A un año del ataque contra la comunidad Mayangna Alal – donde murieron al menos cuatro personas -, y tras el reciente hecho de violencia en la comunidad Wilu, en Bosawas, organismos defensores de los derechos humanos presentaron un informe donde realizan un recuento de las denuncias de los ataques que ocurrieron en el 2020 e inicio de 2021, y señalan con preocupación el aumento de los patrones de violencia sistemática en contra de las comunidades indígenas.
El Observatorio para la protección de los defensores de derechos humanos (OBS), el Centro Nicaragüense de Derechos Humanos (Cenidh), el Centro Asistencial Legal Para Pueblos Indígenas (Calpi) y el Centro por la Justicia y Derechos Humanos de la Costa Atlántica de Nicaragua (Cejudhcan) trabajaron en conjunto en el informe “Un año de violencia contra quienes defienden los derechos de los pueblos indígenas Mayangna y Miskitu”, donde además brindan recomendaciones al Estado de Nicaragua para abordar esta problemática.
“Desde enero de 2020, el conflicto por la tierra y el patrón de violencia sistemática y generalizada contra quienes defienden los derechos de los pueblos indígenas Mayangna y Mískitu se ha agudizado de manera preocupante. Ello se debe a la impunidad con la que actúan los perpetradores y ejecutores del tráfico ilegal de tierras y a la usurpación de los recursos naturales y de la tierra en general facilitada y permitida por las autoridades estatales en lo que parece una política de colonización interna encubierta por parte del Estado”, expone el informe.
Los cuatro organismos demandaron, debido a esta violenca creada por el conflicto de tierras y aprovechamiento de los recursos naturales en territorio indígena, al Estado de Nicaragua ejecutar la quinta y última etapa de demarcación y titulación de tierras indígenas: el saneamiento.
“Esta quinta etapa consiste en definir los derechos de propiedad de terceros en territorios indígenas, de acuerdo con el Art. 45 de la Ley 445/2003 de Nicaragua. A pesar de que existen 23 territorios indígenas conformados por 304 comunidades, cuyas tierras tradicionales han sido tituladas por el Estado como tales, en todos ellas las autoridades nicaragüenses han fallado en implementar la fase de saneamiento. Así, la inseguridad jurídica y la facilitación de la inmigración de colonos procedentes del resto del país han facilitado la ocupación y el tráfico ilegal de tierras indígenas en estos territorios, expandiendo la frontera agrícola y ganadera sobre el bosque de los territorios indígenas y causando su deterioro y destrucción”, dicta el documento.
🔵📢 A un año de la masacre contra la comunidad Alal, @OBS_defenders junto a @cenidh, CALPI y CEJUDHCAN presentan informe denunciando patrones de violencia sistemática en contra de las comunidades indígenas.
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— Cenidh (@cenidh) January 29, 2021
Datos de violencia
El pasado 22 de enero, tres personas indígenas resultaron heridas de arma blanca tras acercarse y querer conversar con un grupo de colonos que usurparon tierras privadas en la comunidad Wilu, ubicada en la zona núcleo de la Reserva de Biosfera Bosawas. Este sería el primer ataque que se reporta en dicha zona este año.
En 2020 se registraron al menos 13 asesinatos de indígenas por parte de colonos, ocho personas heridas en ataques armados, dos secuestros, el desplazamiento forzado de una comunidad, la mayoría de ellos miembros del pueblo indígena Mayangna, y dos agresiones a dos niñas indígenas Miskitu. En 2011 y 2020 se contabilizan un total de 49 indígenas Miskitu muertos, 49 lesionados, 46 secuestros y cuatro desaparecidos, de acuerdo a datos de Cejudhcan.
El organismo también señaló que alrededor de mil personas indígenas Mískitu se encuentran actualmente desplazadas forzosamente en otras comunidades y cabeceras municipales, así como en comunidades fronterizas con Honduras.
“En el marco de estas agresiones, destaca un patrón de ataques deliberados contra los medios de subsistencia de las comunidades, incluidos sus recursos naturales, medios de transporte, bosques, ganado y sus cosechas. Todo esto evidencia esta voluntad de los atacantes de provocar su desplazamiento forzoso”, relata el informe.
Organismos sin temor a leyes represivas
La presidente del Cenidh, Vilma Núñez, mostró su preocupación por la agudización de la violencia e impunidad que se vive en los pueblos indígenas, y destacó que los organismos no pueden callar ante esta situación y pese a los obstáculos que puedan enfrentar los defensores, como es el acceso al lugar de los hechos, las entidades trabajan con una red de colaboradores donde recopilan información directamente de las comunidades.
