La dictadura orteguista programó el juicio político que mantiene en contra del obispo de la Diócesis de Matagalpa, monseñor Rolando Álvarez, para el próximo 28 de marzo, en el Juzgado Segundo Distrito Penal de Juicio de Managua, a cargo de la jueza Nadia Tardencilla.
Según el expediente judicial del caso fabricado contra el jerarca católico, la Fiscalía presentó el 31 de enero pasado el escrito de intercambio de información y pruebas, mientras que la defensa técnica de monseñor Álvarez, el abogado Norvin Cruz Ponce, solicitó que le sea propiciado el documento. LA PRENSA trató de comunicarse con el abogado defensor del obispo para corroborar si su solicitud fue respondida, pero no atendió a las consultas hechas por este Diario.
Entre los testigos ofrecidos por el Ministerio Público en contra de Álvarez, la judicial enlistó a cuatro peritos y tres comisionados de la Policía, principal brazo represor del régimen, además de nueve personas identificadas como simpatizantes sandinistas.
La Fiscalía acusó el 13 de diciembre de 2022 a monseñor Álvarez por “propagación de noticias falsas” y “conspiración para cometer menoscabo de la integridad nacional”, mismos delitos con los cuales el régimen ha criminalizado a decenas de presos políticos.
El primer obispo detenido y acusado en Nicaragua
Álvarez, de 56 años, es el primer obispo arrestado y acusado desde que Ortega retornó al poder en Nicaragua en 2007.
Antes de su detención (19 de agosto de 2022), monseñor Álvarez pasó 15 días confinado junto con otros religiosos y laicos en la Curia Arzobispal de Matagalpa. Todos están presos y acusados por los mismos delitos.
La Policía, dirigida por el consuegro de Ortega, Francisco Díaz, acusa al obispo matagalpino de intentar “desestabilizar el país”, supuestamente “con el propósito de desestabilizar al Estado de Nicaragua y atacar a las autoridades constitucionales”, en medio de las tensas relaciones que existen entre la Iglesia católica y el Gobierno desde las protestas opositoras de 2018.
El Ministerio Público acusó a monseñor Álvarez junto con el sacerdote exiliado Uriel Vallejos por los mismos delitos.
Hasta ahora, tanto la Conferencia Episcopal de Nicaragua (CEN) como el arzobispo de Managua, cardenal Leopoldo Brenes, mantienen total hermetismo sobre el caso de monseñor Álvarez y demás sacerdotes enjuiciados.