El 15 de febrero desde los Juzgados de Managua el presidente del Tribunal de Apelaciones de Managua (TAM), Ernesto Rodríguez Mejía, leyó unas resoluciones emitidas por los jueces de distrito penal de Managua en contra de 94 nicaragüenses a quienes despojaron de su nacionalidad y sus bienes inmuebles y sociedades.
Los periodistas, sacerdotes y opositores afectados fueron declarados «prófugos de la justicia» por ser «traidores a la patria». Los 94 ciudadanos no han sido sometidos a ningún proceso judicial, solo fueron acusados por el Ministerio Público y no han tenido derecho a la defensa.
Las nefastas resoluciones fueron leídas por Ernesto Rodríguez, quien se hizo acompañar de Gloria Saavedra, jueza Décimo Distrito Penal de Audiencia; Karen Chavarría, jueza Noveno Distrito Penal de Audiencia y tesorera del Frente Sandinista de Liberación Nacional (FSLN) en el Complejo Judicial Central Managua; Ronaldo Sanarrusia, juez Sexto Distrito Penal de Audiencia, y Nalia Úbeda Obando, titular del juzgado Quinto Distrito de lo Penal de Audiencia de Managua.
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En la mesa hizo falta el juez Séptimo Distrito Penal de Managua, Abelardo Alvir Ramos, quien está en el ojo del huracán, ya que según fuentes extraoficiales fue detenido y estuvo preso en el Chipote. Se conoció que Ramos está siendo llevado por policías al Complejo Judicial para la celebración de audiencias, pero luego es regresado al Chipote por las tardes.
La presidencia del TAM
Ernesto Leonel Rodríguez Mejía, de 49 años, es matagalpino. En su ciudad natal comenzó como juez de audiencias en el 2003, para luego ser trasladado como juez local a Managua.
Años después pasaría a ser el titular del Juzgado Sexto Distrito Penal de Juicios de Managua, desde donde en 2018 fue el primer judicial que condenó a presos políticos, en aquel momento a los jóvenes costeños Brandon Lovo y Glen Slate, que fueron acusados por la muerte del periodista Ángel Gahona, pero ellos siempre negaron toda relación con el caso.
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A partir de entonces, el ascenso de Rodríguez fue meteórico. Magistrado de Apelaciones en febrero de 2019 y el 7 de octubre de 2021 fue designado presidente del TAM, a raíz de la destitución fulminante del magistrado Gerardo Rodríguez, quien cayó en desgracia a inicios de octubre de 2021 cuando dio trámite a un recurso interpuesto por el partido Ciudadanos por la Libertad para recuperar su personalidad jurídica.
A pesar que el TAM se retractó en menos de una hora, el magistrado Gerardo Rodríguez estuvo preso brevemente por ese «desliz». Rodríguez había sido presidente del TAM por 15 años. El 6 de octubre de 2022, Ernesto Rodríguez fue reelecto como presidente del TAM.
Rodríguez ha sido ficha orteguista, su mamá es una profesora adepta al régimen y su esposa Ivania Morales es hermana del también magistrado del TAM, Henry Morales Olivares, quien fue ascendido como magistrado en la misma fecha que su cuñado (2021). Ambos son señalados de ser jueces leales al régimen y verdugos de presos políticos.
No dejaba que le tomaran fotos
Al presidente del TAM lo acompañaba Gloria María Saavedra Canales, titular del Juzgado Décimo Distrito Penal de Audiencias de Managua desde el 2019, cuando sustituyó al juez Carlos Solís.
Saavedra era coordinadora de la Oficina de Apoyo Judicial de los Juzgados de Managua desde 2015, pero luego fue «premiada» con un Juzgado de Audiencia. Para el puesto que ella ocupa normalmente se postularía a un juez local no una coordinadora de un cargo administrativo.
Desde que llegó a esa posición de poder en el Juzgado Décimo Distrito Penal de Audiencia no permitía la entrada de periodistas a las salas incluso si eran casos no relacionados con la política. Y si permitía la cobertura, no dejaba que tomaran fotos ni de ella ni de los acusados, a pesar que los juicios son públicos.