Núñez también señaló que pese a la aprobación de leyes represivas, como la Ley Especial de Ciberdelitos o de Agentes Extranjeros, los organismos no se callarán porque no dejarán a los pueblos indígenas solos en su lucha y porque “no se puede borrar de las páginas de Nicaragua esta situación”.
“Definitivamente uno de los sectores más afectados y en riesgo con la aplicación de Ley de Ciberdelitos somos los defensores de derechos humanos que hacemos uso de las denuncias públicas, entonces hacemos afirmaciones denunciando las violaciones de derechos humanos que el gobierno comete, pero ellos lo consideran calumnias, pero defender los derechos humanos es asumir conscientemente los riesgos de enfrentar al poder que los viola, y nosotros vamos a seguir enfrentándolos al costo que sea”, fustigó Núñez.
El reciente informe se presentará ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), Corte Interamericana de Derechos Humanos (Corte IDH) y Naciones Unidas.
Ante este nuevo ataque, ocurrido el 22 de enero, la defensora enfatizó la importancia de denunciar cada hecho para darle voz a los pueblos que históricamente han sufrido todo tipo de violencia.
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El informe también brinda recomendaciones al Estado para resolver este conflicto, por ejemplo, garantizar la seguridad e integridad física y emocional de los pueblos indígenas, realizar investigaciones sobre los asesinatos, ataques y todo tipo de abusos, brindar seguridad, entre otros.
Estos son los ataques ocurridos en el 2020 recogidos por los organismos:
1. 3 de enero de 2020. Asesinato del líder indígena Mískitu Mark Rivas. La víctima era miembro de la organización en defensa de los derechos indígenas Movimiento Juvenil Indígena de la Moskitia (MOJIM).
2. 29 de enero de 2020. Masacre contra la comunidad Mayangna de Alal, Territorio Sauni As: cuatro muertes y tres heridos, más 16 viviendas quemadas (incluidos el centro de salud, la casa pastoral y la escuela comunitaria).
3. El 16 de febrero de 2020 fue herida de bala una adolescente de 15 años cuando regresaba del río cercano a la comunidad Mískitu de Santa Clara, ubicada en el Territorio Wangki Twi Tasba Raya.
4. 26 de marzo de 2020. Ataques armados a las comunidades del Territorio Tuakha: comunidad Mayangna de Wasakin, resultando dos muertos y dos heridos.
5. 27 de marzo. Menos de 48 horas después del ataque en la comunidad Wasakinse, se registraon dos asesinatos más.
6. 10 de julio de 2020. Ataque a comunitarios Ashawas: una persona resultó herida y otra muerta tras disparos de escopeta.
7. 14 de julio de 2020. Una adolescente de 16 años fue secuestrada durante dos días por dos colonos en la comunidad de Sagni Laya, de donde es originaria. La víctima es hija de un defensor y promotor comunitario de Cejudhcan.
8. 3 de septiembre de 2020. Comunidad Miskitu de Sangni Laya: 30 familias de la Comunidad Mískitu de Sangni Laya, ubicada en el Territorio de Twi Yahbra, se vieron obligadas a desplazarse de manera forzosa a otras comunidades del territorio como Auhyapihni y a Bilwi.
9. 21 de septiembre, un grupo de colonos fuertemente armados atacaron la Comunidad Mískitu de Sangni Laya y sus medios de subsistencia, incluida la quema de cinco casas que servían de depósito de los quintales de arroz recientemente cosechado. Asimismo, dos comunitatios fueron secuestrados por el grupo de atacantes mientras se encontraban trabajando sus parcelas de tierra.
10. 11 de octubre de 2020. Comunidad Mayangna de Mukuswas. Un grupo armado de personas no indígenas irrumpió en la comunidad Mayangna de Mukuswas, ubicada en el territorio Sauni Arungka, disparando con armas de fuego al aire y contra los medios de subsistencia de la comunidad, incluido el ganado. Los hechos siguen en la impunidad.
11. 14 de noviembre de 2020. Asesinato del líder indígena Mayangna Nacilio Macario. Era líder indígena Mayangna de la Comunidad Musawas, ubicada en el territorio Sauni As, fue asesinado con arma de fuego por seis individuos cerca del río Wiwina.
12. 6 de diciembre de 2020. Asesinato de Michael Rivera López. Su muerte se registró en la Comunidad Nawahwas del Territorio Mayangna Sauni Bu. Un colono lo asesinó a machetazos.