La dictadura de Daniel Ortega y Rosario Murillo, a través de la jueza Segundo Distrito de lo Penal de Juicio de Managua, Nadia Tardencilla, adelantó la fecha del inicio del juicio político contra el obispo de la Diócesis de Matagalpa, monseñor Rolando Álvarez, quien es procesado por los supuestos delitos de “conspiración para cometer menoscabo a la integridad nacional” y “propagación de noticias falsas”.
El juicio contra el obispo estaba programado para el 28 de marzo, pero la judicial adelantó la fecha para el próximo 15 de febrero, confirmó a LA PRENSA el abogado Yader Morazán, exfuncionario del poder judicial.
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El adelanto de fecha se da un día después de que la misma jueza condenó a 10 años de cárcel a cuatro sacerdotes, dos seminaristas y a un camarógrafo que permanecieron confinados junto con monseñor Álvarez en la Curia Arzobispal de Matagalpa, en agosto de 2022.
Además los “inhabilitó de por vida al ejercicio de cargos públicos y de elección popular”, pena que los operadores de justicia de la dictadura han empezado a aplicar a los presos políticos y que el Centro Nicaragüense de Derechos Humanos (Cenidh) califica como “otra aberración jurídica”.
Se desconocen las razones por las que la jueza adelantó la fecha del juicio contra el jerarca católico. A criterio del abogado Morazán “no existe razón legal alguna” para hacerlo, porque “las únicas razones que tiene la ley para justificar algo semejante es por razón de que alguna testifical corre un peligro de muerte grave y se necesita tomar su declaración, pero para eso se puede tomar la declaración de forma anticipada”, señaló.
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Al respecto, el artículo 202 del Código Procesal Penal establece el anticipo de prueba personal “cuando se enfrente inminente peligro de muerte del testigo o si este tiene la condición de no residente en el país e imposibilitado de prolongar su permanencia hasta el momento del Juicio o de concurrir al mismo, la parte interesada solicitará al juez recibirle declaración en el lugar que se encuentre. Si aún no se ha iniciado proceso, la Policía Nacional o el Ministerio Público pueden solicitar al juez la práctica de esta diligencia”.
Agrega que “el juez practicará la diligencia, si la considera admisible, citando a todas las partes, si las hubiere, quienes tendrán derecho de participar con todas las facultades y obligaciones previstas en este Código. En casos de extrema urgencia, la solicitud podrá ser formulada verbalmente y se podrá prescindir de la citación a las demás partes. Sin embargo concluido el acto se les deberá informar de inmediato y si aún fuere posible podrán estas pedir la ampliación de la diligencia”.
El primer obispo detenido y acusado en Nicaragua
Álvarez, de 56 años, es el primer obispo arrestado y acusado desde que Ortega retornó al poder en Nicaragua en 2007.
La Policía, dirigida por el consuegro de Ortega, Francisco Díaz, acusa al obispo matagalpino de intentar “desestabilizar el país”, supuestamente “con el propósito de desestabilizar al Estado de Nicaragua y atacar a las autoridades constitucionales”, en medio de las tensas relaciones que existen entre la Iglesia católica y el Gobierno desde las protestas opositoras de 2018.
El Ministerio Público acusó a monseñor Álvarez el pasado 13 de diciembre. En la misma causa fue acusado el sacerdote exiliado Uriel Vallejos.