estamos solicitando a la Asamblea General de la OEA que de acuerdo al mandato que tiene su misión, que es tutelar la democracia, los derechos humanos, la paz y seguridad del hemisferio y desarrollo de los pueblos que definitivamente dé fuerza a su resolución de 2021», reiteró Chavarría.
Estos son los 10 puntos que demandan los opositores a la OEA
En el documento que consta de 10 páginas, los opositores piden a la OEA: 1- No reconocer la legitimidad del régimen de Ortega y Murillo con base en:
a) Las gravísimas violaciones masivas a derechos humanos referidos en el Informe del Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes GIEI-OEA que evidencia la comisión de crímenes y delitos de lesa humanidad en contra de los manifestantes y opositores al régimen nicaragüense, con base al Informe de la Comisión Especial de Alto Nivel conformada por mandato de la Asamblea General de la OEA celebrada en Medellín, Colombia, en 2019; informe que evidencia la ruptura del orden democrático y constitucional en Nicaragua por parte del régimen actual en el poder; y por los reiterados señalamientos documentados de reelección inconstitucional, fraude y delitos electorales por parte de diferentes grupos opositores.
b) Según la Resolución de la 51 Asamblea General que desconoce la legitimidad del proceso electoral de Nicaragua del 2021, y con base entre otras cosas al reciente Informe del Consejo de Expertos de Derechos Humanos de la Organización de las Naciones Unidas que señalan o reiteran los indicios de la comisión de crímenes y delitos de lesa humanidad por parte del régimen en Nicaragua en contra de sus ciudadanos.
2- Condenar al régimen de Nicaragua por las sistemáticas y continuadas violaciones a los derechos humanos del pueblo de Nicaragua, la sostenida represión policial y de grupos paramilitares y grupos progubernamentales contra los intentos de manifestación cívica y pacífica de ciudadanos y diversos sectores y organizaciones cívicas opositoras, y por las detenciones y secuestros arbitrarios, las amenazas, acoso, intimidación, capturas, enjuiciamiento indebido junto a la falta del debido proceso a los opositores en Nicaragua por parte del régimen.
Así como por las gravísimas violaciones a los derechos humanos, por la persecución religiosa y por el ilegal encarcelamiento del obispo Rolando Álvarez junto a otros sacerdotes de la Iglesia católica; así como por la retención ilegal de casi 100 reos políticos que sufren tratos crueles, inhumanos y degradantes denunciados en contra del régimen de Nicaragua, y en base a los resultados del Informe del Consejo de Derechos Humanos de la ONU que ratifican los indicios de comisión de crímenes de lesa humanidad.
Piden por la liberación de los presos políticos
3- Exigir la inmediata e incondicional liberación plena de todos los presos políticos y el inicio de procesos de Justicia Universal plena en tribunales dentro o fuera de Nicaragua para garantizar castigo a los responsables de violaciones a derechos humanos en contra del pueblo nicaragüense, así como la reparación y garantías de «No Repetición» de dichas violaciones.
4- Convidar a todos los Estados Miembros e invitar a los Observadores Permanentes de la OEA a adoptar, de conformidad con el derecho internacional y su legislación nacional, las medidas diplomáticas, políticas, económicas y financieras que consideren apropiadas para contribuir a la pronta restauración integral del orden democrático y constitucional en Nicaragua y a ejercer todas las acciones bilaterales y multilaterales correspondientes en virtud de la presente Resolución.
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Asimismo instar a los países de la región y del mundo entero a impulsar y asentar procesos, juicios, procedimientos, y demás figuras que correspondan en contra del régimen Ortega Murillo, sus funcionarios y cómplices por delitos y crímenes de lesa humanidad con el objeto de hacer valer la justicia universal.
5- Demandar el retorno inmediato a Nicaragua de los organismos internacionales de derechos humanos como CIDH, Meseni, Oacnudh y otros, a fin de seguir monitoreando la situación de los derechos humanos y demandar del régimen nicaragüense el inmediato cese de la represión, acoso, intimidación, agresiones, capturas y otros esquemas de violaciones a derechos humanos y libertades públicas de los nicaragüenses; así como el restablecimiento del orden democrático y constitucional que permita encontrar los mecanismos adecuados para la normalización de la situación en Nicaragua de conformidad con los estándares internacionales de la materia.
Piden que se anule la solicitud de retiro de Nicaragua de la OEA
6- Anular y desestimar por improcedente la solicitud de retiro de Nicaragua del concierto de la OEA por ser un régimen ilegítimo que solo pretende desconocer al organismo regional y evitar el control y supervisión de los derechos humanos en Nicaragua.
7- Calificar al Frente Sandinista de Liberación Nacional FSLN como una organización terrorista con base en los informes del GIEI 2018 y del Comité de Expertos de Naciones Unidas ONU 2023 y declarar al régimen dictatorial de Nicaragua como una amenaza a la seguridad regional continental en el marco de su apoyo y relación militar con Rusia, Irán y otros países enemigos de la democracia y de las libertades y como consecuencia de los permanentes delitos y crímenes en contra de los derechos humanos cometidos en Nicaragua, en contra del pueblo nicaragüense.
8- Expresar la activa solidaridad con el pueblo nicaragüense y nuestro compromiso de mantener bajo seguimiento, vigilancia y tutela, los derechos humanos y la situación en general de Nicaragua y apoyar las medidas diplomáticas, humanitarias, asistenciales o de cualquier otra naturaleza que faciliten la restauración de las instituciones democráticas y el pleno respeto a los derechos humanos.
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9- Solicitar vehementemente a los países miembros de la OEA y del mundo, a flexibilizar sus disposiciones, mecanismos de admisión de asilo y/o refugio para nicaragüenses, reunificación familiar u otros programas especiales relacionados; a brindarles amparo y protección expedita, a facilitarlos, a flexibilizarlos, a ampliarlos o mejorarlos y ponerlos a disposición al alcance de los nicaragüenses dentro y fuera de Nicaragua, en un contexto de consideración especial producto de la grave crisis humanitaria y de la tragedia que vive el pueblo de Nicaragua.
10- Instruir al secretario general para que transmita el texto de la presente resolución al Secretario General de las Naciones Unidas.
Chavarría hace hincapié en que «el mundo está claro que Ortega es ilegítimo. Ni Ortega ni ninguno de los poderes del Estado tiene represantatividad, todo lo que actúen y han actuado a lo largo de estos años es ilegítimo, y en vista de que Ortega no tiene ninguna representantividad no puede pedir el retiro de la OEA», dijo el opositor.
En noviembre de 2021 la dictadura de Daniel Ortega anunció su retiro de la OEA, lo que se tendría que cumplir en noviembre de este año.
El proyecto de resolución ya fue enviado a todos los embajadores ante la OEA, cancilleres, y a algunos congresistas estadounidenses y parlamentarios europeos.
