Por años los pueblos indígenas de Nicaragua han vivido asesinatos, violaciones sexuales, destrucción y desplazamiento forzado, sin que estos crímenes acaparen las miradas. El más reciente ataque fue la masacre donde perdieron la vida cinco personas de la comunidad Wilú, en el territorio mayangna Sauni As, en la Costa Caribe Norte del país, el pasado 11 de marzo.
Defensores de derechos humanos califican estas violencias como genocidio y crímenes de lesa humanidad. “La situación de violencia sistemática que enfrentan los pueblos indígenas y afrodescendientes en sus territorios ancestrales constituye un verdadero genocidio, delitos de lesa humanidad”, afirmó Anexa Alfred Cunningham, abogada de origen miskitu del territorio de Tawira, Caribe Norte de Nicaragua. También es experta del Mecanismo de las Naciones Unidas sobre los Derechos de los Pueblos Indígenas y fue una de las primeras nicaragüenses desterradas de facto en octubre de 2022, cuando el régimen de Daniel Ortega no le permitió regresar a su país.
Alfred ha abogado que así como se denuncian los crímenes de lesa humanidad cometidos en el Pacífico del país, también se denuncie la masacre de los indígenas a manos de personas que usan armas de guerra, según los relatos de los comunitarios.
Crímenes de larga data
Las violaciones no empezaron ahorita, pero sí se han intensificado con el tiempo sin que el régimen de Daniel Ortega haya hecho algo para detenerlas. “Esto no es desde ahora, ni desde 2018, es desde antes, pero esto pasa ni siquiera a un segundo plano y no es denunciado por las voces a nivel local ni a nivel nacional”, dijo Alfred.
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Alfred confirmó que desde 2014, cuando se intensificaron las denuncias de enfrentamientos entre comunitarios indígenas y los colonos armados que llegaron del Pacífico conocidos como colonos, se reportaron más de tres mil familias desplazadas por la invasión a las comunidades del río Coco.
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Los desplazados huyen hacia otras comunidades de la región o se pasan al otro lado del río Coco, que marca el límite con Honduras. También emigran a Costa Rica, vecino al sur de Nicaragua.
“Es el exterminio de estos pueblos están desintegrando su territorio, porque ese es el vínculo más fuerte que tienen las comunidades. Nos quitan las tierras, los recursos naturales y ahora van contra la vida de las personas que viven en las comunidades indígenas”, manifestó la abogada.
Alfred lamentó que a nivel internacional los informes sobre violaciones de derechos humanos en Nicaragua no hagan referencia a la situación de los pueblos originarios de Nicaragua. “Urge que también se pronuncien y no solo con un tuit o con un comunicado, sino que hay que tomar medidas que realmente obliguen al Gobierno de Nicaragua a garantizarle la vida y la integridad a las comunidades, si no estamos destinados al exterminio”, advirtió.
Para Alfred, detrás de la intención de exterminar a los pueblos indígenas existen varios factores, entre los que sobresale apropiarse de los recursos naturales de este amplio territorio que representa más del 50 por ciento de Nicaragua, pero también para ella existe en el fondo un “sentimiento de supremacía” y “el querer ver una sociedad homogénea”, como pasó con la población del Pacífico.
“En vez de ver en la diversidad un valor, tratamos de diluirlo”, agregó.
“No solo están asesinando opositores”
El biólogo ambientalista e investigador, también exiliado, Amaru Ruiz, valoró que detrás del drama de los pueblos indígenas “hay una política estatal de saqueo y despojo de esos territorios, que ha sido fomentada, promovida, implementada por el régimen de Ortega Murillo”, como parte de su interés por la riqueza que significan esos recursos naturales.
“Eso es lo que está detrás de esa conflictividad: los intereses económicos, están los intereses por la tierras, están los intereses por una serie de recursos naturales que al ser poca la población ven con ojos de ambición poder saquear lo que estas pequeñas poblaciones vulnerables tienen dentro de sus territorios, a pesar de que fueron reconocidos como dueños de esos territorios, entonces hay una visión estatal hacia al saqueo”, dijo el ambientalista.
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El gran reto, según Ruiz, es difundir el mensaje y hacerlo una denuncia de importancia para el mundo, pero hasta ahora, los asesinatos de indígenas han quedado sepultados por las noticias políticas del momento.
“Hay temas políticos que resuenan más o que son del día a día o que consumen la agenda mediática a nivel nacional, y para nosotros ha sido un reto visibilizar el tema indígena más allá de la situación de la violencia que están sufriendo, aunque evidentemente por el grado, la saña, la sistematicidad de la violación a los derechos de las comunidades indígenas, pues obviamente siempre hay una prioridad de poder denunciar y posesionar estos temas, para que haya un cambio o al menos la comunidad internacional se dé cuenta de que en Nicaragua no solo están asesinando a opositores sino que están asesinando a comunidades indígenas y afrodescendientes”, dijo el ambientalista.
Aisladas, incomunicadas y con diferentes idiomas
Ruiz también explicó que el hecho de que estas comunidades estén tan alejadas del Pacífico e incomunicadas, hace más difícil que el resto de la población se interese por sus problemáticas.
“Muchas de las comunidades están dispersas, entonces cuando uno quiere tener información de alguna comunidad el acceso es muy difícil, es decir, o tenés que ser una persona que constantemente vivís allí y tener buena condición física, para poder entrar a esos territorios, siempre hay dificultad de comunicación, no tienen internet en algunos sectores, en algunos no hay ni señal de telefonía. Es decir, sus condiciones territoriales también son complejas y de difícil acceso, y eso hace que sus denuncias, sus preocupaciones, sus demandas, sus logros, sus cosmovisiones sean más difíciles de comunicar y si a eso le sumás el tema del idioma, pues también es más complejo: hay comunidades que solo hablan miskito y hay comunidades que solo hablan mayangna”, explicó Ruiz.
El régimen de Daniel Ortega también canceló en 2022 organizaciones médicas, educativas y de desarrollo social que tenían los recursos y la voluntad para acompañar a las comunidades indígenas aledañas de las Regiones Autónomas de la Costa Caribe. Este contexto de violencia y desinterés del Estado perpetúa que los pueblos indígenas vivan más aislados, abandonados y marginados.