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En una nota del poder judicial, Saavedra contó que comenzó como pasante y luego estuvo en la Oficina de Atención al Público, de ahí dio el salto hasta la titularidad del Juzgado de Audiencias.
Saavedra fue señalada como la jueza de audiencia que envió a juicio al obispo de Matagalpa, monseñor Rolando Álvarez Lagos.
En lista de actores corruptos
Karen Vanessa Chavarría Morales, quien es la jueza Noveno Distrito Penal de Audiencias, también es la tesorera del régimen en el Complejo Judicial Central Managua (CJCM), además es señalada de liderar los CLS (Consejos de Liderazgos Sandinistas) en el poder judicial.
Chavarría llegó a sustituir a la doctora Indiana Gallardo, quien fue destituida por la Corte Suprema de Justicia (CSJ) por haber hecho pública la audiencia, a como manda la ley, donde comparecieron tres jóvenes del Movimiento 19 de Abril de Matagalpa en julio de 2018. Gallardo fue señalada de «actuación irregular», pero era vox pópuli que fue destituida por permitir la entrada de periodistas y familiares a la audiencia.
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La judicial Chavarría es señalada de ser fiel a la dictadura y es conocida como verdugo de los presos políticos.
En marzo de 2022 la jueza fue agregada a la lista de «actores corruptos y antidemocráticos de los Estados Unidos» por «el ejercicio abusivo de su autoridad y por subvertir procesos legales para actuar contra oponentes políticos del régimen de Ortega-Murillo e inhabilitar a candidatos opositores con el fin de impedirles participar en la elección de noviembre de 2021», informó en ese entonces el Departamento de Estado de EE. UU.
Perfil bajo
El juez Rolando Salvador Sanarrusia Munguía es el titular del juzgado Sexto Distrito Penal de Audiencias de Managua. Hasta antes de las falsas acusaciones a opositores, Sanarrusia había mantenido un perfil bajo.
Pero luego, al igual que sus otros colegas de audiencia y juicio, ha seguido el guion impuesto por el régimen. En julio de 2022 fue sancionado por Estados Unidos junto a otros jueces y fiscales al servicio de la dictadura.
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En 2021 Sanarrusia todavía era juez local de Managua, pero cuando Henry Morales Olivares fue ascendido a magistrado del TAM, él pasó a ser juez de audiencia.
Como juez de audiencia admitió las acusaciones en contra de las ciudadanas francesas-nicaragüenses Jeannine Horvilleur Cuadra y Ana Carolina Álvarez Horvilleur quienes fueron apresadas en sus casas cuando la Policía buscaba a su esposo y padre respectivamente, Javier Álvarez Zamora, y no lo encontró porque ya se encontraba fuera del país; además, procesó a otros presos políticos acusados de propagar noticias falsas.
En redes sociales hay un par de videos de Sanarrusia grabados en 2021, donde brindaba conferencias sobre Derecho registral, ahora se desempeña en el área penal.
Perseguidora desde que era juez local
La última jueza de audiencia que acompañó a Rodríguez a anunciar las confiscaciones y pérdida de nacionalidad para 94 nicaragüenses fue Nalia Nadezhda Úbeda Obando, quien antes de ser judicial de audiencia era la jueza Tercero Local de Managua.
Desde que fue jueza local tramitó varios casos de opositores presos y los condenó sin mayores pruebas. Úbeda es hija de Nadezhda Obando Cerna, asistente del magistrado Marvin Aguilar, vicepresidente de la CSJ y secretario político del FSLN en el poder judicial.
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La actual jueza Quinto Distrito Penal de Audiencia (desde 2019) es reconocida por su labor de persecución contra los medios independientes, particularmente en el caso de la extinta Fundación Violeta Barrios de Chamorro (FVBCH). También admitió la acusación contra cuatro trabajadores de LA PRENSA por “conspiración para cometer menoscabo a la integridad nacional”.
Úbeda también vio el caso de cuatro sacerdotes, dos seminaristas y un camarógrafo de la Diócesis de Matagalpa que fueron acusados de conspirar y cometer «menoscabo contra la integridad nacional».
