La Misión Permanente de Canadá ante la Organización de los Estados Americanos (OEA) en conjunto con las representaciones de Antigua y Barbuda, Chile, Costa Rica y Estados Unidos solicitaron incluir “la situación en Nicaragua” en el proyecto de agenda del quincuagésimo tercer período ordinario de sesiones de la Asamblea General, que tendrá lugar en junio próximo en Washington.
La petición fue presentada por los cinco países el pasado 4 de mayo ante la presidencia de la comisión preparatoria, confirmó el exembajador de Nicaragua ante la OEA, Arturo McFields y un experto en relaciones internacionales.
Desde el estallido de la crisis sociopolítica en abril de 2018, la situación de Nicaragua ha estado en la agenda de la Asamblea General. El organismo hemisférico ha condenado las violaciones de derechos humanos que la dictadura de Daniel Ortega y Rosario Murillo ha venido ejecutando contra los nicaragüenses, y exigió el cese de la represión y demandado elecciones libres y transparentes, para cambiar el rumbo del país, pero el régimen ha ignorado todas las resoluciones aprobadas por el Consejo Permanente y la Asamblea General de la OEA.
El 8 de octubre de 2022, al finalizar la LII Asamblea General de la OEA que tuvo lugar en Perú, se aprobó por consenso de todos los Estados presentes una resolución sobre Nicaragua, para instar y exhortar al régimen orteguista a que colabore y ponga fin a la crisis política y de derechos humanos. Resolución que también fue ignorada por Ortega, quien por el contrario ha incrementado la represión en el país.
La crisis en Nicaragua empeora
A finales de febrero pasado, en una declaración conjunta, 17 de los 34 Estados miembros de la OEA, rechazaron la revocación de la nacionalidad a los 222 excarcelados políticos y desterrados por la dictadura Ortega Murillo, y de otros 94 ciudadanos nicaragüenses, medida que calificaron como “método de castigo y opresión”.
En el contexto actual, el más reciente modelo represivo del régimen consiste en capturar y realizar “audiencias informativas” exprés en horas de la madrugada donde se ha acusado a más de una treintena de ciudadanos, entre ellos opositores, periodistas, familiares de víctimas de abril, y que han sido liberados bajo la condición de presentarse a firmar de lunes a domingo ante las autoridades judiciales y policiales.
Además Ortega mantiene una guerra contra la Iglesia católica, que lo llevó a condenar a 26 años de prisión al obispo de la Diócesis de Matagalpa, monseñor Rolando Álvarez, y lo despojó de su nacionalidad, bajo acusación de “traición a la patria”, “menoscabo a la integridad nacional”, “propagación de noticias falsas” y “desobediencia o desacato a la autoridad”.
Monseñor Álvarez es uno de los sacerdotes más críticos de la dictadura y había resistido los ataques de Ortega dentro del país hasta que fue encarcelado en agosto de 2022.